Las cuentas americanas del Canal: compró por 128 millones y vende a partir de 150

La nueva dirección del Canal de Isabel II está echando cuentas de lo que ha supuesto para la mayor empresa pública de la región su aventura empresarial al otro lado del Atlántico, iniciada en 2001 bajo el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón y finalizada en 2013 con Ignacio González. El Canal se gastó en ese periodo 128 millones de euros en comprar el 82% de Inassa (la matriz suramericana) y las filiales que dependían de ella. Siete de estas empresas ya están liquidadas, lo que ha supuesto un gasto en trámites administrativos de 12.127 euros. Otras cuatro (dos en México y dos en Venezuela) están en proceso de cierre. El resto, Inassa y nueve sociedades participadas, están en venta, después de que el Gobierno regional de Cristina Cifuentes haya decidido que el Canal debe circunscribir sus inversiones al ámbito madrileño.

La Comunidad de Madrid ya ha licitado un concurso (valorado en 2,3 millones de euros) para que un asesor financiero externo le ayude en este proceso de desinversión. Aunque aún es pronto para fijar un precio, ya que hay mucho que analizar, fuentes de la dirección del Canal estiman que la operación de venta se debe cerrar al menos por 150 millones de euros. De ahí para arriba. No hay que olvidar que la Triple A de Barranquilla, 'la joya de la corona' del conglomerado de Inassa, está facturando unos cinco millones de euros y aún quedan 15 años de concesión. El objetivo de este proceso de venta, incluido en el plan estratégico del Canal 2018-2030, es reducir la deuda de la empresa pública hasta los 400 millones de euros en 2022.

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A cierre de 2017, la deuda financiera neta (descontando la tesorería) del Canal era de 752 millones de euros, un 23% menos en comparación con las cifras (975 millones) del ejercicio 2015. La Comunidad tampoco ve con malos ojos vender los negocios que el Canal mantiene fuera de Madrid pero dentro de España, concretamente en Canarias y Extremadura. "Terminar con estas inversiones reduciría la deuda en 100 millones", explican las mismas fuentes. La concesión del Canal en la isla de Lanzarote aún tiene una vigencia de 25 años; la del Ayuntamiento de Cáceres, 22 años. El objetivo del Ejecutivo de Cifuentes es que la empresa pública que gestiona el agua de los madrileños solo firme aventuras empresariales fuera de la comunidad si se trata de "asistencias técnicas en consultoría" que no conlleven la inversión de activos.

El entramado societario tejido en Iberoamérica es extenso. Canal de Isabel II creó en diciembre de 2001 Canal Extensia, que a su vez adquirió el 81,24% de Inassa (Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios SA), con sede en Barranquilla (Colombia). Esta matriz llegó a tener en 20 sociedades en Colombia, República Dominicana, Ecuador, Panamá, Brasil, Venezuela, México, Perú y Uruguay. Fue el Gobierno de Ruiz-Gallardón quien aprobó hace 17 años la aventura al otro lado del Atlántico. La Comunidad pagó entonces 83 millones de euros cuando los vendedores habían adquirido el 50% de la sociedad un año antes por ocho.

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La última operación se realizó a finales de 2013, con la compra de la brasileña Emissao. Como adelantó en exclusiva El Confidencial, el Gobierno regional presidido por Ignacio González pagó 21,4 millones de euros por esta compañía, que un año después tenía un valor contable de solo cinco millones de euros. Ambas transacciones, la de Inassa (la primera) y la de Emissao (la última), están incluidas en una de las cinco piezas del caso Lezo.​ Las filiales suramericanas han llegado a dar servicio a 3,3 millones de habitantes y han empleado a 3.274 trabajadores.

En total, la Comunidad de Madrid se ha gastado 128 millones de euros en sus compras suramericanas, según los datos aportados por la Comunidad de Madrid. Hasta 2016 los ingresos habían ascendido a 93 millones (en forma de dividendos y cobros por asistencias técnicas). Quedarían por recuperar 35 millones de euros. Pero desde el Canal recalcan que la filial más importante de Inassa, la Triple A de Barranquilla, genera unos cinco millones de euros al año. Como la concesión se prolongará todavía 15 años, "en el peor de los casos generará unos ingresos de 75 millones de euros". Por lo que si el Canal no vendiera Inassa, la aventura al otro lado del Atlántico "podría tener un impacto positivo de al menos 40 millones de euros". Una concesión a 15 años que tendrá obviamente un impacto en el precio de venta.

Desde el Canal aseguran que aún es pronto para determinar un precio por Inassa sin conocer los informes de valoración que harán los expertos externos, pero tienen claro que nunca venderán por debajo de 150 millones de euros. Ese debe ser el punto de partida. Por su parte Podemos asegura que las cuentas no cuadran y recuerda que la Procuraduría General de Colombia (que solo puede investigar a funcionarios públicos) solicitó el pasado 30 de octubre a la Triple A de Barranquilla que suspendiera el contrato de asistencia técnica que desde marzo del año 2000 le presta Inassa porque cree que la asistencia nunca se realizó.

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El contrato de asistencia técnica está vigente hasta octubre de 2033 e Inassa percibe el 4,5% de lo que recauda la Triple A. Los investigadores están decididos a determinar si Inassa ha estado cobrando por unos servicios de asesoría que podrían no haberse realizado. Entre 2012 y 2017 (ambos inclusive), Inassa ha percibido por este trabajo 221.752 millones de pesos colombianos, lo que al cambio suponen hoy 63,8 millones de euros. "Si se demuestra que esa asistencia no se produjo ahí tenemos de repente un agujero de 63 millones", señala el diputado de Podemos Eduardo Gutiérrez. Uno de los principales imputados en el caso Lezo, el expresidente de Inassa Edmundo Rodríguez, declaró en sede judicial que esas asistencias técnicas no se produjeron. Desde el Canal están tranquilos con este tema y aseguran que ya han entregado más de 5.000 documentos para demostrar que las asistencias sí se realizaron.

Filiales cerradas y en venta

Las filiales que ya han sido liquidadas son: las tres dominicanas Watco, Inforesa y su sucursal R y T (Resultado y Tecnología); las panameñas Triple AAA del Itsmo y R y T (otra sucursal); y la costarricense Inassa de Costa Rica. Ninguna tenía que ver con el ciclo del agua y alguna se dedicaba a asuntos tan distintos como la asesoría de consultoría de temas informáticos. El Canal está liquidando ahora (a la espera de unos flecos burocráticos) las mexicanas Inamex y Mexaqua y las venezolanas AAA Venezuela y AAA Servicios de Venezuela Lassa S.A. (Inassa Venezuela).

Siguen operativas la Triple A de Barranquilla, Gestión Integral de Suministros, Amérika Tecnologías de la Comunicación y Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado ASAA (las cuatro en Colombia), Amagua (Ecuador), la Triple A Dominicana (República Dominicana), Emissao (Brasil) y Aguas de Tumbes (Perú). En el listado también figura Metroagua, en Colombia, de la que el Canal (a través de Inassa) tiene el 35,8%. El contrato de concesión entre la alcaldía de Santa Marta y el Canal venció el pasado 17 de abril. La ciudad colombiana, que tiene otro 28,1% de las acciones, no quería que el Canal siguiera gestionando el contrato y se lo traspasó a un grupo francés. Ahora la Comunidad de Madrid litigará para reclamar a la alcaldía una indemnización por las inversiones realizadas entre 2012 y 2016.

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