83 M por una firma que costó 7,1 M un año antes

El fiscal ve 66 millones de "plusvalías ilícitas" en el pelotazo del Canal en la era Gallardón

Los investigadores dilucidan ahora si la compra de la filial colombiana Inassa en 2001 fue una decisión que se tomó "de arriba hacia abajo" y si "se gestó en el consejo de gobierno"

Foto: Alberto Ruiz-Gallardón. (EFE)
Alberto Ruiz-Gallardón. (EFE)

El primer pelotazo del Canal de Isabel II al otro lado del Atlántico, la compra de la empresa colombiana Inassa en el año 2001, pudo generar una "ilícita plusvalía a costa del erario de la Comunidad de Madrid" que rondaría los 66 millones de euros. Así lo cree la Fiscalía Anticorrupción, que sigue avanzando en su investigación sobre esta operación que se fraguó bajo la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón en la presidencia del Gobierno regional. Fuentes cercanas al caso señalan que hay indicios de que la compra de Inassa fue una decisión que se tomó "de arriba hacia abajo" y que "se gestó en el consejo de gobierno".

Como ya adelantó El Confidencial, la Audiencia Nacional ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que identifique a los miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid que a finales del año 2001 autorizaron la compra de Inassa, la operación que supuso la primera aventura del Canal de Isabel II en Sudamérica. La Comunidad de Madrid, presidida por Alberto Ruiz-Gallardón, pagó 73 millones de dólares (entonces 83 millones de euros) por una firma que había costado un año antes 10 veces menos, 6,8 millones de dólares (7,19 millones de euros). Un auténtico pelotazo para los vendedores y una operación cuanto menos dudosa para los compradores.

La Fiscalía habla de "falta de control y opacidad". No hay que olvidar que los investigadores tienen en su poder comprometedoras grabaciones de los cabecillas de la trama Lezo, el ex presidente regional Ignacio González y el expresidente de Inassa Edmundo Rodríguez, que señalaron en conversaciones grabadas por la UCO que la compra de Inassa fue "un robo" millonario. Aunque González y Rodríguez no tuvieron nada que ver con esa operación (llegaron más tarde al Gobierno regional y al Canal), heredaron sus consecuencias, ya que las arcas públicas estuvieron pagando la compra de Inassa hasta el año 2012, desembolsando 7,7 millones como último pago del préstamo que BBVA y Caja Madrid concedieron en 2002 para financiar la adquisición de Inassa.

Esta compra está incluida en una de las seis piezas del caso. Y lo está porque los fiscales reclamaron en noviembre de 2016, tras escuchar estas conversaciones, una ampliación de su querella inicial, que giraba únicamente sobre las irregularidades del Canal cometidas bajo el mandato de González (2003-2015), primero como vicepresidente del Gobierno regional y después como presidente. Este se quejó de haber heredado de su predecesor, Ruiz-Gallardón, asuntos sucios, y lamentaba que ese regalo envenenado acabara perjudicándole. "Cuando llegué, me tuve que comer todos los marrones", entre los que figuraba la compra de Inassa, que se cerró oficialmente el 13 de diciembre de 2001. "Eso sí que fue un pelotazo…", describe González. La ampliación de la querella por parte de la Fiscalía interrumpió la prescripción de los delitos de malversación de caudales públicos y organización criminal que los investigadores vinculan en esta parte del caso. El juez ve indicios de "compra fraudulenta y supuesta malversación".

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, el día en que fue detenido. (EFE)
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, el día en que fue detenido. (EFE)

Los investigadores están tratando ahora de delimitar quiénes fueron los responsables de la compra. Lo que está claro para la Fiscalía es que hubo una "situación de impunidad" que solo fue posible "con la connivencia a un máximo nivel dentro de la comunidad autónoma". Aparte del presidente Ruiz-Gallardón, había otros 11 consejeros, tres mujeres y ocho hombres, en el consejo de gobierno que autorizó la compra. Se trata de Luis Eduardo Cortés, Carlos Mayor Oreja, Manuel Cobo, Juan Bravo (hoy presidente de la empresa pública Adif), Paz González, Luis Peral, Pedro Calvo, Alicia Moreno (hoy gerente del Teatro de la Abadía), José Ignacio Echániz (hoy diputado nacional por el PP), Pilar Martínez y Luis Blázquez. En diciembre de 2001, el presidente del Canal era el consejero Pedro Clavo y el director gerente de la empresa pública, Arturo Canalda, hoy presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid.

Canalda también era en esos momentos presidente de Canal Extensia, la sociedad vehículo que creó el Canal para comprar Inassa. Los apoderados de Extensia que firmaron la compra fueron Salvador Cardona y Juan Pablo López Heras. Los investigadores también tienen sobre la mesa el nombre de Francisco Olmos, un hombre clave en la operación, que durante todo el proceso estuvo en la parte vendedora y luego en la compradora. En lo que se refiere al consejo de gobierno presidido por Gallardón, fuentes cercanas al caso creen que "adoptó un acuerdo indiciariamente irregular, que evidencia cierta ligereza o laxitud, carente de justificación tanto desde el punto de vista de la Administración pública como desde la óptica puramente económica o mercantil". La Comunidad de Madrid "asumió un compromiso de gasto millonario" siguiendo "unos cauces anómalos con la creación de una sociedad vehículo, Canal Extensia".

