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Nuevo frente para González: imputado por el amaño de una "farsa de concurso" del Canal

El Juzgado número 49 de Madrid investiga ya al expresidente madrileño por cohecho, malversación, tráfico de influencias y prevaricación por una adjudicación del ente público del agua

Foto: El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. (EFE)
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. (EFE)

Ignacio González tiene otro frente en los tribunales. El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid acaba de citarlo a declarar como investigado por los presuntos delitos de malversación, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación por el presunto amaño de un contrato público del Canal de Isabel II. Junto al expresidente madrileño también han sido imputados por los mismos delitos el exconsejero de Presidencia Salvador Victoria; el subdirector de Contratación de la empresa pública del agua Miguel Ángel Casanueva; el administrador único de Imagen de Síntesis Digital SL, la empresa que resultó beneficiada, y el propio Canal de Isabel II como persona jurídica.

Las citaciones se producen tras la admisión a trámite de una querella presentada por Take Away SL, una agencia de comunicación y publicidad que se presentó en 2014 a un concurso del Canal para realizar “servicios de diseño y producción de una web interactiva con recorridos virtuales y audiovisuales de procesos e infraestructuras del ciclo integral del agua”. La licitación tenía un presupuesto de partida de 340.000 euros más IVA.

En pleno proceso, tras la apertura en primer lugar de las ofertas económicas, los gestores de Take Away SL recibieron un correo del departamento de contratación del Canal en el que les informaron de que la propuesta más barata había sido la de Imagen de Síntesis Digital, con un precio de 298.600 euros más IVA. “Supuso una sorpresa mayúscula, ya que la oferta presentada por Take Away era de un importe muy inferior, casi 40.000 euros menor que la empresa adjudicataria del contrato, exactamente, 259.000 euros, y el principal criterio de valoración era la oferta económica de la propuesta de adjudicación con un 70% de la puntuación, como exponen los pliegos del contrato”, recoge la querella, a la que ha tenido acceso El Confidencial.

En septiembre, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) publicó el resultado del concurso: Imagen de Síntesis Digital era la elegida. Take Away SL inició entonces una batalla con el Canal para conocer qué puntuaciones se habían concedido en el otro 30% del proceso, correspondiente a los aspectos técnicos, que están guiados por criterios estrictamente subjetivos. El ente público, dependiente de la Consejería de Presidencia, se negó a facilitar la información, pero nuevos indicios apuntalaron las sospechas de fraude. Tras el estallido del caso Púnica en octubre de 2014 se descubrió que, solo unos días después de la adjudicación del contrato a Imagen de Síntesis Digital, el administrador único de la mercantil, Sergio Ortega, había abonado 7.000 euros en efectivo a las dos empresas que se encargaban de la imagen y reputación 'online' de Ignacio González, Eico Online Reputation Management y Madiva Editorial y Publicidad.

Ortega fue citado a declarar por el instructor del caso Púnica y admitió en la Audiencia Nacional que había sufragado parte de la campaña de imagen online de González a cambio de adjudicaciones públicas como la del Canal. Solo esa adjudicación para la ejecución de servicios web, concedida finalmente con un valor de 361.306 IVA incluido, permitió a Imagen de Síntesis Digital facturar más en 2014 de lo que había ingresado en el conjunto de 2013 (cerró ese año con entradas por importe de 293.188 euros).

Ortega fue citado a declarar y admitió que sufragó la campaña de imagen de González a cambio de contratos públicos como el del Canal

El Canal no remitió el expediente completo de la adjudicación a Take Away hasta marzo de 2016. La agencia descubrió en ese momento que Imagen de Síntesis Digital no solo no había sido la más barata, sino que era la más cara de las cuatro ofertas que habían participado en el proceso. Además, los aspectos subjetivos del capítulo técnico se valoraron después de conocer el resultado de la propuesta económica. Y la empresa beneficiaria logró en esa sección 28,5 puntos sobre 30 posibles, suficiente para situarse primera en la valoración global tras superar a Take Away por solo 0,8 décimas. Además, según el denunciante, los trabajos adjudicados nunca llegaron a ejecutarse.

“Queda claro que la adjudicación del presente contrato fue un fraude con el objetivo de financiar ilegalmente la campaña de publicidad de Ignacio González a través de Salvador Victoria”, exponen los abogados de la agencia, del Grupo Área. “Take Away entiende que los codenunciados deben resarcir de los daños causados que ha sufrido por haber participado en una farsa de concurso y que su candidatura, al igual que el resto de empresas licitadoras, ha sido utilizada para dar una imagen de legalidad a la adjudicación”. La empresa de comunicación cifra el perjuicio económico en 63.710 euros.

El exconsejero madrileño, exdirigente del PP y presunto cabecilla de la trama Púnica, Francisco Granados. (EFE)
El exconsejero madrileño, exdirigente del PP y presunto cabecilla de la trama Púnica, Francisco Granados. (EFE)

González tendrá que declarar en Plaza de Castilla el próximo 5 de marzo para defenderse de este nuevo frente judicial. El expresidente autonómico del PP ya está acusado en Lezo desde el pasado abril de los delitos de cohecho, organización criminal, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública, entre otros. Además, el pasado enero fue imputado también por la presunta financiación irregular del PP en el caso Púnica, una trama presuntamente liderada por su gran rival político dentro del partido, Francisco Granados. A esas dos causas, González también tiene que sumar la investigación sobre su ático de lujo en Estepona, que se instruye desde 2012.

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