Más de 25 millones de dólares de las arcas de Madrid acabaron en paraísos fiscales

La sospechosa compra que Inassa, la filial suramericana del Canal de Isabel II, realizó en el año 2013 para adquirir el 75% de la sociedad brasileña Emissao Engenharia e Construçoes SA Ltda costó "25 millones de dólares" (23,3 millones de euros) de dinero público a las arcas de la Comunidad de Madrid, asegura el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en sus primeros autos de prisión de dos de los detenidos de la Operación Lezo a los que ha tenido acceso El Confidencial. El magistrado asegura que la adquisición fue "hipervalorada ficticiamente" y da una importancia fundamental a la existencia de un informe de la auditora KPMG que indicaba discrepancias a la baja respecto a los cálculos estimados para la valoración del precio de compra de Emissao y otros riesgos potenciales.

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Velasco pone como ejemplo que Emissao estaba intervenida por empresas instrumentales cuyos titulares operaban en países opacos. A pesar de ello, y en contra de la opinión de los auditores independientes, la operación, que El Confidencial adelantó antes de que estuviera judicializada, continuó adelante. El auto indica que la exdirectora financiera del Canal María Fernanda Richmond y el ex gerente Adrián López pasaron los fondos desviados a cuentas bancarias en paraísos fiscales "con la consiguiente desaparición del patrimonio de la empresa pública" y enriqueciendo, injustamente, a determinadas personas: los participantes directos del pufo y otros que intermediaron y eran afines. La Audiencia Nacional también ha ordenado la detención del vendedor, el empresario brasileño Sebastiao Cristovam.

Las principales irregularidades detectadas, destaca el auto, son que la operación no contaba con autorización del Consejo de Gobierno ni existían razones económicas para llevarla a cabo. También que la empresa se adquirió a través de un entramado societario opaco y que se modificó el porcentaje de compra prevista inicialmente sin autorización, del 40% al 75% de Emissao.

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"Se renunció a un aval de tres millones de euros para contingencias sin justificación alguna y sin autorización", agrega el juez. Tampoco hubo valoración independiente, permiso de la Consejería de Hacienda y existía un informe de la auditora KPMG "que debió llevar a la paralización inmediata" de la operación. Los pagos se realizaron en cuentas corrientes bancarias no autorizadas y en paraísos fiscales. El auto destaca la especial "formación" de Richmond en asuntos económicos que apunta a su conocimiento del contenido de la operación.

"El informe de KPMG debería haberla obligado a tomar algún tipo de decisión respecto a plantear las deficiencias del proyecto de compra de Emissao", dice. Agrega que llevó a cabo una duplicidad de funciones y solicitó a Canal Extensia, en representación de Soluciones Andinas, el desembolso de 12 millones y medio de dólares mientras autorizaba la compra. Canal de Isabel II creó en diciembre de 2001 Canal Extensia, que a su vez adquirió el 81,24% de Inassa (Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios SA), con sede en Barranquilla (Colombia). En 2013, Canal Extensia e Inassa "constituyeron la Sociedad Soluciones Andinas de Aguas SRL", con domicilio social en Montevideo, Uruguay.