Una operación en paraísos fiscales

Inassa (Interamericana de Aguas y Servicios SA) se constituyó en Colombia en septiembre de 1996, aunque el embrión de esta compañía, la Triple A, llevaba desde 1991 gestionando el agua potable de la ciudad de Barranquilla. El primer socio español de Inassa fue una empresa catalana, el Grupo Aguas de Barcelona (Agbar), que tenía el 51% de la compañía. Agbar decidió vender su participación en el año 2000 por 6,8 millones de dólares (7,19 millones de euros). El comprador de las acciones fue la empresa panameña Sociedad de Aguas de América (SAA). Esta última firma pertenecía a su vez a la sociedad uruguaya Stanke Investment, cuyo accionista era Francisco Olmos, el representante de Agbar en Inassa. Es decir, que Agbar vendió el 51% que tenía de Inassa a uno de sus directivos, que se había aliado a su vez con algunos empresarios colombianos.

SAA, nuevo dueño mayoritario de Inassa, enseguida buscó nuevos socios en España: el Canal de Isabel II, que se alió con Técnicas Valencianas del Agua (Tecvasa). Ambas decidieron crear una sociedad vehículo, bautizada Canal Extensia, para comprar Inassa y empezar el desembarco madrileño en Colombia, puerta de acceso a otros futuros negocios en Sudamérica. El Canal tenía el 75% de Extensia y Tecvasa, el otro 25%. El 14 de noviembre de 2001, el consejo de administración de Canal acordó la compra de Inassa y ese mismo día se decidió también que se hiciera a través de Canal Extensia, que se constituiría el 5 de diciembre. El 13 de diciembre, Canal Extensia compraba el 75% de Inassa por 73 millones de dólares (83 millones de euros). El consejo de gobierno de la comunidad, presidido por Gallardón, había ratificado toda la operación el 29 de noviembre.

Edmundo Rodríguez Sobrino, detenido y considerado hombre fuerte de Ignacio González en Sudamérica.
Edmundo Rodríguez Sobrino, detenido y considerado hombre fuerte de Ignacio González en Sudamérica.

El Canal (a través de Extensia) compró SAA para hacerse con sus acciones de Inassa. Una vez hecha la operación, SAA se liquidó. Canal Extensia pagó 10 millones de dólares en diciembre de 2001, 61,5 millones en febrero de 2002 y 1,5 millones en diciembre de 2002. No fue el único desembolso. Dos meses antes, en octubre de 2002, el Canal realizó una ampliación de capital en Inassa por otros 13,7 millones de euros. Es decir, que la operación costó a las arcas públicas madrileñas 97,3 millones de euros. Esta "doble venta", primero de SAA para adquirir Inassa, "pudo generar en un espacio temporal inferior al año, una ilícita plusvalía a costa del erario de la Comunidad de Madrid de 66 millones de euros", según valoraciones de la Fiscalía.

La UCO ya sabe que Aguas de América (SAA) fue constituida por el bufete de abogados Obaldía & García de Paredes el 2 de marzo de 2000 y que fue disuelta el 21 de febrero de 2002, "circunscribiendo curiosamente las fechas de actividad al periodo de tiempo comprendido entre la compra de Inassa a la empresa catalana Agbar y su posterior venta a Canal Extensia". Entre los directivos de SAA están Álvaro Díaz Merediz, Carlos Alberto de Obaldia, José Ramón García de Paredes, Kira Ivette Degracia y Violeta Annet Holness, "todos ellos miembros del despacho de abogados, en lo que parece ser un ardid para la ocultación de los verdaderos accionistas y receptores del dinero público presuntamente desviado".

La Fiscalía también incluye en esta operación de 2001 a Ignacio González (que llegó a la comunidad en 2003) y a Edmundo Rodríguez (que llegó a la presidencia de Inassa en 2006) "mediante el conocimiento total de la operación fraudulenta que ocultaron y permitieron el pago de dicha operación con fondos públicos hasta el año 2012. Presuntamente, Alberto Ruiz-Gallardón tuvo el control de la adquisición fraudulenta y, de algún modo, estableció un pacto de silencio y cooperación con Ignacio González". Está claro que este último conocía los pormenores de la operación iniciada por Gallardón, ya que "ordenó una investigación forense al despacho de abogados Cuatrecasas, investigación que, al decir del propio Ignacio González, fue más que concluyente en relación al fraude cometido".

Fuentes cercanas al caso se preguntan por qué González, "lejos de realizar lo que se espera de un servidor público, es decir, proceder a la denuncia de los hechos, lo ocultó y continuó abonando con dinero público las cuotas del préstamo que se concertó" para comprar Inassa. Los investigadores están tratando de dilucidar ahora si González actuó así por "la connivencia que tenía con los responsables públicos que decidieron la compra de Inassa". El propio González sitúa al frente de ellos a Alberto Ruiz-Gallardón y a "su gente". También si esa connivencia pudo reportar a González "beneficios económicos o políticos" y si la oportunidad de negocio que el propio González apreció en la compra de Inassa la repitió años después, en 2013, con la compra de la sociedad brasileña Emissâo, que también se investiga.

Madrid

El redactor recomienda

Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
4 comentarios
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios