300 euros y un contrato falso: así se registran los empadronamientos irregulares

Manuel (nombre ficticio) acudió al Ayuntamiento de Cartaya para realizar unos trámites y se encontró con una información que lo dejó bloqueado: oficialmente figuraba que en su domicilio se encontraban empadronados tres ciudadanos extranjeros a los que no había autorizado ni sabía siquiera de su existencia hasta aquel momento. La denuncia ante la Guardia Civil del propietario de la vivienda utilizada para el falso registro hizo saltar las alarmas, al existir precedentes de empadronamientos irregulares en la provincia de Huelva y sospechar los investigadores que el caso de Manuel, lejos de ser un caso aislado, parecía seguir el modus operandi detectado: trámites a cambio de dinero de los migrantes.

El Instituto Armado inició así una investigación que acaba de tener resultados – aunque permanece abierta- con la detención de una persona por un supuesto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsedad documental, al tiempo que mantiene como investigadas a otras cinco personas por el segundo de los delitos.

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Con la colaboración del Ayuntamiento cartayero, los investigadores pudieron rastrear los domicilios del municipio en los que constaban empadronados varios ciudadanos extranjeros, de manera que se pudo comprobar que había otras cuatro viviendas con empadronamientos “irregulares y sospechosos”, informó la Guardia Civil.

Al contactar con los propietarios de estas casas, la investigación confirmó entonces que se repetía la misma situación que puso en su conocimiento el primer denunciante ya que estos extranjeros habían sido registrados "sin conocimiento ni consentimiento" de los dueños de las viviendas. Para llevar a cabo el registro en cuatro de los domicilios en los que figuraban estos migrantes, se presentó un contrato de alquiler falso, según las pesquisas. El foco en la detenida por parte de la Guardia Civil se puso cuando la misma propietaria de la casa – la quinta vivienda investigada- acudió al Consistorio acompañada de los ciudadanos extranjeros, que presentaron fotocopias de los respectivos documentos de identidad, además del DNI de la propietaria y escritura de la vivienda.

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Los guardias pudieron localizar a cinco de los extranjeros empadronados, que admitieron ante los investigadores que habían pagado (cada uno) 300 euros a esta mujer, propietaria de una de las viviendas utilizadas, donde había cinco migrantes empadronados, más otros diez que había registrado en casas del pueblo sin que lo supieran sus propietarios.

El empadronamiento fraudulento descubierto en Cartaya se suma a otras tres causas por los mismos motivos que se encuentran bajo investigación en Huelva y en los que ya interviene la Fiscalía, al ser varios los migrantes afectados. “Por lo que conocemos hasta ahora, no hablamos de mafias, sino que se trata de personas aisladas, de oportunistas que descubren que puede haber un nicho para sacar dinero a los extranjeros”, aclara el fiscal de Extranjería de Huelva, Miguel Ángel Arias.

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Desde el punto de vista penal, la persecución de hechos de este tipo “no siempre está clara”, según Arias y, en todo caso, “hay que verlos caso por caso”. Desde la Fiscalía General del Estado se entiende que en supuestos de menor entidad, la conducta de los autores de estos hechos ya está prevista como infracción en la Ley de Extranjería. De hecho, en su articulado, la norma contempla sanciones que se mueven entre los 10.000 y los 100.000 euros en aquellos casos en los que se comprueba la existencia de ánimo de lucro, cuando se ha exigido un pago a los extranjeros, de forma que el ilícito administrativo no pasa a otra vía salvo que se observe “un plus de un comportamiento penal”, como pueden ser la estafa, la falsedad o el favorecimiento de la inmigración ilegal.

Hechos de esta naturaleza no encajan en delitos específicos, explica, por los que cuando se producen o detectan por denuncias o por las fuerzas policiales hay que ir precisamente a probar que ha existido engaño o falsedad. “Si no demuestras el engaño al extranjero o que el extranjero ha pagado, no hay estafa ni ánimo de lucro".

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Entre las causas que se están investigando, figura otro supuesto fraude similar que se descubrió hace unos meses en la zona de la Sierra, en una finca Cumbres Mayores, donde la Guardia Civil detuvo a cerca de una treintena de personas como presuntas autoras de los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsedad de documento público, al haber empadronado supuestamente de forma fraudulenta a 30 inmigrantes irregulares. Con la documentación obtenida, se iniciaban los trámites para justificar el arraigo en España y la regularización de su situación.

En algunos pueblos agrícolas, el seguimiento que realizan los ayuntamientos de los empadronamientos resulta decisivo para descubrir estos fraudes y en algún caso se ha encendido la luz roja al constatar registros numerosos en un mismo domicilio.