Revuelta en Waterloo: la 'guardia' de Puigdemont denuncia gastos opacos y actitudes "despóticas"

La guardia del fugado Carles Puigdemont se ha hartado. A las órdenes políticas discutidas en su entorno cercano se suman también cuestiones económicas. La Asamblea de Representantes, el falso Parlamento creado para justificar un Gobierno paralelo en el exilio, pidió antes de verano dos cosas. Por un lado, que la cúpula del Consell de la República rindiese cuentas de los gastos realizados durante los últimos años. Y, por otro, que cualquier decisión que tomase sobre una investidura en Madrid debería ser aprobada previamente por esa supuesta Cámara.

Pero Puigdemont contestó con una publicación en su etéreo Boletín Oficial del Consell de la República con un decreto por el que disolvía la Asamblea de Representantes tal y como estaba creada para dividirla en dos órganos sin poder decisorio y sin representatividad. Por eso, la pregunta que se hacen un grupo de 31 miembros de la Asamblea es: “¿Por qué parece que la Asamblea de Representantes se convierte en una molestia para el Govern [del Consell]?”.

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Los activistas le recuerdan que “la función legislativa de la Asamblea de Representantes no la pueden desarrollar ni los consejos locales ni el Govern, dado que tienen una función ejecutiva y que ninguno de los dos representa democráticamente el censo completo del Consell”. Y advierten de que “ninguna organización civil, ni ninguna institución con vocación democrática, concentraría en la Junta de Gobierno los poderes normativos y ejecutivo”. Aseguran que Puigdemont hace un flaco favor a la democracia con su decisión y rechazan que la excusa de la seguridad en Waterloo permita al jefe máximo decidir por su cuenta: “Sin duda, la seguridad del exilio es una cuestión de importancia capital”.

No obstante, esta importancia no puede ni ha de ser utilizada de excusa para adoptar actitudes autoritarias o para tomar decisiones sin la debida consideración de la ciudadanía y de sus representantes. Y rematan que el tema de la seguridad “no puede ser manipulado para justificar o encubrir prácticas que son contrarias a los fundamentos democráticos”.

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La Asamblea de Representantes es el ente compuesto por 121 miembros (todos ellos independentistas) que haría las funciones de Cámara legislativa del Consell de la República. El propio Consell es un organismo solo reconocido por JxCAT, partidos minoritarios y entidades cívicas como la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural. La representatividad que pueda tener de la población catalana es prácticamente inexistente, habida cuenta que prescinde de la población no independentista, e incluso partidos como ERC o la CUP se niegan a reconocerlo porque lo ven como “el chiringuito de Puigdemont”.

Gastos por todo lo alto

El escrito apunta a que Puigdemont quiere tener las manos libres para hacer y deshacer. De hecho, a pesar de sus promesas de transparencia, jamás rindió cuentas de cuánto dinero ingresaba el Consell de la República, ni mucho menos de cuánto dinero se gastaba. "El Govern ha tomado unilateralmente la decisión inexplicable de desviar una cantidad significativa de recursos con el pretexto de garantizar el buen funcionamiento de la Asamblea: caterings de lujo, mobiliario ostentoso excesivamente logotipado, emisiones televisivas con una producción de gran escala…". La lista de gastos innecesarios y no solicitados es notablemente larga.

"Estos recursos deberían haber servido para proyectos más vitales del Consell, como la ejecución del plan de gobierno o la materialización de las resoluciones aprobadas, en lugar de malversarse en gastos que ni la Asamblea ni su Mesa habían pedido", denuncian en una carta a Puigdemont enviada este lunes. Esos gastos fueron una de las excusas para disolverla. Aunque los militantes confirman que “los gastos personales de los representantes asamblearios, en ejercicio de nuestras funciones obligatorias (viajes, hoteles…), los hemos asumido nosotros mismos voluntariamente y sin esperar recibir resarcimientos ni retribuciones”.

