Suiza rastrea si Gallardón se enriqueció con el primer pelotazo del Canal

Suiza busca el rastro del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón en su territorio en vinculación con la operación Lezo. Fuentes del caso han confirmado a El Confidencial que las autoridades helvéticas han iniciado pesquisas para tratar de acreditar si el también expresidente de la Comunidad de Madrid o personas de su entorno político obtuvieron beneficios tras la compra en el año 2001 de Inassa, la filial sudamericana del Canal de Isabel II. Como ya publicó este diario, este primer pelotazo del Canal al otro lado del Atlántico pudo generar una "ilícita plusvalía a costa del erario público" que rondaría los 66 millones de euros.

La adquisión de Inassa actuó como una compuerta cuya apertura dio inicio al saqueo del Canal. Los investigadores consideran que esta línea de actuación ilícita se inició antes de la llegada al Ejecutivo madrileño del considerado cabecilla de la red, Ignacio González. Esta primera operación sudamericana salpica directamente al consejo de gobierno que autorizó esta aventura empresarial, lanzada bajo la presidencia del que fuera también alcalde de la capital. La Justicia trata ahora de acreditar el grado de implicación de Gallardón en esta operación presuntamente fraudulenta.

En una primera fase, los investigadores han examinado las cuentas y negocios en España del exministro. Tras analizar sus declaraciones tributarias e información bancaria y financiera, no han hallado indicios de irregularidad alguna, precisan las fuentes consultadas. Las pesquisas en Suiza servirán para confirmar o descartar la vinculación del expresidente madrileño con la compra de 2001 y el hipotético destino de esas plusvalías ilícitas que Anticorrupción valora en 66 millones de euros.

El Ministerio Público no ha reclamado en este punto de la investigación la imputación de Ruiz-Gallardón. Sí le considera, no obstante, "objeto del procedimiento" que se abrió con la detención el pasado 20 de abril de Ignacio González y otras 11 personas. Entre los registros desarrollados el día que estalló el operativo, se incluyó el de la sede de Inassa tras un tira y afloja con el entonces fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, que quiso dejar fuera del ámbito de la operación esta entrada y registro.

No solo no lo logró sino que el Juzgado Central de Instrucción 6 ya ha abierto una pieza separada en la que ha tramitado una comisión rogatoria. Se reclaman datos sobre las cuentas y folletos de apertura de depósitos, los apoderados, extractos, relación de ingresos, transferencias y extracciones con las que cuenten los suizos en relación con la compra de Inassa. Los resultados de estas comprobaciones serán clave para determinar el futuro legal del exministro. Como también adelantó El Confidencial, la Audiencia Nacional solicitó a la Guardia Civil que identifique a los miembros del Gobierno que a finales del año 2001 autorizaron la compra de Inassa.

La Comunidad de Madrid, presidida entonces por Alberto Ruiz-Gallardón, pagó 73 millones de dólares (entonces 83 millones de euros) por una firma que había costado un año antes 10 veces menos, 6,8 millones de dólares (7,19 millones de euros). Un auténtico pelotazo para los vendedores y una operación cuanto menos dudosa para los compradores. No hay que olvidar que los investigadores tienen en su poder comprometedoras grabaciones de Ignacio González y del expresidente de Inassa Edmundo Rodríguez que explican que la compra de Inassa fue "un robo" millonario. Aunque González y Rodríguez no tuvieron nada que ver con esa operación (llegaron más tarde al Gobierno regional y al Canal), heredaron sus consecuencias, ya que las arcas públicas estuvieron pagando la compra de Inassa hasta el año 2012, desembolsando 7,7 millones como último pago del préstamo que BBVA y Caja Madrid concedieron para financiar la adquisición de Inassa.

Una operación en paraísos fiscales

Inassa (Interamericana de Aguas y Servicios SA) se constituyó en Colombia en septiembre de 1996, aunque el embrión de esta compañía, la Triple A, llevaba desde 1991 gestionando el agua potable de la ciudad de Barranquilla. El primer socio español de Inassa fue una empresa catalana, el Grupo Aguas de Barcelona (Agbar), que tenía el 51% de la compañía. Agbar decidió vender su participación en el año 2000 por 6,8 millones de dólares (7,19 millones de euros) a la empresa panameña Sociedad de Aguas de América (SAA), que enseguida buscó nuevos socios en España.

Los encontró en el Canal de Isabel II, que se alió con Técnicas Valencianas del Agua (Tecvasa) para crear una sociedad vehículo, bautizada Canal Extensia, y comprar Inassa, iniciando el desembarco madrileño en Colombia. El Canal tenía el 75% de Extensia, y Tecvasa, el otro 25%.

El 14 de noviembre de 2001, el consejo de administración del Canal acordó la compra del 75% de Inassa por 73 millones de dólares (83 millones de euros). El consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Ruiz-Gallardón, ratificó toda la operación el 29 de noviembre.

El Canal (a través de Extensia) compró SAA para hacerse con sus acciones de Inassa. Una vez hecha la operación, SAA se liquidó. Canal Extensia pagó 10 millones de dólares en diciembre de 2001, 61,5 millones en febrero de 2002 y 1,5 millones en diciembre de 2002. No fue el único desembolso. Dos meses antes, en octubre de 2002, el Canal realizó una ampliación de capital en Inassa por otros 13,7 millones de euros. Es decir, que la operación costó a las arcas públicas madrileñas 97,3 millones de euros. Esta "doble venta", primero de SAA para adquirir Inassa, "pudo generar en un espacio temporal inferior al año, una ilícita plusvalía a costa del erario de la Comunidad de Madrid de 66 millones de euros", según las valoraciones de la Fiscalía.