Los 'pata negra' que acusan a Carles Puigdemont: "Vamos desenmascarando a los supuestos líderes"

La carta de 31 dirigentes críticos de la Asamblea de Representantes, el falso Parlamento creado por Puigdemont para dar cobertura legal al Consell de la República ha provocado una grave crisis dentro del independentismo. Puigdemont disolvió por decreto la Asamblea cuando esta le pidió explicaciones sobre gastos y le conminó a consensuar cualquier apoyo a una investidura antes de decir nada a Madrid. Los rebeldes denuncian despotismo y autoritarismo, actitudes antidemocráticas y gastos ostentosos e incontrolados en el Consell de la República.

Gracias a esta acción, se ha sabido que todo lo que rodea a Puigdemont es una farsa: la Asamblea de Representantes no fue ideada para ser un órgano democrático como si fuese un ‘Parlamento’ de la República catalana: era solo una pantalla para justificar la existencia de un órgano, el Consell de la República, con un ‘Gobierno’ escogido a dedo por el propio Puigdemont. Una de las representantes de la Asamblea, Montse Martí, otra de las activistas que abandona a Puigdemont, se va con reproches hondos: “Van cayendo los mitos a medida que vamos desenmascarando a los supuestos líderes. Lo que sabe peor es que aquellos que dicen ser pueblo, representar al pueblo y siempre ponerse el pueblo en la boca nos traicionan como los que más… ¡qué pena!”. Además de los críticos de la Asamblea, la exdelegada del Consell de la República en el sur de Francia, Júlia Taurinyà, denuncia oscuras maniobras económicas en la cúpula del chiringuito de Puigdemont.

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Al expresident fugado, la carta de los 31 rebeldes le supo francamente mal y contraatacó este miércoles con un comunicado oficial de su Consell de la República. Aseguró que todas las decisiones sobre la reestructuración fueron tomadas “por unanimidad” por su Gobierno. El meollo de la cuestión no es ese: su Gobierno está formado por incondicionales elegidos a dedo por él personalmente. Lo que le recriminan sus activistas es que haya suprimido por decreto un órgano que le podía fiscalizar económica y políticamente, porque la unanimidad del Consell, formado por amigos cercanos al fugado, es algo sobreentendido. Su excusa es irrelevante, para los sublevados: “La decisión de disolver anticipadamente la Asamblea, aunque formalmente solo puede ser tomada por el presidente del Consell, contó en todo momento con el acuerdo inánime de todos los miembros del Gobierno”, insiste en varias ocasiones Puigdemont.

La Asamblea era una pantalla

El fugado defiende en su comunicado a su segundo, que es a la vez vicepresidente del Consell de la República, a quien acusan de ser una eminencia gris y conspirativa, Toni Comin. Puigdemont defiende que sus golpes ‘dictatoriales’ y ‘conspirativos’ solo buscan “mejorar el funcionamiento del Consell, siempre con la voluntad de hacerlo más democrático y más eficaz”. Asume las cacicadas que denuncian los firmantes de la carta porque “las consideraciones críticas que en la ‘carta abierta’ se personifican en la figura del vicepresidente sería preciso dirigirlas, en todo caso, al Gobierno en su conjunto”.

Niega Puigdemont que haya caído en “una deriva autoritaria” y de que su chiringuito tenga ahora “una estructura piramidal y autocrática”, justificando la estrategia presidencialista de ese organismo áulico. “Es del todo incorrecto calificar de ‘despótica’ la actitud del Gobierno”, subraya. Además, menosprecia a los firmantes de la carta por considerar que “representan a una parte no mayoritaria de la Asamblea de Representantes”. Además, incide en que siete de ellos dimitieron de sus cargos de miembros de la Asamblea, lo que no resta importancia a la disidencia.

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“Los siete dimitimos por todos esos motivos y por eso es igual de válida nuestra opinión. Cuando el señor Castellà [Antoni Castellà, líder de Demòcrates de Catalunya, amigo de Puigdemont y uno de sus ministros] nos dijo, sin vergüenza, que el Gobierno no esperaba nada de nuestro trabajo y que solo se había creado la Asamblea de Representantes para legitimar al Gobierno electo, fue el punto de inflexión”, asegura Mònica Gómez, una de las rebotadas. Solo hay que ver quién compone el 'Ejecutivo' de Puigdemont: además de él como presidente y Toni Comín como vicepresidente, está el mencionado Antoni Castellà, el fugado Lluís Puig (exconsejero de Cultura), el excantante Lluís Llach, el cupero Guillem Fuster y su compañera Aurora Madaula (miembro de la Mesa del Parlament), Teresa Vallverdú, Mercè Jou, Carme Garcia, y Montserrat Corrons. Todos amigos que no representan a nadie. En esa circunstancia abundan los críticos.

