312,850,000

euros públicos bajo sospecha

Una amistad peligrosa

308 millones de euros es el dinero que la Comunidad de Madrid destinará durante los próximos tres años en ayudas a la vivienda. Añádale cuatro millones más, hasta 312, y sabrá los fondos públicos que han pasado por las cuentas de la trama Púnica, de acuerdo a los cálculos realizados por El Confidencial a partir de la información del sumario.

Pese a la magnitud de la cifra, los más de 100 imputados y las 52 detenciones que comenzaron hace un año, “la Púnica no existe”. O al menos así piensa Francisco Granados, quien fuera hombre fuerte de la Comunidad y centro de la trama según los investigadores. Una negación que recuerda a la expresión “la mafia no existe” que espetó en público el arzobispo de Palermo a principios de la década de 1960.

Según el sumario instruido por el juez Eloy Velasco, Granados ejercía el control sobre una red basada en contratos de construcción, venta de terrenos y prestación de servicios a instituciones públicas, desde organización de conciertos hasta blogs para mejorar la reputación 'online'. Paco (1964) entró en el núcleo duro de la política local en el verano de 1987 como concejal del Partido Popular en Valdemoro. Pero no estaba solo. Cuatro años más tarde, David Marjaliza Villaseñor (1968), afiliado por aquel entonces a las nuevas generaciones del PP local, siguió los mismos pasos de Granados.

Es la única vez que ambos coincidieron en la Administración pública. Trabajaron juntos hasta 1995, año en el que Marjaliza renunció a su acta de concejal. “Durante los gobiernos posteriores, se quedó brujuleando por ahí, como quien quiere venderse al mejor postor”, recuerdan concejales de Valdemoro que coincidieron con él. Y brujuleó tanto que durante la época de Granados como alcalde de Valdemoro (1999-2003), el empresario usó sus contactos para ganar un buen número de contratos públicos, de acuerdo con el sumario de la investigación.

Esta relación local es sólo una pata de la trama tejida en la Comunidad de Madrid:

• De Madrid a Suiza - La relación económica investigada entre Granados y Marjaliza empieza con la compraventa de terrenos en Valdemoro y chalés en Marbella. Pero había algo más. Según el sumario del caso, la retribución pública de Granados no justifica los saldos de su cuenta en Suiza, en la que Marjaliza podía actuar mientras sus empresas recibían contratos en toda la Comunidad de Madrid.

• Las fiestas - Una denuncia anónima relaciona a la trama con Waiter Music, adjudicataria durante una década de la organización de las fiestas de Valdemoro. La empresa llegó a cobrar sobreprecios con los que financiaba actos del PP, según la investigación.

• Energía comisionada - Comisiones ilegales y tráfico de influencias. La investigación apunta a que estas fueron las armas de Marjaliza para que se adjudicaran contratos a la multinacional Cofely en municipios gobernados tanto por el PP como por el PSOE.

• Los colegios - Entregar parcelas a una empresa concreta a cambio de comisiones ilegales. Así de sencillo era el método para sacar tajada de la construcción de colegios en varios municipios de la comunidad, con la intermediación de Marjaliza y Alejandro de Pedro.

Este último personaje es el que permite a la trama Púnica extender sus tentáculos fuera de la Comunidad de Madrid. De Pedro es “el informático que conocía a todo el mundo”, como se describe a sí mismo en su blog. Para el juez Eloy Velasco, es otra clave de la Púnica. Su terreno de acción estaba en la Comunidad Valenciana, como demuestran los pagos que recibió su empresa de reputación 'online' EICO, revelados por Compromís. El servicio gustó tanto que llegó a la Comunidad de Madrid: el blog de la consejera de Educación, Lucía Figar, o las cuentas de Twitter del PP facturaron con sus empresas.

De Pedro, ahora en libertad, permaneció en prisión 56 días. En una carta abierta en su blog, señala: “Quizás he cometido errores, exagerado en mis conversaciones y en algún caso seguro (sic) me he equivocado de esos supuestos amigos que por lo visto me han utilizado para sus intereses”.

La red

Al igual que en la España anterior a la burbuja inmobiliaria, el ladrillo cimentó la trama. Aquí entra en juego el cuarto hombre, Ramiro Cid Sicluna. Durante el interrogatorio a la mujer de Francisco Granados, el juez Eloy Velasco afirmó que Cid Sicluna y Marjaliza “se han llevado el 80% del mercado inmobiliario de Valdemoro”. Una empresa del grupo Obras y Vías, de la familia Cid, construyó la casa de Granados; otra le vendió una parcela. Por una cínica broma del destino, esta última se encuentra ubicada en la calle de la Guardia Civil de Valdemoro.

