Tras el origen del pelotazo de Gallardón: tercer viaje a Colombia del juez de Lezo

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón volvió a desplazarse a Colombia la pasada semana junto a la fiscal anticorrupción Ana Cuenca. Y ya van tres veces. Los encargados del caso Lezo han apuntalado, en esta ocasión, los indicios con los que contaban sobre los orígenes del pelotazo de la compra de Inassa en el año 2001 que han conducido al expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón a una imputación por la adquisición inflada de la empresa colombiana.

Magistrado y fiscal han recorrido más de 20.000 kilómetros e interrogado a cuatro testigos para rastrear cómo se inició la operación que desembocó en la orden del Gobierno regional al Canal de Isabel II de iniciar su primera aventura empresarial al otro lado del Atlántico. Según el ministerio público, pudo generar una "ilícita plusvalía de 66 millones de euros a costa del erario de la Comunidad de Madrid". Desde el principio, los investigadores han tenido claro que sus pesquisas debían dirigirse a determinar la identidad de los directivos de varias empresas públicas y mixtas que participaron en esta adquisición y que "adoptaron las presuntas decisiones ilícitas".

TE PUEDE INTERESAR

Gallardón compró Inassa sin enterarse de que tres de sus directivos robaban de la caja

David Fernández

Todo arrancó, sin embargo, dos años antes de 2001. La pista conduce a Aguas de Barcelona (Agbar), una de las firmas vendedoras, que logró multiplicar por 10, en solo unos meses, el coste de una empresa que había adquirido mucho más barata. El embrión del negocio es la Triple A, compañía que llevaba desde 1991 gestionando el agua potable de la ciudad de Barranquilla.

Gran parte de las declaraciones que han escuchado durante estos días el instructor y la representante del Ministerio Fiscal se han centrado en el personal de la suministradora de Baranquilla. Desde el responsable de seguridad hasta varios miembros del área administrativa. Agbar decidió vender su participación en el año 2000 por 6,8 millones de dólares (7,19 millones de euros). Compró las acciones la empresa panameña Sociedad de Aguas de América (SAA). Esta última firma pertenecía a su vez a la sociedad uruguaya Stanke Investment, cuyo accionista era Francisco Olmos, el representante de Agbar en Inassa. Es decir, que Agbar vendió el 51% que tenía de Inassa a uno de sus directivos, que se había aliado a su vez con algunos empresarios colombianos.

La versión de Gallardón

La pieza sobre Inassa lleva meses bajo examen del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional y de Anticorrupción. Gira en torno a esta operación, que el consejo de gobierno de la comunidad, presidido por Gallardón, ratificó el 29 de noviembre de 2001. A través de una empresa vehículo creada a tal efecto, Canal Extensia, el Canal compró el 75% de Inassa por 73 millones de dólares (83 millones de euros). El otro 25% era de Técnicas Valencianas del Agua (Tecvasa). Pero el Canal (a través de Extensia) no compró directamente Inassa, sino que tuvo que adquirir la empresa panameña que tenía el 75% de las acciones de Inassa, la firma SAA.

Gallardón, a la fiscal Cuenca: "Jamás, en 20 años de vida pública, he cobrado ninguna comisión"

Una vez hecha la operación, SAA se liquidó. Canal Extensia pagó 10 millones de dólares en diciembre de 2001, 61,5 millones en febrero de 2002 y 1,5 millones en diciembre de 2002. No fue el único desembolso. Dos meses antes, en octubre de 2002, el Canal realizó una ampliación de capital en Inassa por otros 13,7 millones. Es decir, que la operación costó a las arcas públicas madrileñas 97,3 millones de euros. Gallardón señaló en diciembre de 2017 en la Asamblea que nunca supo que hubo que adquirir una empresa en un paraíso fiscal para hacerse con Inassa.

Durante su declaración en el juzgado, la fiscal Cuenca interrogó al exministro de Justicia sobre la posibilidad de que mantuviera cuentas ocultas en el extranjero y si, en alguna ocasión, había cobrado comisiones irregulares. "Jamás, en 20 años de vida pública, he cobrado ninguna comisión, y entiendo que la señora fiscal esté obligada a hacerme esa pregunta, pero créame que me duele en el alma", contestó el expresidente de la Comunidad de Madrid.