hay una decena de sociedades en suramérica

El Canal pagará hasta un 3% al consultor que le ayude a deshacerse de sus filiales

El consejo de administración ya ha aprobado la contratación de una asesor financiero que pilote el proceso de desinversión. La Comunidad no quiere tener negocios fuera de España

Foto: Cristina Cifuentes con el actual director general del Canal, Rafael Prieto. (EFE)
Cristina Cifuentes con el actual director general del Canal, Rafael Prieto. (EFE)

El Gobierno regional que preside Cristina Cifuentes ha iniciado el proceso para deshacerse de todas las filiales que el Canal de Isabel II, la mayor empresa pública de la Comunidad de Madrid, tiene en Suramérica. La operación Lezo, que ha puesto en la picota judicial y mediática muchas de las operaciones del Canal al otro lado del Atlántico, ha motivado la decisión del Ejecutivo autonómico, que prefiere que la empresa que gestiona el agua de los madrileños centre sus negocios en España. Este proceso será largo, durará aproximadamente un año, y tendrá obviamente un coste, ya que la comunidad ha decidido contratar asesores externos para que ayuden en este proceso de desinversión.

El Consejo de Administración del Canal ya ha aprobado la licitación para contratar a este asesor, siguiendo así "lo establecido en la ley de pérdidas de participación mayoritaria y las recomendaciones que hace el Consejo Consultivo de Privatizaciones, que establece un cuaderno de buenas prácticas para que este proceso se haga con la máxima transparencia", señalan fuentes de la dirección del Canal. Es el primer paso para intentar deshacerse de la decena de filiales que aún mantiene la empresa pública en Colombia, Brasil, República Dominicana y Ecuador, y que facturan al año unos 300 millones de dólares y dan trabajo casi a 4.000 trabajadores.

Se trata de Inassa (Colombia), la matriz de la que cuelgan el resto de sociedades: la Triple A de Barranquilla, Recaudos & Tributos, Gestión Integral de Suministrios, Amérika Tecnologías de la Comunicación, y Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado ASAA (las cinco en Colombia), Amagua (Ecuador), la Triple A Dominicana (República Dominicana) y Emissao (Brasil). En el listado también figura Metroagua, en Colombia, de la que el Canal (a través de Inassa) tiene el 35,8%. El contrato de concesión entre la alcaldía de Santa Marta y el Canal venció el pasado 17 de abril. La ciudad colombiana, que tiene otro 28,1% de las acciones, no quería que el Canal siguiera gestionando el contrato y se lo traspasó a un grupo francés. Ahora la Comunidad de Madrid litigará para reclamar a la alcaldía entre seis y diez millones de euros (aún está estudiando la cantidad) como indemnización por las inversiones realizadas entre 2012 y 2016.

El Canal llegó a Suramérica en el año 2001 comprando Inassa, cuando el presidente regional era Alberto Ruiz-Gallardón. La Comunidad pagó 83 millones de euros cuando los vendedores habían adquirido la sociedad un año antes por ocho. La última operación se realizó a finales de 2013, con la compra de la brasileña Emissao. Como adelantó en exclusiva El Confidencial, el Gobierno regional presidido por Ignacio González (hoy en prisión) pagó 68 millones de reales brasileños (21,4 millones de euros) por esta compañía, que un año después tenía un valor contable de solo cinco millones de euros, cuatro veces menos. Ambas transacciones, la de Inassa (la primera) y la de Emissao (la última), están incluidas en una de las seis piezas en las que la Audiencia Nacional ha dividido el caso Lezo.

Edmundo Rodríguez Sobrino, uno de los detenidos en la operación Lezo y expresidente de Inassa. EFE
Edmundo Rodríguez Sobrino, uno de los detenidos en la operación Lezo y expresidente de Inassa. EFE

El nuevo asesor contratado por el Canal acompañará al ente público en todo el proceso de desinversión de las filiales. Su principal labor será la de analizar la mejor forma de deshacerse de esta decena de sociedades. Todas dependen de Inassa, y esta de Canal Extensia, que a su vez depende del Canal. "Hará un análisis de oportunidad. Si es mejor vender empresa a empresa, colocar las acciones en Bolsa…", señalan las mismas fuentes. "Este tipo de asesores suelen ser las divisiones de banca mayorista de las grandes entidades, la banca de tipo medio que también suele tener una división parecida y 'boutiques' como JP Morgan o Rothschild. Vamos a convocar a las mejores de estos tres segmentos".