Esta tupida red de empresas permitía mover el dinero con seguridad e incluir jugosas comisiones. El análisis del sumario realizado por El Confidencial revela que las empresas de Marjaliza generaron al menos 12 millones de euros en facturas falsas entre 2004 y 2006.

Suiza, Singapur y Costa Rica aportan el toque exótico a la trama. Marjaliza y Granados administraban al menos dos empresas en el país americano, a través de las cuales operaban en sucursales bancarias suizas. La titularidad de estas cuentas era compartida con sus mujeres.

Según la investigación, varias empresas tuteladas por el empresario de Valdemoro fingían exportaciones de obras de arte a Suiza. Una sociedad domiciliada en Singapur, territorio considerado paraíso fiscal por varios países europeos, se encargaba de pagar las transacciones. ¿Cómo era posible exportar a Suiza y recibir a cambio dinero de Asia? La investigación continúa abierta, pero la Fiscalía sospecha que existía un flujo de divisas entre Suiza y Singapur. Además, Marjaliza y Granados gestionaban varias cuentas en el país helvético donde acumulaban el dinero supuestamente blanqueado.

Los millones llegaban a Suiza a través del método de la compensación, también conocido como Hawala. Es tan sencillo de realizar y difícil de rastrear que lo utilizan criminales de todo tipo, desde las mafias de tráfico de personas hasta Al Qaeda. Y el modus operandi es legal: se da el dinero a una persona en un país (por ejemplo, España) para que avise a su ‘corresponsal’ en otro país (por ejemplo, Suiza), que entrega un porcentaje al destinatario final. Este se queda así con un crédito que puede exigir en cualquier momento. Con mucha liquidez y personas de confianza -o empresas pantalla-, la jugada sale limpia.

El cálculo que ha realizado este diario, los 312.850.000 euros, no es todo el dinero que ha pasado por las manos de la trama. Sólo se tienen en cuenta los fondos públicos de las adjudicaciones investigadas, de acuerdo con el sumario del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid y las fuentes cercanas al proceso consultadas. Así, por ejemplo, no se han tenido en cuenta todos los contratos de Cofely en España (más de 1.000 millones de euros en 15 años), sino sólo aquellos identificados como sospechosos. Dicho de otra forma: los 312,85 millones de euros son una estimación a la baja.

Fuentes de la investigación han calculado en más de 500 millones los beneficios que podría haber alcanzado la trama, situándose así por encima del caso Gürtel.

Todavía queda por desvelar buena parte del sumario, por lo que las cifras extraídas del erario público podrían ser mucho más abultadas. ¿Pero qué ha fallado? ¿Cómo se ha llegado hasta esta situación en la Administración pública? “Ha fallado la auditoría y el control financiero”, señala Francisco de la Torre, inspector de Hacienda durante los años de desarrollo de la trama y que concurrirá como número dos de la lista de Ciudadanos al Congreso de los Diputados por Madrid, por detrás de Albert Rivera. “Estos fallos se deben en parte a la falta de independencia de los órganos de control, como la intervención en los órganos locales y autonómicos”.

Un ejemplo claro de ello lo aporta Juan Carlos Galindo, experto en prevención de blanqueo de capitales. “Desde 2010, para evitar la presencia de testaferros, existe la manifestación de titularidad real de las empresas: tienen que declarar de quién son más allá de la fachada”. Esta norma, sin embargo, no se aplica en la contratación pública. “En la Administración, y aún más en la local, se ha fallado en minimizar la posibilidad de fraudes y corrupción”, remata el experto.

El inspector de Hacienda y exdelegado especial de la Agencia Tributaria en Baleares y Cataluña, Raúl Burillo, añade que el hilo para descubrir estas redes suele ser “una denuncia interna, por venganza o intereses. De no ser así, suele ser imposible destaparlas”.

Una vez descubierta, ¿es posible recuperar parte del dinero defraudado? Burillo reconoce que “el montante más importante está en manos de la empresa adjudicataria”, sociedad que debería hacerse cargo en cuanto “beneficiaria y causante de la corrupción”. Si el dinero está en paraísos fiscales, es “imposible de recuperar”. Pero según ha asegurado la Fiscalía de Suiza a El Confidencial, la investigación está lejos de haber acabado. Feliz primer aniversario de la Púnica.

Comparte tu opinión