La 'joya' del Canal compró el silencio de periodistas... y la protección de paramilitares

El caso Lezo tiene una importante ramificación en Colombia. Allí ya se conoce como caso Inassa, el nombre de la principal empresa del Canal de Isabel II al otro lado del Atlántico. Tanto la Fiscalía General como la Procuraduría de aquel país investigan si varias de las filiales que dependen de Inassa pagaron sobornos a políticos colombianos a cambio de contratos y concesiones públicas. Y si directivos de esas filiales también se enriquecieron sacando su tajada de esas comisiones. Pero el avance de las pesquisas está revelando además insólitas sorpresas, como que la Triple A de Barranquilla, la joya de la corona de Inassa (la filial que más factura), pagaba cantidades mensuales a periodistas locales para que hablaran bien de la compañía o simplemente no la criticaran, lo que se conoce como "la cuota de silencio".

También se investiga si la Triple A y otra filial, Metroagua (con sede en el municipio de Santa Marta), pagaron a grupos paramilitares para que proporcionaran protección a sus redes de suministro en zonas rurales. Así lo ha declarado José Gelvéz Albarracín, alias 'el canoso', excomandante del Frente Resistencia Tayrona. El exlíder paramilitar, que lleva años en prisión tras acogerse al acuerdo Justicia Especial para la Paz, acaba de relatar a 'Noticias Uno' cómo Diego García Arias y Luis Fernando Arboleda (dos exdirectivos de la Triple A y Metroagua) le entregaban cheques en sus oficinas con destino a estos grupos armados.

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Diego García Arias (que llegó a ser director de Negocios y Expansión de Inassa) también es uno de los imputados en el caso Lezo en España. Ha decidido colaborar con la Fiscalía y ha confesado que él y otras cuatro personas se repartieron 5,4 millones de euros en comisiones después de que el Canal comprara a finales de 2013 una nueva filial en Brasil a un precio muy superior de lo que realmente valía. Esos cuatro 'socios' son Ignacio González (expresidente de la Comunidad de Madrid), Luis Vicente Moro (exdelegado del Gobierno en Ceuta), Edmundo Rodríguez Sobrino (expresidente de Inassa) y Ramón Navarro Pereira (ex director general de la Triple A).

El paramilitar Gelvéz señaló que él se encargaba de cambiar en el banco los cheques que le entregaba García Arias a su nombre, y una vez que tenía el efectivo lo repartía entre varios grupos de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), paramilitares de extrema derecha. Como ya publicó El Confidencial en junio de 2016, la Fiscalía colombiana investigaba entonces si uno de los principales socios del Canal en Metroagua, el empresario William de Jesús Vélez Sierra, pagó también a jefes paramilitares del Bloque Norte de las AUC para conseguir la concesión de determinados contratos de recogidas de basuras. El Canal tiene el 35,8% de las acciones de Metroagua. El ayuntamiento de la ciudad, otro 28,1%. Y tres empresas locales de Vélez Sierra, el 33% restante.

​En cuanto a la Triple A, el Canal tiene el 67,9% a través de Inassa. Su exgerente Ramón Navarro Pereira fue detenido la semana pasada ​acusado de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, administración desleal y falsedad en documento privado. Según informó la Fiscalía, entre los años 2012 y 2015, Navarro Pereira se habría apropiado de 27.879 millones de pesos colombianos (hoy al cambio son ocho millones de euros) tras falsificar 54 facturas en la compra de bienes y servicios que nunca fueron adquiridos y cuatro contratos de consultoría que no se realizaron. Navarro ha aceptado los cargos.

