El Gobierno abre la puerta a comprar pisos a los grandes fondos con una licitación pública

El Ejecutivo de Pedro Sánchez no renuncia a llegar a un acuerdo con grandes tenedores de viviendas como Blackstone, Cerberus o Azora para comprarles miles de viviendas con las que ampliar el parque de vivienda social y asequible.

Este plan lleva meses en la mesa del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana (Mitma), que ha sido quien ha mantenido conversaciones con grandes fondos para adquirir hasta 30.000 pisos que formarían parte de la promesa que lanzó el Ejecutivo, hace ya dos años de movilizar 100.000 hogares.

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Sin embargo, entre todos los anuncios de las últimas semanas, ninguna referencia se ha hecho a esta propuesta de adquirir inmuebles a los fondos, ni tampoco ha habido una referencia directa en, lo que ha llevado a pensar que el Gobierno renunciaba a ella. Nada más lejos de la realidad.

Según han explicado desde el ministerio de Transportes, esta ventana sigue abierta dentro del artículo 25 de la nueva norma, que hace referencia a la creación de parques de alquiler asequible y social y esboza mecanismos de colaboración público-privada para llegar a acuerdos con propietarios de vivienda.

Bajo este paraguas, desde Transportes se sigue trabajando en esta línea, pero bajo una licitación abierta a todos los potenciales interesados, no sólo los fondos, lo que exige elaborar un pliego de condiciones que garantice los elementos de seguridad juridica, imparcialidad y transparencia, según explican desde la cartera dirigida por Raquel Sánchez.

Además, se están estudiando fórmulas para poder llevar a cabo acuerdos con los grandes tenedores que permitan movilizar rápidamente miles de hogares, como el Plan Estatal de Vivienda 2002-2025, que se ha dotado con recursos del estado y en colabración con las comunidades autónomas para que los grandes tenedores puedan ceder esas viviendas para alquiler social.

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Una línea roja que tiene marcada el Ejecutivo para terminar de definir esta licitación es que deberá darse el mismo trato a todos los potenciales interesados, es decir, debe de estar abierta a todos los propietarios de vivienda interesados en colaborar en la construcción de un parque de alquiler social y asequible.

Los grandes tenedores son los principales afectados por la nueva norma, que este jueves recibió el visto bueno del Congreso y que se está tramitando con la vista puesta en tenerla lista antes de las elecciones del 28M.

Índice de precio catalán

Una vez entre en vigor la ley de vivienda, el objetivo del Gobierno es tener actualizado el indicador de precios que topará los alquileres en las zonas tensionadas "cuanto antes", una afirmación que invita a pensar en que será este mismo año, pero que sigue sin fijar fecha concreta.

En Transportes están trabajando con la ventaja del paréntesis que van a marcar ahora las elecciones municipales y autonómicas, para intentar tener listo el indicador cuando estén conformados todos los nuevos ejecutivos municipales que, hipotéticamente, puedan instar a su correspondiente gobierno autonómico la declaración de zona tensionada.

Toda esta burocracia concede un margen temporal durante el cual el ministerio quiere terminar de definir el índice y, además, tenerlo lo más actualizado posible conforme a las nuevas declaraciones de la renta que se están haciendo ahora y que concluirán en dos meses.

Cabe la opción, no obstante, de que en Cataluña, comunidad autónoma donde no se celebran comicios regionales, haya mayor celeridad gracias a que el Ministerio de Transportes está trabajando en homogeneizar el índice que ya tiene.

Entre los aspectos que faltan por pulir para terminar de definir el indicador del Ministerio de Transportes está reconocer las particularidades de cada vivienda, como si tiene terraza, una mejor calificación energética, más luz o altura, elementos que incrementarán el precio por metro cuadrado al que se podrá alquilar.