la empresa facturó en 2014 unos 16 millones

Plata o plomo: la guerra del Canal llega a Colombia y Cifuentes reclamará 10 millones

El Canal de Isabel II, a través de su filial Inassa, terminará el 17 de abril el contrato con el municipio de Santa Marta. La Comunidad quiere recuperar las inversiones realizadas

Foto: Trabajadores de la empresa Metroagua.
Trabajadores de la empresa Metroagua.

El contrato vence el 17 de abril. Ese día, Metroagua SA ESP, empresa participada por el Canal de Isabel II, dejará de prestar el servicio de suministro de agua y alcantarillado en el municipio colombiano de Santa Marta (457.000 vecinos). El Ayuntamiento de la ciudad, que tiene el 28,1% de las acciones de Metroagua, no quiere que el Canal siga gestionando el contrato y ya ha encontrado sustituto, Proactiva Medio Ambiente (del grupo francés Veolia).

Pero el Gobierno regional presidido por Cristina Cifuentes no quiere marcharse con las manos vacías y reclamará a la alcaldía entre seis y diez millones de euros (aún está estudiando la cantidad) como indemnización por las inversiones realizadas entre 2012 y 2016, entre ellas varios pozos que el Canal tuvo que construir para combatir las fuertes rachas de sequía que ha golpeado a la localidad. Los activos de la compañía están valorados en 58.000 millones de pesos colombianos (18,8 millones de euros). La guerra judicial está servida.

David FernándezDavid Fernández

El Canal de Isabel II, la mayor empresa pública de la región, tiene acciones en Metroagua desde diciembre de 2001, cuando a través de Canal Extensia (una sociedad vehículo creada a tal efecto) compró por 73 millones de dólares (83,6 millones de euros) el 75% de Inassa (Interamericana de Aguas y Servicios SA), la filial con la que el Canal desembarcó en Suramérica. Inassa tiene el 35,8% de las acciones de Metroagua. El ayuntamiento de la ciudad, otro 28,1%. Y tres empresas locales, otro 33%. Estas últimas pertenecen a William de Jesús Vélez Sierra, un destacado contratista colombiano que está siendo investigado por la Fiscalía de ese país por vínculos con grupos paramilitares.

El problema que se pondrá sobre la mesa tras el 17 de abril y la liquidación de Metroagua es cómo se va a saldar la relación entre Inassa y el Ayuntamiento de Santa Marta, en manos del Movimiento Fuerza Ciudadana. Inassa quiere recuperar las inversiones hechas entre los años 2012 y 2016, "ya que anterior a esa etapa los activos de la compañía ya están reconocidos", explican fuentes del Canal. Santa Marta, una de las ciudades turísticas más importantes de Colombia, ha sufrido fuertes sequías y constantes racionamientos en épocas de verano. En su informe de 2014, por ejemplo, Metroagua reconocía que la "climatología fue sumamente adversa todo el año", y que solo en el mes de abril la producción de agua potable bajó un 60%, lo que le obligó a construir cinco nuevos pozos. En 2015 se perforaron otros 15 pozos.

El río Gaira, uno de los que abastecen de agua a la ciudad de Santa Marta
El río Gaira, uno de los que abastecen de agua a la ciudad de Santa Marta

A pesar de todas estas inversiones hechas por Inassa, el Gobierno local de Santa Marta inició una campaña para culpar de los problemas al Canal, el accionista mayoritario y el gestor del servicio. Informes técnicos señalan que la disminución del caudal de los ríos que abastecen el municipio (fruto de las sequías) han provocado serias dificultades para suministrar agua potable, de ahí la construcción de muchos pozos de gran profundidad. Sin olvidar que Santa Marta posee una de las poblaciones de desplazados más altas del país, un aumento de la demanda no contabilizada, lo que a su vez ha generado unas 60.000 tomas ilegales de agua, que provocan caídas en la presión y constantes cortes en el suministro. Metroagua reconoce que "las inversiones para garantizar a largo plazo suficiente agua potable superan los 100 millones de dólares".

