El Gobierno cerca a la alcaldesa ultra de Ripoll por la polémica con los empadronamientos

La política antiinmigración de Aliança Catalana, la pequeña fuerza independentista que gobierno la localidad de Ripoll, en el Pirineo gerundense, comienza a crear problemas a la alcaldesa, Sílvia Orriols, considerada la nueva lideresa ultra del independentismo catalán. Tanto las bases del partido como los mensajes difundidos por dirigentes y simpatizantes de Aliança Catalana se centran en rechazar la inmigración masiva, especialmente la islamista.

Un reportaje sobre el terreno de El Periódico desveló que algunas familias árabes tienen problemas para escolarizar a sus hijos, empadronarse o incluso ser atendidas en el centro de atención primaria, puesto que les exigen pagar las visitas. Según el citado medio, el Ayuntamiento alarga los trámites para que los inmigrantes puedan acceder a los derechos básicos, como los servicios sanitarios o la escolarización de los hijos, lo que ha afectado ya a una decena de familias. Fuentes del Ayuntamiento de Ripoll consultadas por El Confidencial eluden hablar de este tema y solo confirman que “en materia de empadronamiento, el Ayuntamiento cumple escrupulosamente la normativa legal vigente”.

Pero aun así, este jueves, el delegado del Gobierno, Carles Prieto, solicitó información al Ayuntamiento de Ripoll sobre los empadronamientos en el municipio. Según fuentes oficiales de la Delegación, “se pidió a la alcaldesa la remisión, en el plazo de 20 días hábiles, de un informe sobre la manera en que el Ayuntamiento de Ripoll ejerce su competencia en materia de padrón de habitantes y da cumplimiento a la normativa estatal vigente”. Le pide también a Orriols que concrete “la forma de tramitación de los expedientes, los requisitos exigidos a los habitantes del municipio de Ripoll y los plazos de resolución de los expedientes”. Estas peticiones se sustentan en las sospechas de que el consistorio dilata hasta el máximo los plazos de resolución de las peticiones de los inmigrantes y lo que en otros tiempos se decidía en cuestión de minutos ahora puede retrasarse hasta tres meses.

A mediodía de este viernes, el consistorio no había recibido aún la comunicación oficialmente, pero Sílvia Orriols ya batallaba en las redes sociales contra la petición de la Delegación del Gobierno: “El Gobierno español que se preocupe de España y que deje en paz a Cataluña”, opinaba este viernes. A última hora de la mañana, publicó en Twitter una gran foto de cuerpos de musulmanes muertos, hacinados en plena calle, con un mensaje estremecedor: “Los corresponsables de esto dicen que han enviado una carta a Ripoll para investigar si vulnero derechos humanos. No tenéis vergüenza. Más orden y menos efecto llamada”, escribe la alcaldesa.

Otro frente contra Orriols

Pero no es solo la Delegación del Gobierno: también la Síndica de Greuges (Defensora del Pueblo), Esther Giménez-Salinas, ha resuelto abrir expediente sobre los problemas de empadronamiento en Ripoll, tras haber hecho lo mismo en Martorell, Premià de Mar, Canyelles y Fogars de la Selva. Orriols ha puesto la diana en otros objetivos: “Dice la prensa subvencionada que la Síndica me investigará… puede aprovechar e investigar porqué el Consorcio de Bienestar Social del Ripollès y la Generalitat de Cataluña gastan dinero público para hacer conferencias a inmigrantes ilegales... ¡Eso sí que es un escándalo!”, dice en una comunicación en la que adjunta la convocatoria de un. Acto bajo el lema ‘Abramos los brazos. Campaña diciembre-febrero 2023-2024’ firmada por la Generalitat, la Cruz Roja, el Ayuntamiento de Camprodon y el Consorcio citado. Las charlas, previstas para los días 17 de enero y 24 de febrero, son sobre cómo “obtener la residencia y la nacionalidad españolas” y están impartidas por las abogadas Mònica Caldas y Anna Serra, especialistas en extranjería.

A Orriols, además, le ha salido un fan incombustible: Fredi Bentanachs, fundador de Terra Lliure y activista extremista que milita en la ANC. “El Estado español quiere destruir Cataluña, así que junto con el gobierno de Vichy [se refiere a la Generalitat] se pueden ir a pastar”. Durante los últimos días, Bentanachs se ha dedicado a apoyar incondicionalmente a Orriols y sus mensajes. En un artículo de opinión publicado este viernes en el diario L’Unilateral, vinculado a, Bentanachs se muestra favorable a “regularizar la inmigración y poder expulsar a los delincuentes y a todos los que se muestren contrarios a una política de integración. La moda woke es perversa, no son de izquierdas, son unos dictadores que pretenden imponer sus tesis absurdas y obsoletas a la gran mayoría”.

Asimismo, se queja de que “ahora, con estas oleadas masivas y de odio por parte de una minoría dirigida a todo aquello que es catalán o tradicional, estamos arreglados. Es preciso revertir inmediatamente estos comportamientos totalmente insostenibles por parte de oráculos autodenominados 'progres' que reparten carnets de extrema derecha y nazi o lo que sea a todos aquellos que no pensamos como ellos”.

TE PUEDE INTERESAR

Radiografía de la inmigración en Cataluña: pueblos con mayoría extranjera y problemas con menores

Antonio Fernández. Barcelona

Los de Aliança Catalana se revuelven contra sus rivales. ERC abrió expediente de expulsión esta semana a su cabeza de lista en Ribera d’Ondara, Elisabet Jové, por intentar pactar una moción de censura contra el alcalde del PSC. Antes de que el expediente cobrase forma, la concejala ya se dio de baja del partido. En esta localidad, los socialistas gobiernan con 3 concejales, mientras que Esquerra tiene otros 3 y Aliança Catalana, uno. ERC hizo público un comunicado amenazando a sus concejales con la expulsión. El único concejal de Aliança de la localidad, Albert Puig Bernaus, avisó que la cúpula de ERC hace el juego al españolismo. “La moción de censura contra el PSC en Ribera d’Ondara será por la mala gestión, la nula transparencia, las sospechas de corrupción. No hay marcha atrás. Elisabet y yo tenemos dignidad y honor”, amenazó el concejal. Este jueves, volvía a advertir: “Cuando acabe el encarnizamiento a que estamos sometidos Elisabet Jové y yo, empezaremos a hablar de cómo se han utilizado los empadronamientos en Ribera d’Ondara con intereses partidistas. Las pruebas ya están en los juzgados de Cervera”.