Colombia quiere 'expropiar' Inassa al Canal y que pague 73 M a los socios minoritarios

Un juez colombiano puede decidir esta misma semana la expropiación encubierta de Inassa, la filial sudamericana del Canal de Isabel ll. La Procuraduría General de la Nación ha solicitado unas medidas cautelares tan drásticas que pueden suponer la quiebra de la empresa y obstaculizar gravemente el proceso de venta que ya ha iniciado la Comunidad de Madrid para deshacerse de todas sus compañías participadas al otro lado del Atlántico. La Procuraduría, que depende del Senado y del presidente de la República, ha solicitado al Tribunal Administrativo de Cundinamarca tres medidas cautelares que son todo un torpedo en la línea de flotación de Inassa.

La primera, "el embargo y secuestro de las acciones de las que es titular Inassa" en todas las empresas colombianas y en el exterior. El Canal, a través de Canal Extensia, tiene el 82% de Inassa. Y a través de Inassa sigue controlando actualmente una decena de participadas, entre ellas la Triple A de Barranquilla, 'la joya de la corona' del conglomerado. El embargo de las acciones supondría que la Comunidad de Madrid dejaría de tener el control de Inassa y complicaría la venta de esas acciones, un proceso por el que el Gobierno regional quiere sacar al menos 150 millones de euros.

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La segunda medida también solicita el embargo y secuestro de los ingresos de la Triple A, que está facturando una media de cinco millones de euros anuales y todavía tiene un contrato de concesión de 15 años con la ciudad de Barranquilla. La tercera es que Inassa devuelva lo facturado por el contrato de asistencia técnica que prestó a la Triple A durante 15 años, unos 73 millones de euros. Y es que el motivo de la denuncia interpuesta por la Procuraduría es precisamente ese contrato de asistencia técnica, que según los investigadores colombianos nunca se realizó y según el Canal sí se realizó con todas las garantías.

Si finalmente se aplican esas medidas cautelares, que el Canal ya ha recurrido, la Comunidad de Madrid no duda en acudir al arbitraje internacional, concretamente al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), una institución del Banco Mundial. Comenzaría así un conflicto similar al que ya vive Gas Natural en Colombia. La multinacional energética reclama unos 1.000 millones de euros al Gobierno colombiano después de que este interviniese su filial Electricaribe. "Algunas instituciones colombianas están determinadas a que el Canal pierda Inassa prejuzgando unas acusaciones que se está demostrando que son falsas", señalan fuentes del Ejecutivo autonómico.

Lo que está claro es que el Canal tiene un problema. Hasta seis instituciones colombianas han puesto sus ojos en Inassa y han abierto investigaciones al margen de la que ya hay en España por la Audiencia Nacional dentro del caso Lezo. Se trata de la Fiscalía General de la Nación (que instruye una especie de Lezo 2 bautizada como operación Acordeón), la Procuraduría General de la Nación, la Superintendencia de Sociedades (equivalente a la CNMV española), la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Contraloría Distrital de Barranquilla (equivalente a la Cámara de Cuentas madrileña) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), como nuestra Agencia Tributaria.

El Canal ha colaborado con todas ellas. Pero de momento es la Procuraduría quien ha querido ir más allá y ha tramitado una denuncia contra Inassa por el llamado contrato de asistencia técnica, en vigor desde el año 1996 y que el Canal de Isabel II, a través de su mayoría en Inassa, heredó en febrero de 2002 y presta a su filial Triple A. Este contrato está en vigor hasta octubre de 2033 e Inassa percibe el 4,5% de lo que recauda la Triple A. Tras la apertura de la investigación, Inassa dejó de cobrarlo (aunque lo sigue realizando) en noviembre de 2017. El Canal siempre ha defendido que esas asistencias técnicas se ejecutaron y ya ha aportado más de 5.000 folios de documentación para acreditarlo.

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La Procuraduría cree, por otro lado, que Inassa estuvo años cobrando a su filial Triple A por unos servicios de asesoría que podrían no haberse realizado. Y calculan que en todo ese tiempo la Triple A habría abonado a Inassa 237.836 millones de pesos (unos 75 millones de euros) por estas falsas asesorías técnicas. Para ello se basan en la declaración de uno de los imputados en España, Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de Inassa, que llegó a declarar que Inassa cobró "por una asistencia técnica que nunca ha prestado. Ese era un pacto oculto de los accionistas para no pagar impuestos, para pagar menos impuestos".

Tres informes periciales realizados por Grant Thornton en abril y junio de este año desvelan en cambio cómo se realizó esa asistencia técnica y cuánto ha costado. Una asistencia que incluye gestión administrativa, técnica, operativa, comercial y medioambiental. "Se pone de manifiesto que Canal e Inassa llevaron a cabo dichos servicios", reza el primer informe, que destaca cinco de ellos. El primero, que "Inassa ha actuado como garante en varias de las operaciones de financiación de la Triple A, que no contaba con el músculo financiero suficiente como para obtener financiación por sí sola".

