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El nuevo desfalco del Canal: 54 facturas falsas para apropiarse de 8 millones
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cita a declarar al actual presidente de inassa

El nuevo desfalco del Canal: 54 facturas falsas para apropiarse de 8 millones

La Fiscalía de Colombia ordenó este lunes la detención de Ramón Navarro, ex gerente de la Triple A, la filial más importante del Canal, por emitir 54 órdenes de pedido de bienes que no fueron adquiridos

Foto: Ramón Navarro Pereira
Ramón Navarro Pereira

La Fiscalía General de Colombia ordenó este lunes la detención de unos de los ex directivos más importantes del Canal de Isabel II en Suramérica. Se trata de Ramón Navarro Pereira, exgerente de la empresa Triple A de Barranaquilla, la 'joya de la corona' de Inassa (la matriz del Canal al otro del Atlántico), la filial que más factura. Navarro Pereira fue detenido precisamente en esa ciudad colombiana acusado de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, administración desleal y falsedad en documento privado. Según ha informado la Fiscalía, entre los años 2012 y 2015 Navarro Pereira se habrían apropiado de 27.879 millones de pesos colombianos (hoy al cambio son ocho millones de euros) tras "la creación de 54 órdenes de pedido de bienes y servicios que nunca fueron adquiridos y cuatro contratos de consultoría que pretendían justificar solicitudes de tarifas de acueducto y alcantarillado".

El Confidencial ya publicó en mayo de 2016 que Ramón Navarro aparecía en los 'papeles de Panamá' y que dirigía una empresa 'offshore' junto a su mujer. Se trataba de la firma Quartsun Develop Inc., creada por el despacho Mossack Fonseca en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas. Navarro Pereira era uno de los hombres de confianza de Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de Inassa, que fue destituido por la presidenta regional, Cristina Cifuentes, después de que El Confidencial también revelara que tenía tres empresas 'offshore' en Hong Kong, lo que no había comunicado al Canal.

Foto: Copia del pasaporte que Navarro Pereira facilitó a Mossack Fonseca para abrir la empresa.

Luego vino la operación Lezo, y Edmundo Rodríguez y Ramón Navarro fueron imputados. Ambos están siendo investigados por repartirse, presuntamente, parte de la comisión de 5,4 millones de euros que percibieron cinco personas después de que el Canal comprara a finales de 2013 una nueva filial en Brasil a un precio muy superior de lo que realmente valía esa empresa. Estos cinco 'socios' son Ignacio González (expresidente de la Comunidad de Madrid), Luis Vicente Moro (exdelegado del Gobierno en Ceuta), Edmundo Rodríguez Sobrino (expresidente de Inassa), Diego García Arias (director de Negocios y Expansión de Inassa) y Ramón Navarro Pereira(ex director general de la Triple A). Uno de ellos, Diego García Arias, ha colaborado con la Fiscalía a la hora de explicar cómo se distribuyeron y canalizaron esas comisiones ilegales.

Pero lo que ha pasado este lunes es una nueva derivada del caso Lezo que está llevando la Fiscalía Colombiana. Según los indicios que maneja el ministerio público, Navarro Pereira, "junto con los entonces representantes de la empresa española Inassa y de la firma Recaudos y Tributos SA" [otra filial del Canal], acreditaron las 54 órdenes de compra como operaciones normales de Triple A, siendo incluso registradas en la contabilidad. Finalmente, se usaron para calcular los dividendos de los accionistas. La Fiscalía también tiene previsto imputar a Julia Margarita Serrano Monsalve, exgerente financiera de la Triple A.

Detención de Ramón Navarro

Esta no es la única investigación que está llevando a cabo la Fiscalía colombiana, que acaba de citar para tomar declaración el próximo 4 de abril a once directivos y exdirectivos de Inassa dentro del marco de 'la operación Acordeón', entre ellos el actual presidente de Inassa nombrado por Cifuentes, el español Alberto Muguiro. Los investigadores creen que Inassa estuvo años cobrando a su filial Triple A por unos servicios de asesoría que podrían no haberse realizado. Los fiscales anticorrupción calculan que en 17 años de vigencia del contrato la Triple A habría abonado a Inassa 237.836 millones de pesos (hoy 68 millones de euros) por estas asesorías técnicas. "Se cree que el contrato no se ejecutó y se presentó una supuesta desviación irregular de los dineros con el fin de beneficiar a terceros, entre ellos las sociedades Canal Extensia SA, empresa del Grupo Español Canal Isabel II", señala la Fiscalía.

placeholder Edmundo Rodríguez Sobrino, ex presidente de Inassa
Edmundo Rodríguez Sobrino, ex presidente de Inassa

Esta línea de investigación está relacionada con el contrato suscrito el 4 de septiembre de 2000 entre la empresa española Inassa y su filial Triple A, un contrato de asistencia técnica que está vigente hasta octubre de 2033 y por el que Inassa percibe el 4,5% de lo que recauda la Triple A. Fuentes del Canal aseguran que esas asistencias técnicas se realizaron y que ya han aportado más de 5.000 folios de documentación para acreditarlo.

Entre los 11 citados están: Francisco Olmos Fernández Corugedo, Luis Fernando Arboleda González, Carlos Alberto Ariza Duque, Ramón Navarro Pereira (todos ellos ex directivos de la Triple A), Ramón Heraclio Hemer Redondo (actual gerente), Luis Alberto Nicolella de Caro, Francisco Javier Malia Baro (exgerentes de Inassa), Edmundo Rodríguez Sobrino (expresidente de Inassa), Alberto Muguiro Eulate (actual presidente ejecutivo de Inassa), Germán Sarabia Huyke (segundo suplente de la presidencia de Inassa) y Carlos Roca García (actual gerente de Inassa).

La Fiscalía General de Colombia ordenó este lunes la detención de unos de los ex directivos más importantes del Canal de Isabel II en Suramérica. Se trata de Ramón Navarro Pereira, exgerente de la empresa Triple A de Barranaquilla, la 'joya de la corona' de Inassa (la matriz del Canal al otro del Atlántico), la filial que más factura. Navarro Pereira fue detenido precisamente en esa ciudad colombiana acusado de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, administración desleal y falsedad en documento privado. Según ha informado la Fiscalía, entre los años 2012 y 2015 Navarro Pereira se habrían apropiado de 27.879 millones de pesos colombianos (hoy al cambio son ocho millones de euros) tras "la creación de 54 órdenes de pedido de bienes y servicios que nunca fueron adquiridos y cuatro contratos de consultoría que pretendían justificar solicitudes de tarifas de acueducto y alcantarillado".

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