La última denuncia de Cifuentes también acorrala a Gallardón aunque ni le nombra
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tres consejeros dudaron de la adquisición

La última denuncia de Cifuentes también acorrala a Gallardón aunque ni le nombra

El informe de la Abogacía en el que se basa la denuncia revela "indicios de criminalidad" en la autorización para adquirir el call center GSS Line en 2001, en la que "faltó transparencia"

placeholder Foto: El expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón. (EFE)
El expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón. (EFE)

El informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid en el que se basa la última denuncia presentada por Cristina Cifuentes y admitida a trámite por el juez del caso Lezo, Manuel García-Castellón, pone en duda las operaciones de compra, venta y posterior subasta de la mercantil GSS Line en las que participó la entidad Canal de Isabel II durante las presidencias de Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre e Ignacio González.

El documento, firmado por cuatro letradas de la Comunidad de Madrid el pasado 26 de octubre, describe "indicios de criminalidad" y, en concreto, "falta de transparencia" por parte de la entidad pública en el momento de la adquisición, dado que -por un lado- la decisión se basa en una investigación previa realizada por KPMG sobre la situación empresarial de GSS Line que por el momento "no se ha aportado" y de la que "se desconoce su contenido y su conclusión". "Tampoco se sabe si se hicieron valoraciones similares del resto de empresas interesadas a fin de decidir con la mayor objetividad posible el mejor socio para el Canal de Isabel II", añade el informe.

Foto: Cristina Cifuentes e Ignacio González. (EFE)

El Consejo de Administración del ente público autorizó la adquisición del 20% de GSS Line el 26 de junio de 2001, el mismo año en el que aprobó la compra de Inassa, primer pelotazo del Canal y pieza separada del caso Lezo que por el momento también mantiene fuera a Gallardón, a pesar de que el exministro de Justicia era el presidente de la Comunidad de Madrid en el momento de ambas compras así como del Consejo de Gobierno que las permitió. El Canal desembolsó finalmente 4,3 millones de euros por el 20,16% de las acciones de GSS Line, porcentaje ligeramente superior al autorizado.

La aprobación de la operación se hizo, según refleja el informe, a pesar de las "dudas" que plantearon "determinados consejeros", que se referían "esencialmente al coste de la operación y a los beneficios potenciales" que tendría para el Canal, así como a las "dificultades" que habría para adjudicar el contrato a la citada mercantil, a que se trataba de una empresa que tenía un objeto social que poco tenía que ver con el de la entidad pública -GSS se dedicaba a gestionar 'call center'- y a que no se había aportado la mencionada documentación. A pesar de estas quejas, concluyen las letradas de la administración autonómica, "tres consejeros se abstienen, pero ninguno vota en contra".

Foto: Gallardón cuando compareció la semana pasada en la Asamblea de Madrid. (EFE)

Las acciones del Canal en GSS Line así como parte de las que tenía el otro socio de la entidad pública, Vicente López López, que disponía de cerca del 80% de las participaciones a través de la mercantil Torremagan, fueron vendidas en 2007 a la italiana Omnia Service Center, una operación autorizada también por el Consejo de Administración del Canal el 28 de noviembre de ese año y por el Consejo de Gobierno de la Comunida de Madrid un mes más tarde. La compradora abonó 1,5 millones de euros en el momento y pactó un aplazamiento del segundo pago que finalmente no se desembolsó, lo que llevó al Canal a iniciar acciones judiciales contra su deudora.

López López, por su parte, acudió a la entidad financiera que había concedido el préstamo a Omnia para adquirir GSS, que la italiana no había devuelto, y compró la deuda. GSS Venture, que nació de GSS Line, sigue gestionando aún hoy el 'call center' del Canal, a pesar de la mencionada polémica que investiga la Audiencia Nacional y de que el que fuera gerente del Canal Ildefonso de Miguel trató de quitarle la adjudicación del contrato en 2015 a favor de Telefónica, cosa que no terminó sucediendo.

Foto: Fotografía de archivo de Ignacio González y Alberto Ruiz-Gallardón. (EFE)

La denuncia de Cifuentes admitida a trámite por el juez García-Castellón deja fuera a Gallardón y pide la imputación de González, del que fuera gerente del Canal Ildefonso de Miguel, del administrador único de Torremagán y presidente de GSS Line Vicente López López, de la que era directora de la Secretaría Técnica de la entidad pública María Luis Carrillo así como del que en la fecha ostentaba el cargo de apoderado de la mercantil Omnia Service Center Silvano Mottura. Al igual que ocurre en el caso de la pieza de Inassa, en el que Anticorrupción acaba de pedir la imputación de una serie de implicados, también queda fuera Gallardón a pesar de que era el presidente del Consejo de Gobierno que aprobó la compra en 2001.

Fuentes jurídicas explican que es probable que el juez García-Castellón no se haga cargo de esta nueva denuncia relativa a GSS y se inhiba a favor de los juzgados de instrucción de Madrid, extremo que aún está por decidir y que solo el magistrado puede determinar. Por el momento, el instructor ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que se pronuncie sobre la denuncia, en la que el Gobierno de Cifuentes únicamente describe unos hechos y pide unas imputaciones, pero no acusa de delitos concretos.

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