Inassa también ha proporcionado un 'software' especializado en la gestión de la compañía, llamado Amerika, "que ha permitido a la Triple A mejorar la gestión de la recaudación con niveles superiores al 90%". Entre 2002 y 2005, "Grupo Canal cedió a la Triple A tres de sus directivos (...) para ayudar a todos los objetivos perseguidos por la asistencia técnica y el control de la tesorería". También se implantó un sistema integral de gestión medioambiental que ha ayudado, entre otras cosas, "a la reducción de residuos y riesgos, la minoración de sanciones, la bajada de los precios de las pólizas de seguros y el aumento de la seguridad y salud laboral".

Los desarrollos de sistemas de control interno por parte de Inassa han permitido a la Triple A alcanzar unos niveles de cobertura de entre el 98 y el 100% en el servicio de abastecimiento y alcantarillado, "cuando en los años noventa el servicio únicamente cubría a la mitad de la población y gran parte de esta recibía el agua a través de conexiones ilegales". Además, el índice de riesgo de calidad del agua alcanzó en 2017 el valor de 0,02%, siendo 0 el índice de máxima calidad. "Triple A también ha conseguido alcanzar niveles de medición en torno al 90% gracias a la instalación de micromedidores, permitiendo así determinar el consumo y por tanto la facturación del mismo".

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Uno de los informes de Grant Thornton cuantifica los gastos que hubiera tenido que abordar la Triple A si no hubiera contado con la asistencia técnica de Inassa. La matriz cobró 246.846 millones de pesos colombianos (73,3 millones de euros) por esa asistencia. Pero si no la hubiera realizado, Triple A hubiese tenido que abordar por su cuenta unas inversiones que ascienden a 215.823 millones de pesos (64 millones de euros), entre los que están por ejemplo la compra del 'software' Amerika o los intereses financieros que sufragó Canal por avalar el 75% de la emisión de bonos que Inassa hizo en 2003 y por el endeudamiento que reemplazó a la ampliación de capital de 2006.

A esa cantidad hay que sumar otros 52.644 millones de pesos (15,6 millones de euros) en concepto de "deudas que se hubieran generado en ausencia de la asistencia técnica". Es decir, un total de 79,6 millones (seis más de los que ha pagado la Triple A a Inassa). "Finalmente, Inassa ha prestado a la Triple A numerosos servicios que han supuesto el traspaso de conocimientos y buenas prácticas para la mejora de su actividad. Estos servicios, conocidos como 'know-how', tienen un carácter intangible que dificulta su cuantificación específica", aunque Grant Thornton la eleva a 56.159 millones de pesos (16,6 millones de euros).

Inassa cobró 73 millones por una asistencia puesta ahora en duda. Pero si no la hubiera realizado, la Triple A hubiese tenido que invertir 79,6 millones

Desde la comunidad lamentan que la Procuraduría no haya tenido todos estos informes en cuenta antes de presentar su demanda. "Si no se ha producido esa asistencia y esa transferencia de conocimientos, cómo se creen que Inassa vale hoy ocho veces más que cuando el Canal la compró a finales de 2001". De hecho, los informes de Grant Thornton aseguran que "la prestación de estos servicios de asistencia técnica nunca fueron cuestionados ni por la asamblea y junta de accionistas de la sociedad ni por sus auditores". En su demanda, en cambio, fechada el 1 de junio, la Procuraduría califica de "infructuosa" la intención de Inassa de justificar la asistencia, aunque ha aportado miles de folios y documentos.

Las mismas fuentes señalan que la acción de la Procuraduría es una especie de maniobra orquestada para que el Canal pierda Inassa de una manera arbitraria y nada garantista. Utilizando como excusa un contrato de asistencia técnica "totalmente legal" que nada tiene que ver con las principales líneas de investigación llevadas a cabo dentro del caso Lezo: la compra de la propia Inassa en 2001, la compra de la filial brasileña Emissao en 2013 y el presunto pago de sobornos a funcionarios públicos a cambio de contratos para algunas de las filiales de Inassa en otros países sudamericanos.

El Canal ha presentado alegaciones, "ya que las medidas cautelares, extremas y absurdas, pretenden obtener de manera adelantada el resultado de una sentencia condenatoria". Unas medidas que supondrían la "parálisis operativa, financiera y jurídica de Inassa, al inmovilizarse sus activos y los flujos de caja". Además, la "drasticidad de un embargo respecto de la participación accionarial de Inassa en Colombia y en el exterior estaría llevando a la liquidación forzosa de la sociedad".

El sindicato de los trabajadores de la Triple A también ha presentado alegaciones, "ya que las medidas cautelares son innecesarias teniendo en cuenta que los activos están valorados en aproximadamente 250.000 millones de pesos [74,3 millones de euros], de los cuales 200.000 millones aproximadamente corresponden a la casa matriz Canal de Isabel II, entidad que goza de toda la solidez financiera a nivel internacional a pesar de algunas acciones irregulares de algunos de sus representantes. En consecuencia, consideramos que las medidas solicitadas de manera desproporcionada ocasionarían un daño invalorable sobre el patrimonio y el funcionamiento de la empresa, donde todavía faltan 15 años de concesión".