Uno de cada tres jueces se habrá jubilado en ocho años y no hay ningún plan

Durante más de 30 años, Jesús Gavilán ejerció como magistrado. Desde que sacó las oposiciones en 1984, ha pasado por varios juzgados de distintos puntos España, comenzando por Noja (Cantabria), después Palencia, El Escorial y Madrid, donde trabajó como juez titular de un juzgado de familia, otro de instrucción en plaza Castilla y, por último, la Audiencia Provincial de Madrid. Hace un par de años, sin embargo, Gavilán tomó la decisión de jubilarse a pesar de no haber cumplido la edad límite, que está fijada en los 70 años. "Fue un cúmulo de razones", explica. "Para empezar, la enorme carga de trabajo y las dificultades del día a día. A ello se le suma la falta de reconocimiento y de incentivos. Y para terminar, las nulas expectativas de hacer carrera interna. Durante mucho tiempo pedí más responsabilidad, pero no fue posible. Así que decidí que había agotado mi etapa como juez y pedí la jubilación anticipada", detalla. Ahora, ejerce como abogado en Madrid.

El caso de Jesús Gavilán pone relieve uno de los grandes elefantes en la habitación en la Administración de Justicia, y es el incremento exponencial de jubilaciones que está experimentando la carrera judicial. Solo en este mes de septiembre, el BOE ha publicado un total de 18 salidas de jueces y magistrados en toda España. Se trata de un problema, además, que va a agravarse exponencialmente en los próximos años, en los que se prevé una verdadera avalancha de abandonos que mermará considerablemente el cuerpo. Concretamente, y de acuerdo con un estudio elaborado por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), en los próximos ocho años se habrán retirado al menos 1.773 jueces, lo que supone un tercio de la judicatura (32%).

"Partiendo de la base que somos uno de los países europeos con menos jueces por habitante, el panorama es desolador", asevera Sergio Oliva, miembro del comité de AJFV y autor del informe, publicado a principios de año. Según sus cálculos, este 2023 se retirarán unos 85 profesionales, pero a partir del próximo año, la cifra superará progresivamente el centenar. El año con más salidas será 2031, cuando se estiman un total de 315.

¿A qué se debe este éxodo masivo de la judicatura? De acuerdo con los expertos consultados por El Confidencial, se trata de un problema en el que confluyen dos fenómenos. Por un lado, el pico de jubilaciones de jueces pertenecientes a la generación del baby boom, nacidos entre 1958 y 1977. "A finales de los 80, hubo una reestructuración de la administración pública y se abrieron muchísimas plazas. Casi un tercio de la carrera judicial entró en ese momento. Y ahora les toca retirarse; es un hecho biológico", explica Ignacio Picatoste, secretario de la Asociación Profesional de la Magistratura. En la misma línea se pronuncia Jorge Fernández Vaquero, portavoz de AJFV. "En ese momento hubo una entrada masiva, y ahora habrá una salida masiva. Es un hecho natural y previsible, pero no se han tomado medidas y va a provocar un agujero grave", lamenta.

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Ahora bien, más allá del relevo generacional, hay otro elemento que juega un papel importante en esta ecuación, y es el incremento de las jubilaciones anticipadas. "A raíz del Covid han aumentado exponencialmente las jubilaciones voluntarias. Cada semana tenemos casos", detalla Javier Fernández-Corredor, director del Servicio Central de Secretaría General del CGPJ. De hecho, de las 18 jubilaciones publicadas en lo que llevamos de mes, tan solo cuatro fueron forzosas, mientras que el resto fueron voluntarias y anticipadas; es decir, profesionales que están entre los 60 y los 70 años que deciden retirarse antes de tiempo. De acuerdo con el estudio del juez Oliva, cuatro de cada diez salidas que se produzcan en los próximos años las protagonizarán jueces que todavía no han cumplido la edad legal de jubilación.

