informe de pricewaterhouse

Gallardón compró Inassa sin enterarse de que tres de sus directivos robaban de la caja

La comunidad negoció y adquirió Inassa mientras se cometían irregularidades. Nada más llegar, el Canal tuvo que poner seis millones de dólares por las pérdidas de un negocio ruinoso en Venezuela

Foto: Gallardón, cuando compareció en la Asamblea de Madrid en diciembre pasado. (EFE)
Gallardón, cuando compareció en la Asamblea de Madrid en diciembre pasado. (EFE)

Lo dijo orgulloso cuando compareció el pasado 15 de diciembre en la Asamblea de Madrid. Alberto Ruiz-Gallardón, expresidente de la Comunidad de Madrid, repetiría hoy la misma operación que a finales de 2001 llevó al Gobierno que él presidía a comprar el 75% de la empresa colombiana Inassa. Operación que investiga la Audiencia Nacional dentro del marco del caso Lezo. Lo que no sabía Gallardón cuando autorizó esa compra es que tres directivos de Inassa estaban en esos momentos robando "recaudos" de la caja de la Triple A de Barranquilla, 'la joya de la corona' de Inassa, la filial que más ingresaba.

Así lo revela un informe elaborado por PriceWaterHouseCoopers en mayo de 2005, tres años y medio después de que el Gobierno de Gallardón, a través del Canal de Isabel II, hubiera invertido ya 97,5 millones de euros en Inassa. En 2005, era Esperanza Aguirre quien presidía la comunidad y su mano derecha, Ignacio González, quien dirigía los destinos del Canal. El informe fue encargado por los sucesores de Gallardón para "aclarar" si determinadas "actuaciones llevadas a cabo en los años 2000, 2001 y 2002 por directivos de las filiales de Inassa" fueron "irregulares o fraudulentas", ya que el Canal acababa de tener conocimiento de que la Fiscalía General de Colombia había abierto una investigación meses antes, en septiembre de 2004.

Esa investigación judicial no llegó a buen puerto, pero el informe de PriceWaterHouse de 2005, que acaba de ser incorporado al sumario del caso Lezo, concluyó que sí hubo irregularidades en los años en que la Comunidad de Madrid negoció y cerró la compra de Inassa. La Audiencia Nacional acaba de imputar a Gallardón, a varios de sus exconsejeros y a la cúpula del Canal que gestionaron la operación, acusados de los delitos de prevaricación y malversación. El informe de PriceWaterHouse demuestra que el equipo de Gallardón no hizo los deberes a la hora de auditar correctamente todas las condiciones económicas de la empresa que quería comprar.

De hecho, la consultora trabajó en varias "áreas de investigación" tras las sospechas detectadas: cómo se financió la expansión de Inassa, el robo de recaudos por miembros de la antigua dirección, unos contratos de asistencia técnica (que hoy curiosamente, 17 años después, están bajo la lupa de la Fiscalía colombiana), la contabilidad de algunas filiales, y "las comisiones supuestamente cobradas a proveedores por parte de la antigua dirección". PriceWaterHouse llegó a tomar declaración a 11 directivos de Inassa y algunas de sus conclusiones fueron demoledoras.

Arturo Canalda, exgerente del Canal que pilotó la compra de Inassa. Es uno de los imputados por la AN.
Arturo Canalda, exgerente del Canal que pilotó la compra de Inassa. Es uno de los imputados por la AN.

La más sangrante de las conclusiones es que PriceWaterHouse aseguró que "sí se produjeron robos continuados de recaudos" por un valor de 67 millones de pesos colombianos (hoy, al cambio, son 20.000 euros). Aunque "el importe del robo podría ser mayor al descubierto, ya que solo se ha analizado un año, de mayo de 2003 a mayo de 2004". La denuncia inicial hablaba de una sustracción de 2.000 millones de pesos (casi 600.000 euros) desde el año 2000. "Solo se han podido descubrir aquellos robos que han dejado algún rastro contable". Lo cierto es que Inassa despidió a tres directivos de los que sospechaba. Lo hizo en agosto de 2004, por "negligencia, y aunque la Triple A preparó un documento para justificar un despido procedente, finalmente no se utilizó y se les indemnizó por despido improcedente".

Lo que está claro, destaca el informe, es que "una vez que estas tres personas dejaron la Triple A, se produjo un incremento de los recaudos de aproximadamente 500 millones de pesos colombianos (150.000 euros) en el primer mes". El Canal compró Inassa en noviembre de 2001 y el equipo de Gallardón se mantuvo al frente de la comunidad hasta las elecciones de 2003 (que se repitieron ese mismo año por el 'tamayazo'). Se supone que la sustracción de los recaudos detectada en 2005 se venía produciendo desde el año 2000, y continuó en 2002, 2003 y 2004 sin que nadie hiciera nada hasta que ese verano se despidió a los tres directivos.

Inassa despidió a los tres directivos de los que sospechaba. Después de su marcha, se produjo una subida de los recaudos en 150.000 euros

La primera aventura americana

El Consejo de Gobierno de la comunidad, presidido por Gallardón, ratificó toda la operación de compra de Inassa el 29 de noviembre de 2001. A través de una empresa vehículo creada a tal efecto, Canal Extensia, el Canal compró el 75% de Inassa por 73 millones de dólares (83 millones de euros). El otro 25% era de Técnicas Valencianas del Agua (Tecvasa). Pero el Canal (a través de Extensia) no compró directamente Inassa, sino que tuvo que adquirir la empresa panameña que tenía el 75% de las acciones de Inassa, la firma SAA.

