Domingo de Pasión: Gallardón citó en casa a su equipo para expiar los pecados del Canal

Fue un domingo. Por la mañana. Entre finales de abril y principios de mayo de este año. El expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón decidió reunir a su núcleo duro, a su equipo de confianza, para mantener un encuentro urgente y analizar todos juntos por qué la Fiscalía Anticorrupción, en colaboración con la UCO, lleva meses investigando la primera compra que bajo su mandato hizo el Canal de Isabel II al otro lado del Atlántico, la adquisición de la empresa Inassa a finales del año 2001. La cita se produjo en el domicilio del también exministro de Justicia y exalcalde de Madrid, muy cerca de la plaza de Alonso Martínez.

A ella acudieron los dos expresidentes del Canal que gestionaron esa aventura empresarial en Colombia, los exconsejeros Pedro Calvo y Carlos Mayor Oreja. También estuvieron presentes Juan Bravo (exconsejero de Hacienda y hoy presidente de Adif) y Manolo Cobo, la mano derecha de Gallardón en muchos de sus gobiernos. Aunque la voz cantante la llevó Arturo Canalda, actualmente presidente de la Cámara de Cuentas pero entonces director gerente del Canal, que es quien conserva más documentación e información sobre este tema.

TE PUEDE INTERESAR

La UCO pidió intervenir el 'mail' de Gallardón días antes de que estallara Lezo

Beatriz Parera Roberto R. Ballesteros David Fernández

Gallardón y su equipo están preocupados. Son conscientes de que tarde o temprano la Audiencia Nacional les va a citar como investigados (la nueva figura jurídica de la imputación) para que se expliquen. Para algunos de ellos este momento les va a suponer un duro golpe personal. Bravo y Canalda ocupan cargos públicos. Este último llevó la voz cantante en la reunión, ya que es él quien tiene los datos más frescos sobre una operación que se fraguó hace 17 años. Todos están convencidos de que se actuó conforme a la legalidad y que, si hubo alguna irregularidad, esta se produjo porque no les trasladaron toda la verdad.

El caso Lezo estalló el 19 de abril con la detención del también expresidente madrileño Ignacio González. Un día después El Confidencial publicó que la UCO no solo se centraba en la época de González sino que además investigaba la primera compra del Canal en Sudamérica, la adquisición de la colombiana Inassa a finales de 2001. "Se había tomado la decisión de invertir en el extranjero. Y equipos técnicos del Canal trabajaron en varias opciones. Hubo un alternativa en Cuba, que se desechó, y al final se optó por Colombia", destacan fuentes de la dirección del Canal en esa época.

El Gobierno regional de Gallardón y el Canal de Isabel II decidieron entonces que una empresa vehículo, bautizada Canal Extensia, fuera quien ejecutara la compra de Inassa. En septiembre de 2001, tras un pequeña crisis de Gobierno, el Canal pasó a depender de la Consejería de Medio Ambiente, y la presidencia de la empresa pública pasó a manos de Pedro Calvo. El 14 de noviembre de ese año, el consejo de administración del Canal acordaba la creación de Canal Extensia, y un mes después, el 13 de diciembre, Canal Extensia compraba el 75% de Inassa por 73 millones de dólares (83,6 millones de euros), 10 veces más de que lo que habían pagado un año antes los socios colombianos por un 49% de las acciones.

Canal Extensia pagó 10 millones de dólares ese mismo mes, 61,5 millones en febrero de 2002 y 1,5 millones en diciembre de 2002. No fue el único desembolso. Dos meses antes, en octubre de 2002, el Canal realizó una ampliación de capital en Inassa por otros 13,7 millones de euros. Es decir, que la operación costó a las arcas públicas madrileñas 97,3 millones de euros. Inassa era titular en esos momentos del 60,4% de la Triple A de Barranquilla, que a su vez tenía participaciones en otras nueve compañías, y del 51% de Watco Dominicana, otra firma en República Dominicana.

TE PUEDE INTERESAR

Suiza rastrea si Gallardón se enriqueció con el primer pelotazo del Canal

Beatriz Parera David Fernández

La Fiscalía cree que se cometieron bastantes irregularidades en esta operación. El ministerio público habla de "falta de control y opacidad". En sus escritos, señala que la operación de Inassa pudo generar una "ilícita plusvalía a costa del erario de la Comunidad de Madrid" que rondaría los 66 millones de euros. Una decisión que se tomó "de arriba hacia abajo" y que "se gestó en el Consejo de Gobierno", que pudo adoptar "un acuerdo indiciariamente irregular, que evidencia cierta ligereza o laxitud, carente de justificación tanto desde el punto de vista de la Administración pública como desde la óptica puramente económica o mercantil". La Comunidad de Madrid "asumió un compromiso de gasto millonario" siguiendo "unos cauces anómalos con la creación de una sociedad vehículo, Canal Extensia".

El ministerio público ya pidió a la UCO que identificara a todos los miembros del Consejo de Gobierno, del consejo de administración del Canal y del consejo de Canal Extensia que propiciaron esta operación. Un listado en el que aparecen unos 30 nombres. La Fiscalía tendrá que decidir ahora si los cita como investigados a todos o solo a aquellos que tuvieron un papel destacado. La imputación de Gallardón y de Canalda se da por hecho. Solo falta fijar la fecha. La cita en casa de Gallardón se centró sobre todo en determinar si el precio de compra de Inassa estaba inflado. ¿Pudo servir para que todas fijarán una unidad de discurso si les llama el juez?

Canalda dio las mismas explicaciones que por esas fechas ofreció a la Asamblea de Madrid cuando le llamaron a comparecer: que tres valoraciones distintas cifraron entre los 117 y los 129 millones de dólares el valor de Inassa en el año 2001. "No sé de donde ha salido que valía menos", señaló. El entorno de Gallardón asegura que la Fiscalía no va a encontrar nada en sus pesquisas en Suiza. Y se muestra tranquilo. En una primera fase, los investigadores han examinado las cuentas y negocios en España del exministro. Tras analizar sus declaraciones tributarias e información bancaria y financiera, no han hallado indicios de irregularidad alguna. Ahora hay que esperar a los resultados de las comisiones rogatorias en el país helvético.