El delator colombiano del Canal pide ahora 250.000 euros por despido improcedente

Diego García Arias, uno de los principales exdirectivos de Inassa (la filial del Canal de Isabel II en Sudamérica) investigado en el caso Lezo por pagar y recibir mordidas, ha decidido reclamar a la Comunidad de Madrid 300.000 dólares (250.000 euros) por lo que él considera un despido improcedente. García Arias ha hecho esta reclamación laboral tras decidir colaborar con las fiscalías colombiana y española y explicar cómo el expresidente madrileño Ignacio González fraguó el reparto de 5,4 millones de dólares en comisiones después de que el Canal diera un pelotazo en Brasil comprando muy por encima de su precio la brasileña Emissao.

A pesar de confesar su participación en los hechos y de explicar la operativa de cómo y quiénes se repartieron esas comisiones, García Arias quiere ahora que el Canal (la mayor empresa pública de la Comunidad de Madrid) le abone esos 250.000 euros como consecuencia de un blindaje que tenía en su contrato y que le habilitaba a cobrar esa cantidad si Inassa decidía prescindir de sus servicios sin causa justificada. García Arias fue durante cinco años gerente de Expansión y Nuevos Negocios de Inassa y tenía esa cláusula como muchos otros directivos sudamericanos de la filial española.

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Según han explicado fuentes del Canal, ese blindaje era muy ventajoso para los directivos, ya que aunque estos fueran imputados en causas judiciales (es decir, investigados sin una condena firme), tenían derecho a cobrar la indemnización si eran despedidos, ya que la imputación no entraba entre las causas justificadas del despido. Pero había una excepción. Si el directivo pasaba más de 30 días privado de libertad, no tenía derecho a ese blindaje. Por eso la actual dirección del Canal (que presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en julio de 2016 por la compra de Emissao, igual que habían hecho PSOE, Podemos y Ciudadanos) puso el contador a cero cuando García Arias fue detenido por primera vez el 24 de agosto de 2017.

Un total de 31 días después, el Canal le comunicaba su despido y se ahorraba por tanto la indemnización. A pesar de ello, García Arias ha decidido iniciar en un juzgado colombiano un pleito laboral e intentar cobrar el blindaje de 300.000 dólares, una estrategia procesal que, según fuentes del Canal, no tiene ningún viso de prosperar. Como ya publicó El Confidencial, García Arias ha decidido tirar de la manta y colaborar con la Fiscalía, a la que ha reconocido que cobró 900.000 dólares después de que a finales de 2013 se cerrara la compra de Emissao.

No fue el único. Cinco personas se repartieron los 5,4 millones de dólares. Se trataría de Ignacio González, ex presidente regional y expresidente del Canal, Edmundo Rodríguez Sobrino (expresidente de Inassa), Ramón Navarro (ex director gerente de la Triple A, otra filial), Luis Vicente Moro (íntimo de González y exdelegado del Gobierno en Ceuta) y el propio García Arias. Dos de ellos, González y Moro, niegan tajantemente haber recibido los pagos. Los otros tres han decidido, en mayor o menor grado, colaborar con la Justicia. Según García Arias, González se llevó 1,8 millones de dólares. Los otros cuatro, 900.000 euros cada uno.

García Arias ha especificado cómo se articularon esos pagos y a qué empresas fueron a parar en cuentas bancarias en Panamá y República Dominicana. El arrepentido García Arias realizó una detallada confesión el pasado 1 de noviembre. "Todos hicieron sociedades instrumentales, todos, menos este señor bobito que está aquí, que lo digo en el buen sentido", llegó a declarar para explicar la operativa de cobro. El Canal de Isabel II (con González de presidente) aprobó a finales del año 2013 la compra del 75% de las acciones de Emissao, una operación por la que las arcas públicas madrileñas desembolsaron 21,4 millones de euros (29 millones de dólares). Dos años después, en 2015, Emissao tenía un patrimonio neto negativo de 17,3 millones de euros.

¿Cómo se distribuyó el dinero? Por una parte, Edmundo Rodríguez reconoció haber recibido de los vendedores brasileños de Emissao (que a su vez habían recibido los 21,4 millones del Canal) 2,7 millones de euros: los 900.000 euros que le tocaban y los 1,8 millones reservados para González, dinero que el expresidente de la comunidad nunca ha tocado y él sigue guardando. Así lo ha señalado en sede judicial ante la Audiencia Nacional. El dinero fue a parar a dos cuentas abiertas a nombre de dos de sus empresas, Amalfi Trading INC y Rafaello Investment INC, constituidas en Panamá. Esta mordida fue camuflada mediante un contrato ficticio de asesoría empresarial que Edmundo Rodríguez firmó en Brasil con el dueño vendedor de Emissao, Sebastiao Cristovam.

Diego García, por su parte, declaró que él ocultó 1,5 millones de euros: 900.000 que le corresponderían por su participación en la operación, 200.000 que le transfirió Edmundo Rodríguez para que los invirtiera en Colombia y que pertenecían a la parte de González, y 400.000 euros que entregó en efectivo a Luis Vicente Moro en República Dominicana (parte de sus 900.000 euros), que Moro ingresó en el Banco BHD 25. La UCO ha encontrado en un iPad propiedad de Moro un 'mail' que este envió a Diego García el 5 de mayo, donde se puede leer: "Está todo correcto. Está todo".

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¿Qué pasó con los otros 500.000 euros que le faltaban a Moro de su parte de 900.000? Aquí interviene Ramón Navarro, que declaró que él recibió 1,4 millones (sus 900.000 euros y los 500.000 de Moro), cantidad que recibió desde Suiza y que ocultó en una cuenta bancaria de la sociedad Quartsun, mercantil radicada en las Islas Vírgenes. Lo que está claro es que García Arias tuvo un papel muy importante en Inassa. Las autoridades colombianas saben que tiene mucha información sobre los sobornos que pudieron recibir cargos públicos de varios países sudamericanos por adjudicar contratos a las filiales del Canal. También sobre el presunto desvío de fondos públicos en grandes operaciones de compra realizadas por el Canal al otro lado del Atlántico, como la de Emissao. Como ya adelantó El Confidencial, directivos de Inassa utilizaron el efectivo de la tesorería de la compañía para pagar mordidas a políticos sudamericanos.