Una vez hecha la operación, SAA se liquidó. Canal Extensia pagó 10 millones de dólares en diciembre de 2001, 61,5 millones en febrero de 2002 y 1,5 millones en diciembre de 2002. No fue el único desembolso. Dos meses antes, en octubre de 2002, el Canal realizó una ampliación de capital en Inassa por otros 13,7 millones. Es decir, que la operación costó a las arcas públicas madrileñas 97,3 millones de euros. Gallardón señaló en diciembre de 2017 en la Asamblea que nunca supo que hubo que adquirir una empresa en un paraíso fiscal para hacerse con Inassa.

Los despedidos fueron un gerente comercial, un subgerente comercial y un gerente de sistemas. ¿Cómo robaban los recaudos? A través de los 'puntos propios', los cinco puntos de cobro que la Triple A tenía en el distrito de Barranquilla. En uno de ellos, bautizado como la 'estación de recreo', se ubicaba físicamente la dirección comercial y de sistemas. Según el informe de PriceWaterHouse, "los procedimientos de cobro no eran muy fiables". El problema era que el mismo cajero realizaba el cobro e introducía la información en un programa informático. Y todo el proceso era gestionado por el departamento comercial "sin la supervisión de otro departamento".

Cada vez que un cliente pagaba en efectivo a la Triple A en el punto de cobro, recibía un justificante de pago, un documento extracontable "sin ninguna vinculación al sistema informático". Es decir, que el cliente realmente pagaba, recibía un justificante, pero el pago no se contabilizaba, por lo que "oficialmente nunca había pagado". El cliente aparecía entonces como moroso, cuyo seguimiento dependía del mismo departamento comercial, el que robaba. No fue el único sistema. También mediante datáfonos trucados, cheques devueltos y cajeros no autorizados que realizaban cobros pero que no tenían autorización para registrarlos en el sistema.

El expresidente del Canal de Isabel II Pedro Calvo, cuando se hizo la compra en 2001 de Inassa. (EFE)
El expresidente del Canal de Isabel II Pedro Calvo, cuando se hizo la compra en 2001 de Inassa. (EFE)

PriceWaterHouse estima que el robo pudo ser mucho mayor al detectado, ya que la Triple A trabajaba con 77 cuentas y dos millones de clientes. Además, el gerente comercial (uno de los despedidos) "no dejaba que ningún empleado del departamento financiero entrara a revisar el trabajo realizado". Además, "el gerente comercial manipulaba los recaudos para conseguir así los objetivos diarios" y que nadie sospechara. A finales de 2004, el Canal decidió cambiar el sistema de cobro para eliminar estas deficiencias y evitar más robos.

El fracaso en Venezuela

El robo de los recaudos no fue el único problema detectado. Entre los años 2000 y 2002, cuando la Comunidad de Madrid negoció y ejecutó la compra de Inassa, la Triple A de Barranquilla decidió también su expansión internacional a otros países como Ecuador, República Dominicana y Venezuela, expansión que se haría a través de otra filial, la Triple A Servicios. Para ello, utilizó 10,26 millones de dólares. Uno de los negocios salió mal, el de Venezuela. "Las pérdidas de la sucursal Triple A de Venezuela ascendieron a finales de 2002 a seis millones de dólares", señala el informe de PriceWaterHouse.

La Triple A Venezuela de Servicios Lassa había sido constituida en noviembre de 2000, y en julio de 2001 (Inassa ya negociaba con el Canal) esta sucursal firmó un contrato para "la operación, mantenimiento, comercialización y transferencia de servicios de agua potable y saneamiento del estado de Zulia". La compañía inició estas operaciones en agosto de 2001, pero en agosto de 2002 (ya con el Canal como socio mayoritario de Inassa) se canceló el contrato. "Debe resaltarse que estas pérdidas no fueron asumidas por la Triple A de Barranquilla, ya que las asumió Inassa a través de una ampliación de capital en octubre de 2002".

Es decir, que los socios españoles del Canal, recién desembarcados en Inassa tras comprar el 75% en noviembre de 2001, tuvieron que pagar nada más llegar los negocios fallidos de sus predecesores. En su escrito de alegaciones nada más ser imputado, Gallardón ha defendido que la compra de Inassa bajo su mandato se hizo correctamente y que no hubo sobreprecio en la operación, aunque la Fiscalía cree que se pagaron 60 millones de euros de más.

El ex presidente regional y algunos de sus exconsejeros, también imputados, alegan además que el informe de Cuatrecasas que encargó su sucesor Ignacio González está manipulado para inculparles irregularidades en esta operación. Por ejemplo, Pedro Calvo (que presidió el Canal) señala que al final se abonó por Inassa 19 millones de dólares menos que la valoración más baja hecha por varios consultores. Del informe de PriceWaterHouse no hablan. Este revela claramente que el comprador (en este caso la Comunidad de Madrid a través del Canal) no estuvo especialmente diligente a la hora de analizar los factores de riesgo de la empresa que quería adquirir.

Madrid

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