El Canal ya ha apartado a 14 directivos en Colombia porque no se fiaba de ellos

Solo unos pocos nombres habían trascendido. Pero a día de hoy ya van 14. Son los exdirectivos de Inassa, la filial del Canal de Isabel II al otro lado del Atlántico, despedidos o apartados de sus funciones porque la Comunidad de Madrid no se fiaba de ellos tras destaparse el caso Lezo. Aquí en España, el listado se amplía con otras tres personas. En total, 17 directivos que ya no forman parte ni de Inassa ni del Canal, algunos de ellos imputados tanto aquí en nuestro país por la Audiencia Nacional como en Colombia en la investigación paralela abierta con el nombre de Acordeón. De todos ellos, solo cuatro son españoles.

Sin duda, el primer nombre del listado lo ocupa Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de Inassa y según la Audiencia Nacional el principal testaferro del expresidente Ignacio González en Colombia. Antes de que los tentáculos del caso Lezo lo engulleran y fuera detenido, el Gobierno regional había decidido prescindir de sus servicios después de que El Confidencial publicara que aparecía en los papeles de Panamá y tenía empresas 'offshore' en Hong Kong. La entonces presidenta regional decidió destituirle por perdida de confianza. Acorralado por la Justicia (su hija también está imputada), ha empezado a colaborar con la Fiscalía Anticorrupción.

El segundo en la lista es Ramón Navarro Pereira, exgerente general de la Triple A, la filial más importante de Inassa. Este diario también reveló que Navarro Pereira aparecía en los papeles de Panamá y tenía otra sociedad 'offshore' en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas. Cifuentes también dio instrucciones para que fuera cesado, pero su marcha fue más complicada y tardó más tiempo. Fue una jubilación forzosa y pactada, aunque no se fue con las manos vacías. Negoció una 'prima de silencio' de 46 millones de pesos (13.000 euros) que duró seis meses. Cobró la prima y pasado ese tiempo decidió colaborar con la Fiscalía colombiana.

Navarro Pereira fue detenido en marzo de este año acusado de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, administración desleal y falsedad en documento privado. La Fiscalía colombiana le acusa de apropiarse de 27.879 millones de pesos colombianos (ocho millones de euros) con facturas falsas. Esto dentro de la operación Acordeón. Dentro del caso Lezo, está imputado por repartirse, presuntamente, parte de la comisión de 5,4 millones de euros que Ignacio González y los suyos percibieron después de que el Canal comprara a finales de 2013 una nueva filial en Brasil a un precio muy superior de lo que realmente valía esa empresa.

TE PUEDE INTERESAR

Colombia quiere 'expropiar' Inassa al Canal y que pague 73 M a los socios minoritarios

David Fernández

Junto a Ramón Navarro también ha sido imputada la exgerente financiera de la Triple A Julia Serrano Monsalve, que ha decidido desvelar ante la Fiscalía los métodos que utilizaban su jefe y el jefe de este, Edmundo Rodríguez, para sacar dinero de la compañía y poder pagar sobornos a políticos y desviarlo también a los bolsillos de los directivos de Inassa. Julia Serrano fue invitada a dimitir y ha abandonado la compañía. Diego García Arias (que llegó a ser director de Negocios y Expansión de Inassa) es otro de los directivos clave que ya no están. Imputado en Lezo, fue despedido, aunque ahora reclama a la Comunidad de Madrid 300.000 dólares (250.000 euros) por lo que él considera un despido improcedente.

García Arias también ha decidido colaborar con la Fiscalía y ha confesado que él y otras cuatro personas se repartieron la comisión de 5,4 millones de euros por la compra de la filial brasileña Emissao. Esos cuatro 'socios' son Ignacio González (expresidente de la Comunidad de Madrid), Luis Vicente Moro (exdelegado del Gobierno en Ceuta), Edmundo Rodríguez Sobrino (expresidente de Inassa) y Ramón Navarro Pereira (ex director general de la Triple A).