Joan Font, otro de los dimitidos en sus funciones, señala también: “Dimití como miembro de la Mesa por una deriva o manera de hacer propia de la política partitocrática que se alejaba de los principios democráticos y fundacionales del Consell”. Durante esta semana, se han ido añadiendo nuevas voces críticas a la carta de denuncia, hasta totalizar a 35 críticos de los 121 miembros de la Asamblea.

Puigdemont justifica a Puigdemont

Puigdemont rechaza también las acusaciones de que el Consell es utilizado por él mismo y por Comin. “Consideramos indignados que se atribuyan 'intereses personales' a miembros del Gobierno del Consell que el año 2017 formaron parte del Govern de la Generalitat”, justificando los gastos ostentosos de los que le acusan. “Se ha pretendido garantizar el equipamiento físico y tecnológico necesario para que sus plenos, sean presenciales o virtuales, se celebren con la dignidad que este órgano parlamentario exige”. Y añade que “no ha habido ningún trato de favor en la gestión y distribución de los recursos”, asegurando que siempre se siguieron “criterios de oferta más económicos y mejores condiciones de pago” en sus gastos. Y no solo eso: se autojustifica diciendo que “el Gobierno constata que la gestión económica del consejo ha seguido siempre los criterios de eficiencia, austeridad, transparencia y rendimiento de cuentas”. En otras palabras: Puigdemont audita a Puigdemont y ratifica que sus gastos son correctos.

Detrás de la denuncia, no obstante, hay activistas de peso. Uno de los firmantes es Jaume Sastre, un profesor mallorquín que preside el Consell de la República de las Baleares. Sastre, conocido por haber realizado una huelga de hambre a favor del catalán, es uno de los más combativos contra Puigdemont. Otro de los sublevados es Albert Donaire, líder de Mossos per la República y conocido por sus soflamas ultraindependentistas a través de las redes sociales, algunas de ellas de tinte xenófobo. Donaire admite que la carta abierta a Puigdemont “debía ser un affaire interno”, pero una entrevista a Toni Comin desató las iras de los críticos. Donaire opina que Puigdemont disolvió la asamblea “para no dar explicaciones sobre el porqué incumplen todo lo que se aprueba en la Asamblea”, conforme expuso en un escrito dirigido a la cúpula del Consell.

Pucherazos en la cúpula

Donaire ha dejado entrever que en el interior del Consell hay pucherazos. “Meses incumpliendo lo que se aprueba, intentando cocinar los resultados, aprovechando a los representantes ‘de partido’ para las votaciones, y aun así algunas no las ganaba la posición oficial. Representantes de partido que no aparecen en las reuniones de comisiones, miembros del Gobierno tratando de ‘frikis’ a los que no opinaban como ellos, poca transparencia en determinadas cuestiones, preguntas que jamás se contestaban, tirar balones fuera… podría seguir con la lista, pero al final es luchar contra un monstruo con contactos en todos los lados, con amigos en los medios de comunicación, con partidos detrás”, acusaba el mosso a Puigdemont tras el comunicado del propio Consell.

Josep Guia, un veterano e influyente independentista valenciano, añadió su firma a la carta. Guia fue siempre un referente del independentismo debido a su pancatalanismo. Exmilitante del PSAN, es miembro del patronato de la Universitat Catalana d’Estiu y tiene en su haber el premio Joan Fuster de Ensayo. “Ahora resulta que se quiere hacer pasar por ‘radicalidad democrática’ la sustitución de una Asamblea de Representantes de elección directa por los inscritos de todos los Països Catalans por una Cámara de representación indirecta, sin el País Valencià y las Illes. ¡Qué morro!”, atizó Guia a Puigdemont.

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También firma la misiva el empresario Jordi Roset, propietario de la empresa Petrolis Independents, una de las compañías que subvenciona y ayuda públicamente a los movimientos independentistas y que llegó a regalar suscripciones al Consell de la República entre sus clientes. Roset era socio del diputado de Junts Joan Canadell hasta que este le vendió sus acciones el año pasado.

A la lista de agraviados se ha sumado ahora Júlia Taurinyà, que había sido la ‘embajadora’ del Consell en el sur de Francia. “Aguanté cuatro meses en la Delegación del Consell. Dimití, entre otras cosas, por los motivos denunciados por los críticos. Y no entiendo cómo miembros del Gobierno [del Consell], que considero honestos, pueden tapar lo que pasa. Todo saldrá un día u otro”, afirma Taurinyà. Y pide ahora las explicaciones que jamás le dieron sobre la organización del gran mitin de finales de febrero de 2020 en el que Puigdemont congregó a 150.000 personas (según los organizadores) en Perpiñán: “¿Cuánto costó el mitin de Perpiñán? ¿Con qué dinero se pagó? ¿Por qué no se contrataron más empresas de la Cataluña Norte? ¿Por qué se impuso el entorno de Toni Comín en la organización? Muchas preguntas con oscuras respuestas”. A Puigdemont se le acumulan los fantasmas en su trastienda.