El juez de Lezo se da de plazo hasta junio de 2019 para seguir investigando la trama

El juez del caso Lezo necesita 18 meses más para cerrar la investigación sobre la trama de corrupción liderada por el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. En un reciente auto al que ha tenido acceso El Confidencial, el magistrado Manuel García-Castellón se da de plazo hasta junio de 2019 para instruir el caso que ha generado la apertura de seis piezas separadas y alcanza ya a más de medio centenar de imputados.

En su escrito, el juez declara la causa compleja y establece como inicio del cómputo para establecer el plazo máximo impuesto por la ley en este tipo de procedimiento, el levantamiento definitivo del secreto de las actuaciones que ordenó hace solo unos días. Concreta que investiga delitos de prevaricación, corrupción en los negocios, negociaciones prohibidas a funcionarios e integración en organización criminal.

Se investigan delitos de prevaricación, corrupción, negociaciones prohibidas a funcionarios e integración en organización criminal

Responde de este modo a la petición de la Fiscalía, que el 11 de diciembre reclamó que se decretara la complejidad del caso, y recuerda que este procedimiento responde a los supuestos legales que mencionan precisamente los delitos cometidos por organizaciones criminales, con numerosos hechos punibles, gran cantidad de investigados, el examen de abundante documentación y con actuaciones en el extranjero.

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"En este supuesto consideramos que la situación de complejidad concurre y no es consecuencia de la inacción o desidia de la autoridad judicial", dice el auto que añade que deben ultimarse aún múltiples diligencias pendientes. La extensión afecta a las cinco piezas de Lezo que se encuentran bajo la tutela del Juzgado Central de Instrucción 6. La sexta, a cargo del juez del 5, José de la Mata, dependerá del criterio del instructor.

La causa arrancó en abril de 2007 y llevó a la cárcel a Ignacio González y al considerado su principal testaferro y hombre fuerte en Sudamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino. Tras pasar varios meses en prisión preventiva, ambos salieron previo pago de fianzas. Al menos dos de las piezas del procedimiento, que depende de la Fiscalía Anticorrupción han sufrido fuertes avances en los últimos meses.

La causa se encuentra muy encarrilada respecto a dos de las tramas. La primera, el cobro de comisiones por la compra inflada de la brasileña Emissao por parte de Inassa tras la que el expresidente madrileño y otros cuatro exdirectivos del Canal se repartieron, presuntamente, 5,4 millones de euros en comisiones, ha permitido incluso la recuperación de efectivo tras la cooperación de Rodríguez Sobrino y otros imputados.

También está muy acabada la investigación sobre la adjudicación en 2006 de la explotación de un campo de golf en el barrio madrileño de Chamberí —en unos terrenos de la empresa pública en los que había un depósito— a un consorcio de tres sociedades. Una de ellas estaba participada por su hermano y su cuñado. Según el juez, González intercedió ante el Gobierno regional, dirigido entonces por Esperanza Aguirre, para que declarara las obras de interés general.