Cambio de operador

Inassa acepta que se tiene que ir, pero el Canal defenderá en los tribunales (ya estudia cómo presentar su reclamación en organismos internacionales de arbitraje) una indemnización de entre seis y diez millones de euros por las inversiones realizadas. La primera batalla de la guerra judicial que se avecina la ha ganado la ciudad. El pasado 15 de febrero, el Juzgado Tercero Administrativo ordenó a Metroagua [ver auto] entregar al municipio todas las infraestructuras, que incluyen bienes inmuebles, el listado de clientes y los pozos abiertos para abastecer al distrito. "Lo que ha dicho el juez es, primero, el cambio de operador, y segundo, valorar los activos de la compañía", explican fuentes del Canal.

Santa Marta, por su parte, cifra en 12,2 millones de euros los recursos públicos (estatales y del departamento de Magdalena) recibidos por Metroagua entre 2003 y 2016, además de 15,3 millones de dólares (14 millones de euros) procedentes de la Agencia Española de Cooperación. Los tribunales tendrán que dirimir ahora el retorno que deberá recibir Inassa por la liquidación de la compañía. De momento, ya hay sustituto para Metroagua. El municipio ha otorgado al consorcio Proactiva Santa Marta un contrato de operador de transición mientras se licita el nuevo contrato de concesión (el de Metroagua era de alquiler) y se diseña un nuevo plan de inversiones, que por lo menos deberá ser de 100 millones de dólares. El nuevo socio estratégico del municipio es la empresa Proactiva Medio Ambiente, con sede en Madrid y filial de la francesa Veolia Environnement, que en 2013 compró parte de las acciones a la constructora española FCC.

Santa Marta, ciudad del Caribe colombiano, dejará de ser así uno de los principales escenarios de negocio para Inassa, que no solo ha gestionado el abastecimiento y el alcantarillado a través de Metroagua, sino que también recaudaba los impuestos del municipio a través de R&T (firma de la que el Canal tiene el 80% de las acciones). Este último contrato, que finalizaba en 2022, fue rescindido por el Consistorio el año pasado. Metroagua facturó en 2014 unos 16 millones de euros, aunque el beneficio neto solo fue de 170.000 euros.

David FernándezDavid Fernández

El nuevo Ejecutivo de Cifuentes está deshaciendo el camino andado por sus predecesores. El Canal quiere cerrar una docena de filiales en Sudamérica y ya destituyó el año pasado al expresidente de Inassa Edmundo Rodríguez Sobrino, después de que El Confidencial desvelara que aparecía en los papeles de Panamá con empresas 'offshore' en Hong Kong. Metroagua no estaba entre las que pensaba cerrar. Sí lo están: Gestión Integral de Suministros GIS (en proceso de cierre), R&T Panamá (liquidada), R&T República Dominicana (liquidada), Triple AAA Venezuela (en proceso), AAA Servicios de Venezuela Lassa (sucursal de Inassa en Venezuela), Watco Dominicana (en proceso), Inforesa (en proceso), Inamex (en proceso), Mexaqua (en proceso), AAA del Istmo en Panamá (liquidada), Inassa Costa Rica (liquidada) y Soluciones Andinas del Agua de Uruguay (en proceso).

El polémico ex alcalde de Santa Marta

Carlos Caicedo, alcalde de Santa Marta hasta diciembre de 2015 (su partido sigue gobernando en la ciudad), es el principal artífice de la campaña contra Inassa para que la compañía madrileña, a través de Metroagua, dejara de controlar la gestión del agua en el municipio. Invitado a la Asamblea de Madrid el pasado 20 de diciembre, su nombre ha estado salpicado en Colombia en la investigación de los asesinatos de tres personas en la universidad de Santa Marta, centro del que Caicedo fue rector.

La Fiscalía colombiana interrogó el año pasado a Caicedo por los asesinatos del estudiante Hugo Elías Maduro, cometido el 28 de mayo de 2000; del vicerrector Julio Otero, perpetrado el 14 de mayo de 2001; y del decano de Educación Roque Morelli, ocurrido el día 5 de septiembre de 2001. La Fiscalía le investiga por supuestos nexos por el grupo paramilitar 'Bloque Norte', que al parecer está detrás de estos crímenes.

Es un político polémico. Hace poco protagonizó otro extraño incidente en un restaurante con Álvaro Cotes, empresario hermano de la actual gobernadora de Magdalena, Rosa Cotes. Ambos se acusaron mutuamente de increparse en una restaurante. En una entrevista radiofónica, Cotes denunció a Caicedo de ser "un corrupto" y un "drogadicto". Caicedo, por su parte, ha denunciado a Cotes por amenazas de muerte.

Madrid

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