Entre los despedidos también está Javier Domínguez Anaya, exgerente de la sucursal de Inassa en Panamá y otro de los investigados en Lezo por participar en el presunto pago de una "comisión ilegal de 273.672 dólares" con el objetivo de conseguir el contrato para el diseño y construcción del sistema de alcantarillado en La Pintada (provincia panameña de Coclé). Antes de ser destinado a Panamá, fue gerente en República Dominicana, donde se compró un apartamento y se lo alquiló a Inassa para vivir allí él mismo, según fuentes de la compañía.

Otro de los despedidos es Diogo Pacheco, exgerente general de Emissao. El Canal decidió prescindir de él tras hacerse público que en octubre de 2016 viajó a España para alertar a Edmundo Rodríguez de que la Justicia los investigaba por la sospechosa compra de la filial brasileña, cuyo precio fue inflado ficticiamente para al parecer desviar fondos públicos en beneficio privado. Junto a él fue despedido también Luis Fernando Escobar, ex director financiero de Emissao. El resto de despedidos porque el Canal tenía dudas sobre el desempeño de sus funciones son Jacobo Noguera, exgerente general de R&T; David Chaves, ex gerente administrativo de la Triple A; y Alarciso Fontalbo, exjefe de mantenimiento de la Triple A. Otros dos directivos han sido apartados de sus funciones. Se trata de Germán Sarabia, exgerente de administración de Inassa, y Andrés Fernández, exgerente de las sucursales de Panamá y Ecuador.

TE PUEDE INTERESAR

España perdona la extradición al delator del Canal tras inculpar a los 'cinco de Emissao'

David Fernández Beatriz Parera

El Canal también se ha quitado de encima a uno de sus socios, Ángel Rondón Rijo, que llegó a tener el 35% de las acciones de la Triple A Dominicana. Este exdirectivo es otro de los que aparecía en los papeles de Panamá. Montó una firma 'offshore' utilizando las dos mismas sociedades que sirvieron a su vez para crear la empresa que fue dueña del dúplex que hoy pertenece al expresidente regional Ignacio González, imputado por esta operación de compraventa. La Procuraduría General de Santo Domingo (la Fiscalía de ese país) acusa a Rondón de varios delitos de corrupción en el caso de la constructora brasileña Odebrecht, según publicó el diario 'El País'. Al parecer, la constructora utilizó a Rondón como intermediario para pagar sobornos a funcionarios a cambio de contratos. También se le investiga en Lezo.

Al final de este listado al otro lado del Atlántico está Luis José Londoño, ex gerente general de Metroagua. Se le ha invitado a jubilarse, aunque varias fuentes consultadas que trabajaron con él aseguran que era "el único honesto. Lo enviaron a Brasil como gerente de Emissao y a los pocos meses, cuando descubrió el pastel de la compra, se volvió para no tener nada que ver con aquello". A pesar de ello, las autoridades del municipio colombiano de Santa Marta, donde Metroagua prestaba servicio, le denunciaron junto a otros directivos de la compañía.

TE PUEDE INTERESAR

Gallardón compró Inassa sin enterarse de que tres de sus directivos robaban de la caja

David Fernández

El Canal ha realizado varios trabajos de auditoría y control interno para detectar irregularidades y deficiencias. Ha encargado auditorías forenses de las filiales Emissao, Triple A, Inassa, Recaudación & Tributos, así como de las sucursales de Ecuador y Panamá. También ha realizado una auditoría sobre la deuda de la Triple A Dominicana, ha reforzado la dirección financiera del grupo y ha creado un Departamento de Seguridad del Grupo Inassa para todas las sociedades y un nuevo departamento de Auditoría Interna. Por último ha realizado una auditoría forense del servicio de asistencia técnica que Inassa ha prestado a la Triple A, puesta en entredicho judicialmente, y ha iniciado una reclamación judicial por activos inexistentes y pasivos ocultos a los vendedores de Emissao.

Aquí en España, el Canal ha despedido a dos directivos por sus graves implicaciones en el caso Lezo. Se trata de María Fernanda Richmond, ex directora financiera y de desarrollo de negocio de la empresa pública, y Adrián Adrián Martín, ex director general de la compañía. Fernando de Cevallos Aguarón, exdirector de Recursos Humanos, fue suspendido tres meses de empleo y sueldo, sanción que ya cumplió.