MENSAJE INSTITUCIONAL DEL 'PRESIDENT'

Torra, alerta, porque su 'guardia de corps' puede ser condenada e inhabilitada

Después de que el Juzgado 13 acordase procesar a una treintena de personas por presuntos delitos de malversación, desobediencia, falsedad documental, revelación de secretos y prevaricación

Foto: El presidente de la Generalitat, Quim Torra. (EFE)
El presidente de la Generalitat, Quim Torra. (EFE)

El Gobierno catalán busca ya el cuerpo a cuerpo con cualquier institución del Estado y aprovecha el mínimo atisbo de discordancia con su hoja de ruta para marcar perfil y plantar cara. Así, tras el auto de procesamiento de una treintena de altos cargos del Govern por parte del juzgado número 13 de Barcelona, el 'president' Quim Torra sacó la caballería a la calle. ¿Por qué? Muchos de esos cargos se cobijaron bajo su ala en este Govern y ahora serán juzgados por delitos que les pueden comportar penas de cárcel. Torra quiso blindarlos políticamente eligiéndolos para su 'guardia de corps' en Presidencia (aunque también hay cargos de otros departamentos). Pero la justicia no entiende de cargos ni de política.

La cuestión tiene su importancia porque entre los procesados se encuentran no solo los máximos responsables de TV3 y de Catalunya Ràdio (puestos en las cúpulas de estas instituciones por Carles Puigdemont, que incluso había sido socio de uno de ellos en una empresa mercantil), sino la cúpula de comunicación del Govern, como el secretario de difusión, Antoni Molons (el famoso 'Toni' que salió en varias ocasiones en el juicio del 1-O que se celebra en el Tribunal Supremo); el director general de Comunicación, Jaume Clotet; o el mismísimo secretario general del departamento de Presidencia, Joaquim Nin. Integran también esta lista Frederic Udina, director del Instituto Catalán de Estadística (Idescat), y Núria Llorach, vicepresidenta de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA).

Ante este panorama, en una insólita declaración institucional, el 'president' aseguró que el auto del juez "consolida el estado de excepción judicial al que se quiere someter a una determinada ideología política y proyecto político democrático y pacífico como es el de la independencia de Cataluña". Se trata de las consignas que el independentismo repite desde hace años para criminalizar al Estado y victimizar al propio soberanismo.

Torra fue más allá: calificó dicho auto como una "aberración democrática en la Europa del siglo XXI" y acusó a la justicia de "parcialidad procesal y vulneración del derecho a la defensa", aludiendo al mismo tiempo tanto al auto del juzgado 13 de Barcelona como al juicio que se está celebrando en el Tribunal Supremo.

Las dos noticias que dinamitan a Torra

Según el mandatario catalán, el Estado ha entrado en una deriva autoritaria y de persecución política y lanzó una advertencia: "Si alguien espera que con ataques como este abandonaremos el compromiso con la libertad, que pierda toda esperanza. No hay prisiones, multas ni persecuciones que puedan frenar el anhelo del pueblo catalán".

Esas declaraciones se producen el mismo día en que trasciende un escrito a la Audiencia Nacional del mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero, en el que señala que avisó a los políticos de la Generalitat, con Puigdemont a la cabeza, de las consecuencias de lo que hacían el 1 de octubre y de que los Mossos se situarían dentro de la legalidad y de la Constitución.

Ante este escrito y el procesamiento de altos cargos, Torra se echó al monte. Las dos noticias dinamitan los posicionamientos del independentismo y, por extensión, del Govern y de los partidos que le apoyan, En realidad, la respuesta de Torra es una muestra de que su estrategia fracasó: tras ser nombrado 'president', contrató como asesores a los que habían participado en la organización del 1 de octubre, a sabiendas de que ello podría crear conflicto político y de que en el futuro podrían ser inhabilitados, teniendo en cuenta que ya habían sido llamados a declarar por el juez.

Ese pulso a los jueces, a las leyes y a las reglas de juego de la democracia le pasa ahora factura: muchos de los altos cargos que tiene en Presidencia a razón de 90.000 euros al año en salario, están ahora acusados formalmente de desobediencia y, en algunos casos, de malversación y de prevaricación. Y ello les puede suponer entrar en prisión o ser inhabilitados para ejercer cualquier cargo público. Ante ello, Torra salió a la palestra para marcar perfil y para ponerse al frente de la reacción ante lo que él mismo define como "una ofensiva más, una escalada en la persecución" del soberanismo. Y dijo lo que era muy previsible: "Todo es un relato inventado". Es posible que incluso el suyo lo sea también.

Cataluña
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