La Audiencia evitó por un día la prescripción de irregularidades de la etapa Gallardón
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La Audiencia evitó por un día la prescripción de irregularidades de la etapa Gallardón

El Central 6 dictó un auto 24 horas antes de que se cumplieran 15 años de la compra de Inassa por Canal Extensia en 2001

placeholder Foto: Alberto Ruiz-Gallardón, Ignacio González y Ana Botella. (EFE)
Alberto Ruiz-Gallardón, Ignacio González y Ana Botella. (EFE)

El Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional salvó la investigación de los orígenes de la trama Lezo 'in extremis'. Las pesquisas sobre el inicio de la aventura empresarial del Canal de Isabel II en el extranjero, que arrancó en la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón al frente del Gobierno regional, se encuentran ahora bajo el foco del juez y la Fiscalía Anticorrupción gracias a un auto dictado sólo 24 horas antes de que prescribieran los delitos de malversación de caudales públicos y organización criminal que los investigadores vinculan a esta parte de la trama.

Según han informado a El Confidencial fuentes de la investigación, los fiscales encargados del caso reclamaron en noviembre de 2016 al Juzgado una ampliación de su querella inicial que giraba únicamente sobre irregularidades cometidas bajo la presidencia de Ignacio González en la Comunidad de Madrid. Faltaban pocos días para que se cumplieran 15 años de la compra del 75% de Interamericana de Aguas y Servicios SA (Inassa) y el contenido de una de las escuchas telefónicas que obran en el sumario dió la voz de alarma.

En ella González se quejaba de haber heredado de su predecesor asuntos sucios y lamentaba que ese regalo envenenado acabara perjudicándole. "Cuando llegué me tuve que comer todos los marrones", aseguraba en una de las conversaciones intervenidas. Uno de los 'marrones' a los que se refería era esta operación, cuya compra se cerró el 13 de diciembre de 2001, un mes después de que el consejo de administración del Canal de Isabel II acordara la creación de Canal Extensia, el vehículo que se empleó para ultimar la operación.

Según explican las citadas fuentes, el auto dictado entre ambos actos interrumpió la prescripción, pero no coincidía con la visión propuesta al juez por los fiscales Carlos Yañez y Carmen García. En él se decretaba la apertura de una pieza separada para investigar estos hechos con el criterio de que pese a que la compra sí tenía vínculos con el ente público de gestión de aguas, no estaba relacionada con Ignacio González, foco y centro de todo el resto del operativo de cobro masivo de comisiones.

Foto: Alberto Ruiz-Gallardón e Ignacio González.

La decisión provocó que la Fiscalía recurriera y obtuviera el respaldo de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal que dió por buena la ampliación del sumario a nuevos investigados del entorno del que fuera también ministro de Justicia.

La discrepancia se repite

Curiosamente, esta misma discrepancia jurídica se ha repetido meses más tarde en el seno de la Fiscalía Anticorrupción. El fiscal jefe Manuel Moix defendió frente a los encargados del caso que los registros relacionados con la compra de 2001 debían realizarse en otro bloque, de forma desvinculada a la investigación central sobre González. Yañez y García defendían que se incluyeran en el mismo paquete y lograron el apoyo de sus compañeros de plantilla en una junta celebrada horas antes de que estallara la Lezo.

Inassa existía desde 1996, cuando se creó en la ciudad colombiana de Barranquilla para llevar agua potable al municipio. Su primer socio español de Inassa fue una empresa catalana, el Grupo Aguas de Barcelona (Agbar), que tenía el 51% de la compañía. Agbar decidió vender su participación en el año 2000. El negocio, al parecer, no era rentable.

Foto: Alberto Ruiz-Gallardón visita las obras del centro acuático. (EFE)

Los socios colombianos que tenían el otro 49% decidieron adquirir el resto de Inassa a través de la Sociedad de Aguas de América. La compra se efectuó por siete millones de dólares (ocho millones de euros de la época). Pero Inassa enseguida encontró nuevos pretendientes. Empezó a negociar con el Gobierno regional, presidido entonces por Alberto Ruiz-Gallardón y con Carlos Mayor Oreja como presidente del Canal. Ambos decidieron que la comunidad debía crear una sociedad vehículo, bautizada Canal Extensia, para comprar Inassa y empezar el desembarco madrileño en Colombia, puerta de acceso a otros futuros negocios en Sudamérica.

Como ya publicó El Confidencial, la Comunidad de Madrid pagó 73 millones de dólares (entonces 83,6 millones de euros) por una sociedad que había costado un año antes poco más de siete millones de dólares (ocho millones de euros). Un auténtico pelotazo para los vendedores y una operación cuanto menos dudosa para el comprador.

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