también el de su consejero carlos mayor oreja

La UCO pidió intervenir el 'mail' de Gallardón días antes de que estallara Lezo

Los incluyeron en un listado de cargos y empresas para cotejar sus relaciones mercantiles con las empresas vinculadas a la compra de Inassa

Foto: Fotografía de archivo de Alberto Ruiz-Gallardón e Ignacio González. (EFE)
Fotografía de archivo de Alberto Ruiz-Gallardón e Ignacio González. (EFE)

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) pidió ocho días antes de que estallara la operación Lezo el volcado del correo corporativo del expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón y del que fuera su consejero de Medio Ambiente, Carlos Mayor Oreja, hermano del exministro del Interior. Según precisa el atestado que el Instituto Armado remitió al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco para preparar el operativo, los investigadores rastreaban la intervención del también exministro de Justicia por un presunto desfalco de unos 70 millones de euros en la compra en 2001 de Inassa por parte del Canal de Isabel II.

El documento, fechado el 11 de abril y al que ha tenido acceso El Confidencial, detalla las entradas, registros y diligencias complementarias que quería llevar a cabo la UCO y reserva un apartado completo a las pesquisas vinculadas con la adquisición de esta empresa bajo mandato de Gallardón. La Guardia Civil también reclamó ya entonces acceder a la información tributaria completa del expresidente madrileño. Debían cruzar los datos de los miembros de los órganos de administración de Canal Extensia, la propia Inassa en Colombia y Panamá, Sociedad de Aguas de América, Sociedad Latina de Aguas, Agbar, Tecvasa y Aguas de Valencia. También examinar los productos financieros de los que fueran titulares. En el caso de su consejero, la Guardia Civil reclamó la propuesta presentada para adquirir el 75% de las participaciones de la mercantil colombiana, así como toda la documentación que se aportase para que el consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid decidiese sobre esa operación.

Anticorrupción seguía el rastro de la compra desde el año 2016 y reflejó en uno de sus informes que la "operación fue controlada por Alberto Ruiz-Gallardón" o 'por su gente'. El Ministerio Público basaba sus sospechas en una conversación intervenida al cabecilla de la trama, Ignacio González, en la que este confesaba que Inassa "no valía ni 30 millones de dólares". "Compraron una sociedad, que no valía ni 30 millones de dólares, por 100", decía en concreto. El informe acusaba también a Gallardón de haber establecido "un pacto de silencio y cooperación con Ignacio González". Por estos hechos, el exministro de Justicia es objeto de investigación en la causa, confirman a El Confidencial fuentes jurídicas.

66 millones del bolsillo de los madrileños

Este primer pelotazo del Canal de Isabel II al otro lado del Atlántico pudo generar una "ilícita plusvalía a costa del erario público" que rondaría los 66 millones de euros y salpica directamente al consejo de gobierno que autorizó esta aventura empresarial, lanzada bajo la presidencia del que fuera también alcalde de la capital. La Justicia trata ahora de acreditar el grado de implicación de Gallardón en esta operación presuntamente fraudulenta y espera los resultados de comisiones rogatorias remitidas a Suiza. Tras examinar las cuentas y negocios en España del exministro, los investigadores no hallaron rastro de irregularidades.

La Comunidad de Madrid, presidida entonces por Alberto Ruiz-Gallardón, pagó 73 millones de dólares (entonces 83 millones de euros) por una firma que había costado un año antes 10 veces menos, 6,8 millones de dólares (7,19 millones de euros). Un auténtico pelotazo para los vendedores y una operación cuanto menos dudosa para los compradores. Aunque González no tuvo nada que ver con esa operación (llegó más tarde al Gobierno regional y al Canal), heredó sus consecuencias, ya que las arcas públicas estuvieron pagando la compra de Inassa hasta el año 2012, desembolsando 7,7 millones como último pago del préstamo que BBVA y Caja Madrid concedieron para financiar la adquisición de Inassa.

Carlos Mayor Oreja, consejero durante los ocho años de Gobierno regional de Alberto Ruiz-Gallardón. (EFE)
Carlos Mayor Oreja, consejero durante los ocho años de Gobierno regional de Alberto Ruiz-Gallardón. (EFE)

Inassa (Interamericana de Aguas y Servicios SA) se constituyó en Colombia en septiembre de 1996, aunque el embrión de esta compañía, la Triple A, llevaba desde 1991 gestionando el agua potable de la ciudad de Barranquilla. El primer socio español de Inassa fue una empresa catalana, el Grupo Aguas de Barcelona (Agbar), que tenía el 51% de la compañía. Agbar decidió vender su participación en el año 2000 por 6,8 millones de dólares (7,19 millones de euros) a la empresa panameña Sociedad de Aguas de América (SAA), que enseguida buscó nuevos socios en España.

Los encontró en el Canal de Isabel II, que se alió con Técnicas Valencianas del Agua (Tecvasa) para crear una sociedad vehículo, bautizada Canal Extensia, y comprar Inassa, iniciando el desembarco madrileño en Colombia. El Canal tenía el 75% de Extensia, y Tecvasa, el otro 25%. El 14 de noviembre de 2001, el consejo de administración del Canal acordó la compra del 75% de Inassa por 73 millones de dólares (83 millones de euros). El consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Ruiz-Gallardón, ratificó toda la operación el 29 de noviembre.

El Canal (a través de Extensia) compró SAA para hacerse con las acciones de Inassa. Una vez hecha la operación, SAA se liquidó. Canal Extensia pagó 10 millones de dólares en diciembre de 2001, 61,5 millones en febrero de 2002 y 1,5 millones en diciembre de 2002. No fue el único desembolso. Dos meses antes, en octubre de 2002, el Canal realizó una ampliación de capital en Inassa por otros 13,7 millones de euros. Es decir, que la operación costó a las arcas públicas madrileñas 97,3 millones de euros. Esta "doble venta", primero de SAA para adquirir Inassa, "pudo generar en un espacio temporal inferior al año, una ilícita plusvalía a costa del erario de la Comunidad de Madrid de 66 millones de euros", según las valoraciones de la Fiscalía.

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