Una carrera que lapida vocaciones

¿A qué responde esta tendencia? Para empezar, a la altísima carga de trabajo que soportan juzgados y tribunales. "Este fenómeno denota que los profesionales no están a gusto y yo lo atribuyo principalmente a este factor. La mayoría de los jueces en España están en órganos unipersonales, y ahí el nivel de trabajo que deben sacar es enorme", asegura Edmundo Rodríguez, integrante del secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD). A ello se le une el alto grado de responsabilidad al que se someten estos profesionales en su trabajo diario, en el que un error puede desembocar en una sanción grave e, incluso, la inhabilitación de por vida.

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Asimismo, los profesionales consultados señalan a la falta de reconocimiento, tanto social como económico, a la labor del juez. "Hay una falta muy grande de incentivos en la carrera. Sobre todo a nivel salarial. Es cierto que la retribución puede ser alta comparada con otros sectores, pero mucho menor respecto a otras profesiones jurídicas de alto nivel", razona Picatoste, que apunta, además, a las nulas perspectivas de poder desarrollarse profesionalmente dentro del cuerpo. "Muchos jueces, con 60 y pico años y a punto de jubilarse, están haciendo lo mismo que hacían con 30. En un trabajo donde el componente intelectual es tan relevante, la ausencia de un plan de carrera pesa mucho", agrega.

En términos similares se expresa Fernando Portillo, presidente de Foro Judicial Independiente (FJI), que asegura que esta carrera "lapida vocaciones". "Cuando es los sueldos, la carga de trabajo, lo poco agradecido que resulta socialmente, los ataques constantes de las propias instituciones… te vas desencantando", declara.

"Estamos experimentando un incremento del número de bajas por ansiedad, estrés y depresión", aseguran desde el CGPJ

Este cúmulo de factores ha generado una sensación de descontento y malestar generalizada que, de hecho, está provocando un aumento de las patologías psiquiátricas en la carrera judicial. "Estamos experimentando un incremento del número de bajas por ansiedad, estrés y depresión; es algo que preocupa bastante", asegura el integrante del CGPJ, Fernández-Corredor.

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¿Qué consecuencias tendrá para la Administración de Justicia este torrente de salidas? Para Portillo, la respuesta es rotunda: "los efectos secundarios serán desastrosos", zanja. Al tener menos jueces, detalla, el nivel de trabajo de los juzgados aumentará todavía más, sobrecargando a los profesionales en activo y, a la larga, provocando más bajas y jubilaciones anticipadas. "Es la pescadilla que se muerde la cola", resume. Además, la calidad de la Justicia también se verá gravemente deteriorada, ya que al incrementarse la carga de trabajo, también lo hará el atasco judicial, la lentitud de los tribunales y, a la larga, empeorará la mala calidad en las resoluciones, puesto que los miembros de la judicatura tendrán menos tiempo para dictar sentencias. "Son cosas que ya ocurren, pero con el problema de las jubilaciones la situación va a empeorar muchísimo", asegura.

Más jueces, más tribunales, menos pleitos

Visto el panorama, ¿qué soluciones deben implementarse para atajar la eventual catástrofe en Justicia? Para empezar, todos los consultados coinciden en que hay una medida esencial, que es el incremento del número de jueces en España. "Tenemos unas tasas de litigiosidad muy similares a la de otros países de la UE, pero nuestro retraso es mayor. Llevamos varios años pidiendo que aumenten las plazas en las convocatorias de las oposiciones, aunque parece que es algo que cuesta", relata el presidente de FJI. De la misma opinión es Fernández Vaquero, que matiza que, aunque lo ideal es que hubiera sido un proceso progresivo, ya "vamos tarde" y es necesario aumentar exponencialmente tanto las plazas por oposición libre como las del cuarto turno, otro modo de ingreso a la carrera judicial que consiste en un concurso-oposición entre juristas de reconocida competencia con más de diez años de experiencia profesional.

