la guardia civil investiga seis facturas

Madrid pagó a una empresa de la red Púnica para mejorar la imagen de Ignacio González

La Guardia Civil están analizando seis facturas concedidas por la Comunidad a la red Púnica para la mejora del posicionamiento en Google de González

La primera fase de la Operación Púnica ya ha afectado a más de una decena de ayuntamientos de toda España, pero la investigación continúa abierta y amenaza con extender el foco a otros organismos. Según fuentes cercanas a las pesquisas consultadas por El Confidencial, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil están analizando al menos seis contratos otorgados por la Comunidad de Madrid a la red Púnica para la mejora del posicionamiento online y el seguimiento de las noticias sobre el jefe del Ejecutivo madrileño, Ignacio González, ante la sospecha de que podrían ser irregulares.

La empresa contratada por el Gobierno regional para que realizara esos trabajos fue Eico Online Reputation Management SL, una firma especializada en marketing digital con sede en Valencia propiedad de Alejandro de Pedro Llorca, uno de los presuntos cabecillas de la trama Púnica, según el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, instructor del procedimiento. El magistrado mantiene a Pedro Llorca en prisión provisional sin fianza desde el pasado 30 de octubre.

Cinco órdenes de pago

Los encargos a Eico quedaron reflejados en seis facturas, agrupadas a su vez en cinco órdenes de pago de la Tesorería de la Comunidad de Madrid. De los documentos, a los que ha tenido acceso este diario, se desprende que la relación del Ejecutivo autonómico con la firma de la red Púnica se habría prolongado al menos durante los últimos dos años y que el dinero abonado por esos servicios de reputación ascendió en total a 65.175,50 euros.

En la práctica, la labor de Eico se tradujo en la recopilación de noticias en las que aparecía el presidente de la Comunidad de Madrid y el resto de su gabinete, en la elaboración de informes sobre el impacto de esos artículos y en la formulación de recomendaciones para mejorar el posicionamiento en Google de las páginas institucionales y personales de los dirigentes autonómicos.

La Comunidad de Madrid ya informó públicamente de todos los contratos que había firmado con la empresa de eficiencia energética Cofely, la otra gran compañía implicada en la Operación Púnica. Sin embargo, hasta ahora, sus acuerdos con Eico habían permanecido en el más absoluto secreto. Las fuentes consultadas no descartan que otras consejerías también oculten acuerdos similares con esa empresa.

Gestión de fondos públicos

La UCO analiza ahora esas seis facturas ante la sospecha de que la Comunidad de Madrid pueda haber incurrido en alguna irregularidad. Los agentes sostienen que esos pagos pudieron servir para financiar con fondos públicos una campaña de promoción personal de González. Para dilucidarlo, están investigando la abundante documentación de la que se incautaron el pasado 27 de octubre en el registro de la sede de Eico en Valencia. Según fuentes cercanas a las pesquisas, la UCO mostró un especial interés en esas actuaciones por toda la información relacionada con el presidente madrileño.  

Un portavoz oficial del Ejecutivo madrileño admite a El Confidencial la existencia de esas adjudicaciones, pero rechaza tajantemente que escondan algún tipo de anomalía. “Los contratos que la Comunidad de Madrid ha tenido con la empresa Eico surgen como consecuencia de la aparición de un importante volumen de información en medios digitales y redes sociales”, asegura el portavoz del Ejecutivo autonómico. “Al igual que la Comunidad ha contratado con empresas que hacen seguimiento de noticias del Ejecutivo regional aparecidas en medios tradicionales, como radio, prensa y televisión, se hizo necesario hacer lo mismo con medios online tanto sobre informaciones de la Comunidad de Madrid como de sus consejeros y de su presidente”. En este sentido, el portavoz se remite al objeto que consta en los contratos.

Primer contrato en abril de 2012

La primera adjudicación a Eico se remonta a abril de 2012, cuando Esperanza Aguirre aún presidía el Gobierno autonómico, cargo que abandonó en septiembre de ese año. La orden de pago suma dos facturas por un valor total de 13.477,50 euros y abarca, según consta en el documento, los “trabajos de clipping [recopilación de noticias] y posicionamiento online de la Comunidad de Madrid” entre abril y septiembre de 2012.

El segundo contrato, por importe de 8.167,50 euros, pertenece al último trimestre de 2012, el primero tras la salida de Aguirre. Se mantiene el encargo de controlar el “clipping y posicionamiento online de la Comunidad de Madrid”, pero se introduce por primera vez en el objeto del acuerdo la realización de un seguimiento especial de todas las noticias publicadas específicamente sobre el ya nuevo presidente, Ignacio González.

En la tercera orden de pago, de 21.765,48 euros y correspondiente a todo el ejercicio 2013, se mantiene el control de la información relativa a González. Sin embargo, en el cuarto contrato, que corresponde únicamente a enero de 2014 y por tanto tiene una cuantía menor, de sólo 1.813 euros, desaparece la mención a las informaciones sobre el presidente autonómico y se vuelve a la fórmula inicial, refiriéndose a toda la Comunidad. Lo mismo ocurre en el quinto y último documento de pago, que cubre desde el pasado mes de febrero hasta este mismo mes de diciembre y suma un valor de 19.951,69 euros.

El portavoz oficial del Gobierno autonómico insiste en la legalidad de esas adjudicaciones subrayando su carácter institucional y recuerda que todos “los contratos fueron autorizados y fiscalizados” previamente por la Intervención General de la Comunidad de Madrid. 

Segunda fase en camino

Como ya informó El Confidencial el pasado 2 de noviembre, la Guardia Civil está trabajando ya en una segunda fase de la Operación Púnica, que extenderá el foco de las pesquisas a todas las instituciones que contrataron con las sociedades que conformaban el entramado de la trama. Por ahora, el juez de la Audiencia Nacional aún mantiene la primera fase de la Púnica bajo secreto de sumario. 

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