El misterio sobre el censo del Consell de la República: el oscuro ente que solo gana afiliados

Los números del Consell de la República, el órgano áulico que preside Carles Puigdemont, no cuadran. Y no son solo los económicos, de los que ni la militancia tiene conocimiento, sino también los de los propios inscritos. ¿Puede tener un organismo tres censos diferentes en un mismo día? Evidentemente, no. Pero el organismo lo ha logrado: tiene un registro oficial, que publica en su web, y dos censos fechados el mismo día, el pasado 12 de septiembre, según certificaciones que emite la cúpula, con diferentes cifras.

El Consell afirma en su página web que tiene 103.299 afiliados (el 23 de mayo pasado, afirmaba tener 103.178 personas registradas), por lo que la afiliación en cinco meses creció en 121 activistas, siempre contando que no hubiese ninguna baja. Pero esa cifra parece no ser verdadera. Un veterano militante independentista, que se inscribió en 2017 y que jamás volvió a cotizar en el Consell (solo puso los 10 euros iniciales), lo explica: “Nos hemos preguntado muchas veces si nos siguen considerando militantes activos a los que no hemos vuelto a cotizar, puesto que conozco a muchos. Además, en los últimos meses he tenido contactos con otros militantes que se han dado de baja. No son uno o dos, sino muchos. Pero los números de afiliación del Consell jamás se han modificado a la baja. Es muy extraña la contabilización que se hace oficialmente de la militancia del Consell”.

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Más extraña todavía si se tienen en cuenta algunas de las actuaciones del órgano áulico de Puigdemont. El pasado 12 de septiembre, mientras la web cifraba en más de 103.000 los inscritos, una certificación del propio ente los cifraba en 84.924. La sindicatura electoral había solicitado días antes al Consell la certificación de los registrados para calibrar si los avales presentados por un grupo de críticos eran suficientes. Ese grupo había presentado la petición de una “consulta de iniciativa popular” bajo el lema "Solicitar a los partidos políticos consulta para nominar a Pedro Sánchez". Presentaron 524 apoyos, lo que representaba un 0,62% del censo, por lo que “no supera el requisito exigido en el artículo 43 punto 2 de conseguir el apoyo del 1% del censo de los inscritos en Cataluña”. La sindicatura denegó la consulta interna.

Números muy dispares

Pero ese mismo día, el mismo Consell emitía otra certificación ante una petición para realizar otra consulta para el “bloqueo a la investidura en el Estado español”. El Consell certifica, en este caso, que el censo es de 90.142 inscritos y la petición de los críticos reunió 1.064 apoyos, lo que representa el 1,18% del censo y, por tanto, la sindicatura aprobó la realización de esa consulta, que es la que tiene lugar entre el 17 y el 23 de octubre.

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Lo curioso es que entre el 11 y el 17 de octubre se acaba de efectuar otra consulta interna para preguntar a los militantes si validaban la decisión de Puigdemont de disolver la Asamblea de Representantes (medida que tomó por decreto el pasado 28 de agosto, sin consultarlo con la militancia). Los números facilitados en este plebiscito, paralelo a la del bloqueo, es de 90.481 militantes censados, lo que no cuadra con ninguna de las cifras facilitadas en otros eventos. En el caso de esa consulta, promovida por Puigdemont, la participación fue de un exiguo 6,53%, lo que le ha valido una bronca monumental en el seno del Consell de la República.

Pero la confusión es mayor si tenemos en cuenta que, en el mes de agosto, los críticos habían presentado otra propuesta sobre un “posicionamiento del Consell de cara a las elecciones españolas del 23 de julio”. La cúpula de la entidad certificó el 4 de agosto que el total de censados era de 90.585 personas. Apoyaban la petición solo 774, lo que representaba “el apoyo del 0,85% del censo”, por lo que fue rechazada: “No supera ni siquiera el requisito inicial exigido en el artículo 11 punto 4 apartado C de obtener el 5% del censo”.

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En el transcurso de dos meses, las certificaciones de la cúpula varían ostensiblemente, mientras que el número de más de 103.000 inscritos que tiene en la web permanece imperturbable. De hecho, hasta el pasado mes de mayo había un mecanismo para contabilizar los nuevos inscritos que detallaba las inscripciones diarias (solo se contaban supuestos afiliados nuevos, nunca los que causaban baja), lo que arrojaba los más de 103.000. Cuando la afiliación cayó estrepitosamente y la mayor parte de los días el contador estaba a cero, esa contabilidad se dejó de hacer y la página se eliminó.

La contabilidad, secreta

En cuanto a los números de gastos e ingresos, las cuentas del Consell son uno de los secretos mejor guardados del procés. Puigdemont prometió transparencia y rendimiento de cuentas, pero lo que hizo fue diseñar un circuito oculto de canalización de fondos hacia su negociado, con la petición añadida de pagos en bitcoins para dificultar el control y seguimiento de la contabilidad del ente.

Poco antes de verano, algunos sectores de las plataformas que lo apoyaban, y que se encontraban representadas en la Asamblea de Representantes, comenzaron a exigir el rendimiento de cuentas. La Asamblea de Representantes era una especie de falso parlamento que debía funcionar como la cámara legislativa de un hipotético Ejecutivo republicano en el exilio. El Govern del Consell de la República, presidido por Carles Puigdemont, sería el órgano ejecutivo.

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En cuanto comenzaron las presiones, Puigdemont publicó un decreto por el que disolvía la Asamblea de Representantes. Consecuentemente, la petición de rendición de cuentas también se disolvió en el aire. Mònica Gómez, una de las representantes del sector crítico, denunció este mes de septiembre que Antoni Castellà, uno de los ministros de Puigdemont en su gabinete, les dijo que se había creado la Asamblea solo para dar apariencia de legitimidad al Consell de la República, pero que “no esperaban nada de nuestro trabajo”. El montaje del expresident fugado comenzaba a quedar al descubierto y se vislumbraba que el Consell de la República no era un Gobierno en el exilio, sino un chiringuito jugando a la política en Bélgica.

Lo único que admite el Consell es que los fondos tienen como beneficiarios “al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, las conselleras, los consellers y otras personas que se hayan visto forzadas a abandonar Cataluña perseguidas por las causas penales relacionadas con el referéndum del 1 de octubre de 2017, la declaración del Parlament del 27 de octubre y la actividad del Govern en el exilio, así como por causas penales contra sus derechos y su libertad de expresión, de organización y de participación política”. Con esa declaración, puede amparar bajo su paraguas a quien Puigdemont considere conveniente, como el rapero Valtònyc, también fugado en Waterloo y que realiza algunos trabajos para el Consell en la casona que ocupa el expresident en la ciudad belga.

Pero, en definitiva, no hay detalles del dinero recaudado por el Consell de la República ni de cómo se ha gastado. Solo se conoce que entre el 30 de octubre de 2017 y el 31 de diciembre de 2018, el 59% se destinó a la “ofensiva jurídica, defensa legal y traducciones”, mientras que el 16% fue desviado a gastos personales, el 8% al “mantenimiento de infraestructuras en el exilio”, el 7% a viajes internacionales, el 5% a seguridad, el 3% a la comunicación y la web y el 2% a “tecnología”. El prófugo, sin embargo, no facilitó jamás ni un número concreto de dinero recaudado. Solo porcentajes, números etéreos como el propio Consell.