"Era el pacto oculto de los accionistas del Canal": 63 millones por una falsa asistencia

Edmundo Rodríguez Sobrino llevaba varias horas de declaración como uno de los principales investigados del caso Lezo. Había decidido cambiar de estrategia y empezar a colaborar con la Audiencia Nacional. Más de cuatro horas, cuando la Fiscalía Anticorrupción cambió de tercio y le preguntó abiertamente si Inassa (de la que había sido presidente) y las filiales sudamericanas que dependían de ella habían pagado comisiones a políticos y funcionarios de varios países, allí donde Inassa había ganado contratos. El ministerio público sospecha que sí. "No me consta", respondió Sobrino.

La Fiscalía insistió y le preguntó si la Triple A Dominicana (una de las filiales de las que Inassa tiene el 52,8%) pagó cantidades periódicas a una empresa de Ángel Rondón, uno de los accionistas locales de la compañía. En el sumario, los investigadores señalan que la Triple A Dominicana "habría estado abonando periódicamente comisiones ilegales relacionadas directamente con contratos públicos adjudicados y ejecutados por esta empresa en República Dominicana". Rondón habría canalizado el pago de esas comisiones a través de una sociedad suya, Consultores y Contratistas Amiro Santana (Conamsa).

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Esta compañía de Ángel Rondón facturó a la Triple A Dominicana en concepto de "asistencia técnica" 1,66 millones de dólares (1,54 millones de euros) en los años 2014 y 2015. Es decir, los investigadores sospechan que la empresa de Rondón recibía esas comisiones facturando esas asistencias técnicas, comisiones que luego repartía entre los funcionarios dominicanos. Edmundo recobró entonces la memoria: "Es posible, es probable que el accionista de dominicana, la sociedad de Rondón (...) si son cantidades periódicas, seguro que es el accionista. E Inassa también lo recibía".

"Todas las sociedades, todas, funcionan con asistencias técnicas. Igual que Canal. Que cobraba por una asistencia técnica que no daba, que no daba, que la cobraba mensualmente, como unos dos millones de euros por una asistencia técnica que nunca ha prestado", sentenció Rodríguez Sobrino. "¿Y por qué se pagaba eso?", le preguntó la fiscal. "Pues ese era un pacto oculto de los accionistas para no pagar impuestos, para pagar menos impuestos", señaló entonces el expresidente de Inassa, que minutos antes había confirmado el reparto de comisiones entre él, Ignacio González y otras tres personas por uno de los grandes pelotazos del Canal investigados, la compra de la filial brasileña Emissao.

Las dudas sobre estas asistencias técnicas ya planean sobre los investigadores desde hace tiempo. De hecho, la Procuraduría General de Colombia (que solo puede investigar a funcionarios públicos) solicitó el pasado 30 de octubre a la Triple A de Barranquilla (la filial de Inassa que más factura) que suspenda el contrato de asistencia técnica que desde marzo del año 2000 le presta Inassa (el Canal tiene el 82% de Inassa desde finales de 2001). La Procuraduría argumenta a la hora de solicitar esta suspensión que "ha evidenciado circunstancias que permiten inferir que existe el riesgo de defraudar el patrimonio del Estado".

El contrato de asistencia técnica está vigente hasta octubre de 2033 e Inassa percibe el 4,5% de lo que recauda la Triple A. Los investigadores están decididos a determinar si Inassa ha estado cobrando por unos servicios de asesoría que podrían no haberse realizado. Entre 2012 y 2017 (ambos inclusive), Inassa ha percibido por este trabajo 221.752 millones de pesos colombianos, lo que al cambio suponen hoy 63,8 millones de euros. Se trata de "asistencia técnica en la gestión comercial, operativa, administrativa y técnica respecto a los servicios públicos a cargo de la Triple A". El ayuntamiento de esta localidad colombiana mantiene el 14% de las acciones.

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La investigación de la Procuraduría se basa en las declaraciones realizadas por varios directivos de la Triple A, que aseguran desconocer la existencia de dicha asistencia técnica. El gerente de Planeación y Desarrollo señaló que en sus "registros no se encuentra ninguna información relacionada con ese contrato"; el gerente administrativo aseguró que desde que ejerce el cargo en 2012 "no reposan informes de interventoría relacionados con el contrato de asistencia técnica". En la misma línea testificó el gerente comercial: "No he recibido soporte ni asistencia técnica de parte de Inassa para el área que gerencio". Más contundente se mostró el gerente de operaciones de Acueducto y Alcantarillado: "No ha habido ninguna documentación, vinculación ni actividad relacionada con el contrato de asistencia técnica del 4 de septiembre de 2000, suscrito entre Inassa y la Triple A".

"Lo anterior evidencia la seria probabilidad de que la asesoría técnica no se esté prestando por parte de Inassa a Triple A. Sin embargo, Triple A sí ha venido pagando a Inassa dicho concepto", señala la Procuraduría. La Triple A contestó el pasado 3 de noviembre señalando que "el contrato de asistencia técnica consiste en un acompañamiento permanente, constante e integral y ha generado resultados tangibles y medibles en la gestión integral del servicio". Respecto a los pagos por este servicio, Triple A asegura haber pagado a Inassa 94.760 millones de pesos colombianos entre 2013 y 2017, unos 27,1 millones de euros. Un portavoz del Canal señala además que en diciembre entregaron a Colombia toda la documentación sobre estas asistencias técnicas, que demostrarían que estas se realizaron.