Cristina Cifuentes se arriesga a ser imputada en Púnica si deja el escaño

Cristina Cifuentes se va de la presidencia de la Comunidad de Madrid pero se resiste a abandonar su escaño. Además de garantizarle un sitio en la Asamblea su puesto de diputada lleva aparejada otra ventaja. Como aforada, la ya ex máxima responsable madrileña no puede ser investigada por la Audiencia Nacional ni por ningún otro tribunal que no sea el Superior de Justicia comunitario. La pérdida del fuero la pone en riesgo de ser imputada en la causa sobre la trama Púnica y, en concreto, por el caso de adjudicación de las cafeterías de la sede del Gobierno regional.

Fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial dan por hecho que sin el paraguas de esta protección especial, la imputación de Cifuentes se precipitaría. Aseguran que esa parte del procedimiento está tan avanzada que lo único que impide que se la cite es la obligación de remitir al tribunal competente una exposición razonada que agrupe los hechos delictivos que existen contra ella en grado indiciario.

La motivación de ese auto debe estar especialmente razonada como única vía para evitar precedentes como el ocurrido con la senadora del PP Pilar Barreiro, investigada en otra pieza del mismo sumario. En el caso de la edil de la Cámara Alta, ahora en el Grupo Mixto, la Fiscalía pidió al Tribunal Supremo el archivo de las actuaciones al no apreciar indicios firmes de su implicación en el desvío de fondos para sufragar un contrato de mejora de su reputación 'online'.

Hace ahora un año la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluyó en un demoledor informe que la presidenta regional pudo cometer delito en la adjudicación de un contrato adjudicado al empresario Arturo Fernández en la Asamblea de Madrid. "Los elementos probatorios puestos de manifiesto en el presente informe policial y relativos a los hechos descritos en el mismo, podrían ser constitutivos de la comisión de los supuestos delitos de prevaricación continuada y cohecho. En relación a lo anteriormente citado se aprecia la presunta participación de Cristina Cifuentes y otras tres personas", decían los investigadores.

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Cifuentes presidió la mesa de contratación, como vicepresidenta de la Cámara madrileña entre los años 2007 y 2012, que la Asamblea de Madrid adjudicó en el año 2011 al Grupo Cantoblanco, la empresa de hostelería de Arturo Fernández, exvicepresidente de la CEOE y expresidente de la patronal madrileña. El juez Eloy Velasco, entonces titular del Juzgado Central de Instrucción 6, vio indicios de que esa adjudicación pudo estar amañada. A cambio, el empresario donó dinero al partido. En la declaración de Fernández, Velasco le preguntó por su relación con Cifuentes.

La UCO halló elementos que apuntan a que Arturo Fernández habría colaborado en la financiación ilegal del PP de Madrid a cambio de conseguir las concesiones del servicio de hostelería del Parlamento autonómico. Las pesquisas se centran en el periodo 2007-2013, durante el que el Partido Popular controló de forma ininterrumpida los órganos de decisión de la Cámara regional. Son varios los contratos investigados.

A los males de Cifuentes se suma, además, la acusación lanzada por Francisco Granados sobre su conocimiento de los movimientos en B que se llevaban a cabo en el seno de la formación en Madrid y que se instruyen en otra pieza separada. Está previsto que el exsecretario general del partido declare mañana viernes antes el juez Manuel García-Castellón.