Obviamente, todo tiene un coste. "Este tipo de operaciones de asesoramiento oscilan entre el 1 y el 3% del valor de la venta". El Canal también tiene pensado contratar a otra compañía que ayude a valorar económicamente el precio de sus filiales. Es imprescindible que este último sea distinto al asesor financiero que diseñará y ejecutará el proceso de desinversión "para que no haya conflicto de intereses. Porque se puede dar el caso que el asesor trabaje para un potencial comprador en otro asunto". El Canal también necesita contar con los servicios de un consultor jurídico que le ayude a analizar la situación societaria real de todas las filiales. El trabajo final será diseñar un cuaderno de venta para presentar a los futuros y potenciales compradores. "Los interesados podrán acceder a una base de datos y hacer sus propias simulaciones de compra. Luego se abrirá un proceso de selección para los compradores que nos hagan una primera oferta no vinculante. Y finalmente entre todos los candidatos se hará una subasta". Un proceso complicado que durará, como mínimo, un año.

El Canal ha llegado a ser el dueño, al 100%, de seis empresas en Latinoamérica y a tener distintas participaciones en otras 14 sociedades. Cifuentes ya había decidido hace meses cerrar aquellas empresas con poco volumen de negocio y escasa plantilla, como las que tenía el Canal en México y Venezuela. Las sociedades que ya han sido liquidadas son: Watco en República Dominicana y su sucursal R y T (Resultado y Tecnología); las panameñas Triple AAA del Itsmo y R y T (otra sucursal); y la costarricense Inassa de Costa Rica. Ninguna tenía que ver con el ciclo del agua y alguna se dedicaba a asuntos tan distintos como la asesoría de consultoría de temas informáticos. Por su parte, están en proceso de liquidación la dominicana Inforesa, las mexicanas Inamex y Mexaqua y las venezolanas AAA Venezuela y AAA Servicios de Venezuela Lassa S.A. (Inassa Venezuela). Canal también ha liquidado ya desde Madrid R y T Dominicana, una empresa que ni siquiera se llegó a constituir.

El jueves pasado, en la Asamblea de Madrid, el grupo parlamentario popular, que dirige Cifuentes, decidió apoyar la proposición de ley presentada por Ciudadanos para garantizar el carácter público del Canal. Un texto distinto al que habían consensuado PSOE y Podemos, mucho más exigente. El objetivo es cambiar la ley de 2008 para cerrar la puerta a futuras privatizaciones. Canal seguirá siendo 100% pública y ninguno de sus socios (los ayuntamientos o la comunidad) podrá vender su participación a agentes privados. Además, el Gobierno regional nunca podrá tener una participación inferior al 51%.

La polémica defensa de tres ex directivos investigados

El PSOE en la Asamblea de Madrid acusó al Ejecutivo de Cifuentes de participar en un doble juego. Por un lado, presentándose como acusación en el caso Lezo, y por otro, pagando la defensa jurídica de tres de los investigados: la ex directora financiera María Fernanda Richmond (en prisión eludible bajo fianza de cuatro millones de euros), el exgerente Adrián Martín López de las Huertas, y el exdirector de recursos humanos Fernando José de Cevallos Aguarón. Este último es marido de Regina Plañiol, hoy diputada del PP en la Cámara madrileña.

El Gobierno regional asegura que no paga la defensa, sino que los tres han decidido acogerse a la póliza de responsabilidad civil y defensa jurídica que tienen todos los trabajadores del Canal, una póliza firmada en 1995 y que ahora tiene la aseguradora AON Gil y Carvajal. El seguro no cubre el depósito de fianzas penales. Ahora esta correduría debe analizar si acepta defender a los tres exdirectivos del Canal. Si finalmente lo hace y los tres fueran declarados culpables en un futuro con sentencia firme tendrían que abonar los gastos ocasionados a la aseguradora.

Madrid

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