Los díscolos del Parlament: el plan B del PSC y ERC si los comunes tumban los presupuestos

El Parlament afronta la semana decisiva para la votación de las enmiendas a la totalidad de presupuestos de la Generalitat, que el Ejecutivo llevó a la Cámara legislativa sin tener los apoyos suficientes. La Generalitat depende de los comunes de Ada Colau. En Comú Podem ha presentado una enmienda a la totalidad que se vota este miércoles. En teoría, sin sus ocho parlamentarios no hay cuentas para el 2024. Así que ERC y PSC ya preparan un plan B: apoyarse en los díscolos del Parlament dado lo ajustadas que serán las votaciones.

Aunque los comunes están echando su particular pulso al ejecutivo de Pere Aragonès, la verdadera llave están en dos diputados no adscritos. En este momento el Grupo Mixto está integrado por tres representantes del PP, que encabeza Alejandro Fernández. Pero además hay dos díscolos que han salido rebotados de sus respectivos grupos y que ahora, de repente, pueden resultar decisivos para que Cataluña tenga presupuestos este año. Con la decisión de JxCAT de presentar una enmienda a la totalidad de los presupuestos, el margen se estrecha aún más.

Estos dos diputados no adscritos son Antonio Gallego, proveniente de Vox; y Cristina Casol, expulsada de JxCAT dentro de las tensiones internas del sector de Laura Borràs contra los oficialistas del partido. Estas dos fugas alteran las mayorías existentes y dejan la amenaza de los comunes en un farol con poco fundamento. Al final, los Presupuestos de la Generalitat no dependen solo de los de Jèssica Albiach.

Sin estos dos votos, Vox se queda con solo diez escaños y JxCAT con 31, en lugar de los 32 que ostentaba hasta entonces. ERC y PSC reúnen 33 votos cada uno. Eso supone 66 asientos a favor de los presupuestos de la Generalitat para 2024. Faltan dos para tener 68, que es la mayoría en el Parlament, justo los de los dos díscolos. De hecho, para aprobar las cuentas basta con que haya un solo voto más a favor que en contra. O eso, o que los Comunes retiren en el último momento su enmienda a la totalidad.

Se dan, además, otras situaciones controvertidas. La más notoria es la de Lluís Puig. El exconseller de Cultura está huido en Bruselas, junto con Carles Puigdemont. Cobra como diputado autonómico, pero el Tribunal Constitucional (TC) estableció que no podía participar en una resolución del 11 de abril del 2023, que anulaba la decisión de la Mesa previa de aceptar su delegación de voto.

Ocho días después, el Parlament hizo caso omiso y permitió a Lluís Puig votar de forma telemática. En ese momento, la presidenta en funciones era Alba Vergès, de ERC, ya que Laura Borràs había sido inhabilitada. El PSC pidió que no se le permitiese y se le argumentó que la presidenta contabilizaría el voto, pero ni siquiera se marcaría en el marcador electrónico. En teoría iba a ser así. Pero no.

Prevaricación continuada

La situación exacta es que el voto de Lluís Puig se contabiliza en las actas del Parlament pendientes de revisión, tal y como lo verbaliza la presidenta, ahora Anna Erra. Portavoces de la presidente aseguran que el voto del exconseller es legal. Y El Confidencial ha corroborado que en las actas definitivas el voto de Puig se ha contabilizado como legal, desafiando al TC.

Eso quiere decir tres cosas: que Lluís Puig ha estado votando de manera irregular durante casi un año mientras todo el Parlament miraba hacia otro lado, que la Mesa y los letrados de la Cámara catalana han cometido prevaricación continuada y que cualquier norma que se haya aprobado con el voto del exconseller de Cultura puede ser impugnada, con la inseguridad jurídica que eso supone para Cataluña.

Hasta ahora eso afectaría a cuestiones menores como la creación de la comarca del Lluçanés. Pero a partir de esta semana se trata de que el voto de Lluís Puig pueda tumbar un presupuesto de más de 43.000 millones de euros de gasto. Durante estos meses, Pere Aragonès ha gobernado mucho, pero ha legislado poco, al contar con solo 33 diputados. Así que la importancia de este tipo de polémicas ha sido relativa.

ERC tendrá que escoger entre que vote Lluís Puig o que Cataluña se quede sin cuentas

Esto cambia ahora. En este momento, Aragonès y ERC tendrán que escoger entre susto o muerte: o admitir que Puig no puede votar, o pactar con un exdiputado de Vox o dejar a Cataluña sin presupuestos "más sociales de la Historia", según su propia definición. No hay salida buena. ERC preferiría hacer la jugada clásica de intercambiar presupuestos del Estado por presupuestos en Cataluña. Pero eso ahora ya no funciona, porque la última palabra sobre las cuentas en el Congreso también la tendrá JxCAT.

Recuento riguroso

Un recuento riguroso, por tanto, no contabilizaría el voto de Lluís Puig, y eso dejaría la votación a 66-66, si los comunes se uniesen a JxCAT, Vox, PP y Cs para tumbar las cuentas. En ese escenario, como el anterior, los votos de los diputados no adscritos como Antonio Gallego y Cristina Casol valen oro. Si su voto negativo no está asegurado, y no lo está, los comunes están exhibiendo una posición de fuerza que solo es aparente. Ellos solos no pueden cargarse las cuentas de Pere Aragonès.

Fuentes del PSC y ERC apuntan a que ante esta realidad aritmética los de Ada Colau preferirán negociar un acuerdo de última hora y obtener algún rédito político a cambio de retirar su enmienda a la totalidad, por mucho que haya un sector que prefiera, pensando en las elecciones de febrero de 2025, que ERC y PSC se desgasten negociando el apoyo de los díscolos del Parlament.