El hombre fuerte de Ignacio González en Sudamérica está a punto de mostrar a la Fiscalía Anticorrupción y al juez que instruye el caso Lezo su mejor carta para recuperar la libertad. Edmundo Rodríguez Sobrino ha dado orden de transferir a la cuenta de consignaciones de la Audiencia Nacional una cantidad total de 2,2 millones de dólares para afrontar las responsabilidades pecuniarias derivadas de su imputación en la causa, en la que se le acusa de haber participado en el desvío masivo de fondos del Canal de Isabel II, informan a El Confidencial fuentes jurídicas.
Rodríguez Sobrino ingresó en prisión el 21 de abril acusado de la comisión de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, corrupción en los negocios, negociaciones prohibidas a funcionarios, organización criminal y blanqueo de capitales. Mostró los primeros signos de cooperación el pasado julio cuando, bajo la representación de su nuevo abogado, el penalista José Antonio Choclán, reclamó declarar ante el juez Manuel García-Castellón de forma voluntaria.
Durante aquella comparecencia, reconoció el reparto de comisiones millonarias por la compra de la empresa brasileña Emissao en 2013 con fondos públicos por 21,5 millones de euros, cuatro veces más de lo que realmente valía. Según apuntó entonces Rodríguez Sobrino, repartió con González y una tercera persona 2,7 millones de euros tras aquella operación. El dinero fue abonado en dos depósitos diferentes por el empresario brasileño Sebastiao Cristovam, y habría terminado, tras una compleja operación societaria, en Suiza. La información, apoyada con documentos, fue aportada por el acusado a la Fiscalía Anticorrupción.
Ahora, cuando acaban de cumplirse seis meses desde su encarcelamiento, Rodríguez Sobrino lanza su apuesta más alta. La Fiscalía le vincula directamente con irregularidades relacionadas con el desembolso que realizó la filial sudamericana del Canal de Isabel II en el año 2013 para adquirir el 75% de la sociedad brasileña. Como adelantó El Confidencial, el Gobierno regional presidido entonces por Ignacio González pagó 68 millones de reales brasileños (21,4 millones de euros) por esta compañía, que un año después tenía un valor contable de solo cinco millones de euros.
El acusado espera que la devolución de parte del sobreprecio de aquella operación sea señal suficiente para demostrar su colaboración y le permita recuperar la libertad. El gesto irá seguido de una nueva declaración voluntaria en las próximas semanas, confirman las fuentes consultadas.
Al mando de la filial sudamericana del Canal de Isabel II, Inassa —ocupó el cargo de presidente durante 10 años, entre 2006 y 2016—, lideró, según los indicios con los que cuenta la Fiscalía Anticorrupción, una trama de sobornos a funcionarios. No solo era conocedor, sino también "partícipe" de prácticas corruptas en el extranjero y el reparto de mordidas a cargos públicos y funcionarios de países como Panamá, Colombia, República Dominicana y Haití para "manipular" los procesos de obtención de contratos.
El instructor del caso Lezo apuntó en el auto en el que decretó su prisión que los fondos obtenidos por los contratos en los mencionados países habrían multiplicado el patrimonio oculto de Rodríguez Sobrino, que habría mantenido tapado a buen resguardo y desvinculado de su presunto "origen ilícito" tanto en Reino Unido como en Colombia y República Dominicana, poniendo parte del mismo a nombre de su hija, también imputada en el procedimiento.
Según se desprende de las intervenciones telefónicas del caso, el expresidente de Inassa supo por terceras personas que su teléfono estaba pinchado y, ante las sospechas de que podían estar investigándole, inició "operaciones de transformación de su patrimonio conocido", de ahí que se deduzca que "habría intentado alejar su patrimonio con la doble intención de dificultar el descubrimiento de su origen y eludir las posibles responsabilidades civiles que pudieran serle atribuidas". Durante los registros llevados a cabo en Colombia, donde dispone de un apartamento de lujo en Barranquilla, los agentes localizaron 262.000 euros en billetes en una caja fuerte alojada en una de las habitaciones.
El hombre fuerte de Ignacio González en Sudamérica está a punto de mostrar a la Fiscalía Anticorrupción y al juez que instruye el caso Lezo su mejor carta para recuperar la libertad. Edmundo Rodríguez Sobrino ha dado orden de transferir a la cuenta de consignaciones de la Audiencia Nacional una cantidad total de 2,2 millones de dólares para afrontar las responsabilidades pecuniarias derivadas de su imputación en la causa, en la que se le acusa de haber participado en el desvío masivo de fondos del Canal de Isabel II, informan a El Confidencial fuentes jurídicas.
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