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Por su parte, el CGPJ, consciente de este problema, anunció en mayo de este año la puesta en marcha de un plan estratégico para el decenio 2023-2032. En el documento, el organismo hace un análisis exhaustivo de la situación a nivel de recursos humanos en la carrera judicial y calcula que, para cubrir la tasa de reposición y atajar el déficit de jueces que se va a producir próximamente, a partir de este año se deberían ofertar anualmente entre 310 y 320 plazas. "Ello sin tener en cuenta las plazas que vayan a convocarse por vía del cuarto turno", matizan.

Muy ligado a esto, en el plan también instan a la creación de nuevas plazas como una de las medidas a adoptar. Es decir, que ya no solo es preciso aumentar la plantilla de los jueces, sino que también se deben crear nuevos puestos para reforzar un sistema muy carente de recursos. "El número de plazas es manifiestamente insuficiente. De hecho, la necesidad de creación de nuevas unidades judiciales viene siendo reiteradamente reclamada desde este Consejo", reza el texto.

En esta misma línea, desde la cúpula de la judicatura hacen una crítica velada a la falta de preocupación por parte del Ejecutivo, y recuerdan que a principios de año, el Servicio de Inspección del Poder Judicial emitió un informe en el que consideraba imprescindible la creación de 293 unidades judiciales (cinco órganos colegiados y 288 unipersonales), pero el Ministerio de Justicia propuso únicamente 70. Este medio se ha puesto en contacto con el Ministerio para recabar su visión sobre esta cuestión y conocer qué medidas se están implementando pero, a fecha del cierre del reportaje, no ha obtenido ninguna respuesta.

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Adicionalmente, Fernández-Corredor enumera otras dos medidas clave. En primer lugar, una reforma legislativa que alivie la carga judicial. "La convocatoria de las elecciones generales dejaron en el cajón tres leyes fundamentales: la de eficiencia digital, eficiencia organizativa y procesal", critica. Precisamente esta última recogía una solución que muchos de los consultados tachan de fundamental, y es la creación de los tribunales de instancia, una figura que prevé eliminar la estructura unipersonal de los juzgados y sustituirlos por órganos colegiados, rompiendo el binomio juzgado-juez. Y, segundo, impulsar los sistemas alternativos de resolución de conflictos. "España es un país muy litigante. La gente quiere un juzgado y machacar a su rival y no le vale llegar a un acuerdo. Pero es esencial instaurar en España la cultura de la mediación y el arbitraje", insiste.

Hacer atractiva la carrera de juez

Por último, Picatoste también ve necesario dar un impulso a la carrera de juez para hacerla atractiva a los más jóvenes. "De nada sirve incrementar el número de plazas si no hay suficientes candidatos para cubrirlas. Y, hoy en día, no es atractivo ser juez", asegura. En su opinión, la solución pasa por aumentar la retribución y los complementos salariales ligados al trabajo y, esencialmente, crear un plan de carrera. "Debe haber una progresión profesional. Ya no solo para atraer el talento, sino también para mantenerlo. Es muy frecuente que los compañeros, especialmente de algunas jurisdicciones concretas, se pasen al sector privado, los fichan despachos de abogados. Es importante diseñar soluciones para evitar que se vayan", subraya.

"De nada sirve aumentar las plazas si no hay suficientes candidatos para cubrirlas. Y, hoy en día, no es atractivo ser juez", indica Picatoste

Ahora bien, más allá de todas estas medidas, para el juez Oliva, la solución real pasa por un compromiso real por parte de toda la clase política hacia la Administración de Justicia que se debe materializar en un pacto de Estado. "Desde siempre, la Justicia ha estado en un plano completamente para los políticos porque no da votos. Pero es preciso mentalizarse de que esto no es un problema de los jueces, sino de los ciudadanos, que van a ver cómo sus procedimientos se retrasan sine die y la calidad mengua. Es necesario darse cuenta de la importancia de tener una buena justicia y no solo ser consciente de ello cuando te toca ir a un tribunal", zanja.