La aventura americana de Gallardón cierra una semana aciaga para el PP de Madrid

"No encuentro ni un solo motivo de reproche en nada de lo que hizo el Canal de Isabel II". La frase la soltó el pasado mes de diciembre Alberto Ruiz-Gallardón cuando desfiló por la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid para explicar por qué el Gobierno que él presidía decidió en el año 2001 que la mayor empresa pública de Madrid debía iniciar sus aventuras empresariales al otro lado del Atlántico. "Me siento orgulloso", sentenció. Cuatro meses después, el juez instructor del caso Lezo, Manuel García Castellón, no piensa igual y ha decidido citarle en calidad de investigado para que explique con más detenimiento los pormenores de esa operación. Se le acusa de los delitos de prevaricación y malversación.

La imputación de Gallardón completa una semana negra para el PP de Madrid tras la decisión (forzada) de Cristina Cifuentes de abandonar la presidencia regional, acorralada por el caso máster y abochornada tras la publicación del vídeo hurtando dos cremas para la piel. La presidencia de la Comunidad está maldita, judicialmente hablando. Solo el socialista Joaquín Leguina se salva de la quema. Gallardón imputado. Su sucesora, Esperanza Aguirre, investigada oficiosamente en dos piezas del caso Lezo y el caso Púnica. El sucesor de esta, Ignacio González, imputado también en Lezo. Y Cifuentes, con el futuro político arruinado y a la espera de que la Fiscalía decida si la imputa o no en otra pieza del caso Púnica.

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Junto a Gallardón han sido imputados uno de sus más estrechos colaboradores, Manolo Cobo, que en 2001 era consejero de Presidencia; y Carlos Mayor Oreja, entonces consejero de Educación. En diciembre la Audiencia Nacional ya citó como investigados (la nueva figura jurídica de la imputación) a 24 personas relacionadas con lo que ya se ha bautizado como primer pelotazo del Canal en Sudamérica, la compra de la filial Inassa. Entre los citados de diciembre están el actual presidente de Adif, Juan Bravo (entonces consejero de Hacienda), y Pedro Calvo (exconsejero de Medio Ambiente).

Es decir, ya están imputados (de momento) cinco de los 12 miembros del consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid que ratificó la operación de compra de Inassa el 29 de noviembre de 2001. La Fiscalía Anticorrupción atribuye un importante sobrecoste a la adquisición, al tiempo que sospecha que todo se fraguó sin la transparencia correcta, sin un marco legal adecuado, con un único licitante y con pagos realizados a través de un paraíso fiscal, Panamá. El prefacio de la historia sigue siendo la conversación grabada a Ignacio González, que sentenció: "Alberto Ruiz-Gallardón hizo una operación, no sé si estaba Alberto pero desde luego su gente sí, compraron por 100 millones una sociedad que no valía ni 30" .

Inassa es la matriz del Canal de Isabel II en Sudamérica, de la que llegaron a colgar societariamente una veintena de filiales en varios países, como Colombia, México, Ecuador, Brasil o República Dominicana. ¿Cómo se adquirió? A través de una empresa vehículo creada a tal efecto, Canal Extensia, que compró el 75% de Inassa por 73 millones de dólares (83 millones de euros). El otro 25% era de Técnicas Valencianas del Agua (Tecvasa). Pero el Canal (a través de Extensia) no compró directamente Inassa, sino que tuvo que adquirir la empresa panameña que tenía el 75% de las acciones de Inassa, la firma SAA. Una vez hecha la operación, SAA se liquidó. Canal Extensia pagó 10 millones de dólares en diciembre de 2001, 61,5 millones en febrero de 2002 y 1,5 millones en diciembre de 2002. No fue el único desembolso. Dos meses antes, en octubre de 2002, el Canal realizó una ampliación de capital en Inassa por otros 13,7 millones. Es decir, que la operación costó a las arcas públicas madrileñas 97,3 millones de euros.

Inassa (Interamericana de Aguas y Servicios SA) se constituyó en Colombia en septiembre de 1996, aunque el embrión de esta compañía, la Triple A, llevaba desde 1991 gestionando el agua potable de la ciudad de Barranquilla. El primer socio español de Inassa fue una empresa catalana, el Grupo Aguas de Barcelona (Agbar), que tenía el 51% de la compañía. Agbar decidió vender su participación en el año 2000 por 6,8 millones de dólares (7,19 millones de euros). El comprador de las acciones fue la empresa panameña Sociedad de Aguas de América (SAA). Es decir, que el 50% de la empresa se vendió por 7 millones y el Canal compró un año después el 75% por 83 millones de euros (que se fueron a 97 millones).

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Aguas de América (SAA) fue constituida por el bufete de abogados Obaldía & García de Paredes el 2 de marzo de 2000 y fue disuelta el 21 de febrero de 2002, circunscribiendo curiosamente las fechas de actividad al periodo de tiempo comprendido entre la compra de Inassa a la empresa catalana Agbar y su posterior venta a Canal Extensia. Entre los directivos de SAA están Álvaro Díaz Merediz, Carlos Alberto de Obaldia, José Ramón García de Paredes, Kira Ivette Degracia y Violeta Annet Holness, "todos ellos miembros del despacho de abogados, en lo que parece ser un ardid para la ocultación de los verdaderos accionistas y receptores del dinero público presuntamente desviado", ha explicado Anticorrupción.

En su intervención en la Asamblea, Gallardón defendió que un informe de Garrigues, "uno de los juristas más prestigiosos", avaló esa operación. "Por tanto me parece correcto y legal. Y siendo legal y beneficioso para los madrileños, me parece ético". Aunque dejó claro que nunca supo que para comprar Inassa el Canal tenía que adquirir antes una empresa en Panamá, un paraíso fiscal. "Nunca lo supe, pero si se me hubieran dado entonces todas las explicaciones que se han dado en esta comisión, hubiera aprobado la misma compra".