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Los principales dardos se dirigen hacia el vicepresidente del Consell y exconsejero de Salut, Toni Comín, a quien consideran una eminencia gris conspiradora en el propio Consell: “Lamentablemente, la presencia y las acciones de Comín, con una trayectoria política muy fluctuante [dentro de algunos partidos hoy españolistas], y movido por la promoción de intereses personales, ponen en riesgo este proyecto vital". Cada día que pasa con él "en una situación clave" temen que el proyecto del Consell "pueda estar marcado por la desconfianza, el despotismo e incluso la obsolescencia”.

Actitudes autoritarias

A Comín le acusan de dar un golpe de Estado encubierto dentro de la entidad áulica de Puigdemont. Cuando los militantes presentaron a aprobación el Código de Consejos locales, “la única voz discordante fue la del vicepresidente que, al ver sus enmiendas desestimadas, emprendió una campaña de desprestigio contra la comisión legislativa orgánica e inició una cruzada en defensa de una propuesta de concentración del poder legislativo en el Govern, hurtándolo a la Asamblea”. Comín forzó su comparecencia en las comisiones, donde dejó perlas inauditas. “La separación de poderes es una reliquia medieval sin lugar en el siglo XXI”, dijo a los militantes del Consell.

En otras palabras, la República catalana no tendrá separación de poderes, algo que ya se recogía en la Ley de Transitoriedad Jurídica aprobada en la madrugada del 6 de septiembre del 2017 en el Parlament (luego anulada por el Constitucional), en una sesión en la que solo votaron los partidos independentistas. La peculiar manera de entender la democracia lleva a los sublevados a criticar directamente a la mano derecha de Puigdemont: “El vicepresidente [del Consell] Toni Comín ha insistido repetidamente en que la Asamblea de Representantes debería acatar las directrices y dar apoyo a las orientaciones políticas del Govern. Esta postura sería aberrante en cualquier sistema parlamentario serio”.

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Los rebelados exigen a Puigdemont recuperar el espíritu fundacional del Consell de la República, “que fomente un trabajo unitario y que haga de la inteligencia colectiva, el diálogo, el consenso y el respeto mutuo sus fundamentos. Estos son los pilares que han de guiarnos para alcanzar las cotas nacionales que nos hemos propuesto, no la estructura piramidal y autocrática, de referéndums populistas, que propone el señor Comín”.

Las diferencias entre Puigdemont y Comín

Fuentes cercanas a Puigdemont señalan a El Confidencial que el ambiente en Waterloo es “muy tenso”. Reconocen que “la gente está muy cabreada" y que "ha habido muchas bajas”. Pero, en especial, subrayan que “las relaciones entre Puigdemont y Comín empiezan a agriarse. El expresident es partidario de la línea dura y de que no se ha de ceder ante Madrid a menos que pongan encima de la mesa una fecha para el referéndum. Puigdemont no dará su voto a una investidura si tiene solo la amnistía en el bolsillo. Que se olviden, porque vamos a repetición de elecciones. Y por mucho que se estén Yolanda Díaz o Jaume Asens [los mediadores de Sumar], Puigdemont no votará sí a Pedro Sánchez. La investidura va abocada al fracaso”.

En este contexto, Comín se ha desmarcado a Puigdemont y aboga por ceder y hacer presidente a Pedro Sánchez a cambio de la amnistía. “Comín quiere volver cuanto antes a Cataluña y se ha mostrado partidario de la amnistía. Puigdemont, en cambio, es contrario. Le han de garantizar y firmar el referéndum de autodeterminación. Solo así podría apoyar a Sánchez”. Así pues, su influencia en el Consell y en Puigdemont comienza a flojear. “No están muy bien entre ellos dos", admiten las fuentes. "Se trata de diferencias en sus estrategias, aunque Comin sabe que no puede competir contra Puigdemont y no presiona”, concluyen.