Navarro dejó la Triple A de forma pactada. La Comunidad de Madrid forzó su renuncia después de que El Confidencial publicara que aparecía en los papeles de Panamá y que dirigía una empresa 'offshore' junto a su mujer en Islas Vírgenes Británicas creada por el despacho Mossack Fonseca. Pero Navarro Pereira no se fue con las manos vacías. Negoció una 'prima de silencio' de 46 millones de pesos (13.000 euros) que duraba seis meses. Cobró la prima, pero pasado ese tiempo ha decidido romper su silencio y colaborar con la Fiscalía. Tras su declaración, ha aparecido una lista de periodistas locales, publicada por algunos medios, que presuntamente estaban a sueldo de la Triple A para que hablaran bien de la compañía o al menos no la criticaran. El propio organigrama de la Triple A tenía el cargo de 'director de comunicaciones y grupos de interés'. Estos periodistas cobraban (al cambio) entre 860 y 14.300 euros mensuales.

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Pagos a políticos

Junto a Ramón Navarro también ha sido imputada la ex gerente financiera de la Triple A Julia Serrano Monsalve, que ha decidido desvelar ante la Fiscalía los métodos que utilizaba su jefe y el jefe de este, el español Edmundo Rodríguez (mano derecha de Ignacio González y uno de los principales investigados en Lezo), para sacar dinero de la compañía y poder pagar sobornos a políticos y desviarlo también a los bolsillos de los directivos de Inassa. "A mí me llamaban a la oficina de Ramón Navarro Pereira, en donde en ocasiones estaba el señor Edmundo Rodríguez Sobrino, presidente de Inassa. Me daba instrucciones. Me decían: Julia, saca tanto, para lo cual se necesitaba una empresa intermediaria".

Según su declaración, esta empresa intermediaria era otra filial del grupo, Recaudos & Tributos (R&T SA). "Yo me encargaba de crear la orden de pedido con firma electrónica y la firma de Ramón Navarro. R&T presentaba la factura y se les pagaba". Luego R&T subcontrataba ese pedido con determinados contratistas, que cobraban un 10% de comisión por participar en el tinglado y que devolvían a la Triple A el 90% restante en efectivo. "De esos dineros no recibí nada ni tengo conocimiento de su destino final", explicó Serrano. Había un segundo método mediante cheques. "Esos cheques yo se los entregaba a Ramón Navarro y desde la gerencia de la Triple A eran enviados con guardias de seguridad a los bancos, quienes los cambiaban y luego regresaban a la empresa con el efectivo y lo entregaban a distintos beneficiarios".

La ex gerente financiera también relató que Diego García Arias y Ramón Navarro sacaban dinero de la caja fuerte de Inassa, efectivo que se llevaban los conductores, "entre 1.100 y 1.200 millones de pesos" (unos 3,4 millones de euros). El Confidencial ya adelantó en exclusiva en mayo de 2017 cómo era el 'modus operandi' para pagar estos sobornos a políticos: "El dinero se metía en bolsas o maletas y a veces el directivo que se lo llevaba iba escoltado por el personal de seguridad contratado por Inassa, en muchos casos exmilitares colombianos". Ante la Fiscalía ha declarado también uno de esos guardias de seguridad, Robinson Humberto Ardila, en nómina desde 1998 como escolta. Afirmó que sacaban cheques a su nombre, le decían que los fuera a cambiar y una vez que tenía el efectivo se lo entregaban a Ramón Navarro. Así se movieron ocho millones de euros.

La Fiscalía investiga también si la Triple A desvío 4.238 millones de pesos (1,2 millones de euros) en cuatro contratos de consultoría ficticios que pagó a la matriz del grupo, Inassa, pero que esta pudo no realizar. "Se necesitaba un dinero urgente para Inassa en el año 2015 y no sé cuál sería el destino de esos recursos y si tenían autorización para realizarlo. Entonces se dio la orden de hacer varios contratos entre febrero y agosto de 2015", señaló Julia Serrano. Los fiscales de Colombia calculan que en 17 años la Triple A habría abonado a Inassa 237.836 millones de pesos (68 millones de euros) por estas asesorías técnicas que podrían no haberse realizado, "una supuesta desviación irregular de los dineros con el fin de beneficiar a terceros".