Los convenios del Consell dan acceso a Puigdemont a un censo de fieles soberanistas

Los ayuntamientos catalanes que han firmado convenios con el Consell per la República, el ente creado por Carles Puigdemont en Waterloo, están obligados a facilitar los nombres de las personas que utilizan la identidad digital republicana a ese órgano, sin personalidad jurídica en España. Así lo dispone el convenio entre el Consell y el Ayuntamiento de Sant Pol de Mar. De ese modo, el Consell tendrá constancia de los adeptos ideológicos que tiene en cada municipio con el que firme convenio.

Esta identificación ideológica consta en uno de los apartados del documento suscrito: "El uso de la identidad digital republicana en ningún caso comportará el conocimiento o tratamiento de los datos personales de la misma y, en cualquier caso, solo comportará el uso y la identificación con el número de la identidad digital republicana, y la verificación por parte del Consell per la República de que este número existe y está asociado a una persona del Registro Ciudadano del Consell per la República", dice el texto del documento.

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Aun cuando el redactado añade que el Registro Ciudadano no facilita ningún dato vinculado al número, la sola consulta del ente local podría entrar en colisión con las leyes españolas, ya que se facilita una identidad a un ente fantasmagórico que no está legalizado en España, que está radicado en un país extranjero y que además sirve para identificar concretamente la ideología de una persona. Lo grave es que esa identificación se produce a partir de una comunicación de un Ayuntamiento.

El convenio entre Sant Pol y la plataforma de Waterloo se firma para "mejorar la eficiencia en la prestación de algunos servicios, favorecer la simplificación administrativa, facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios de la Administración y potenciar los valores de paz, no violencia, respeto, voluntad, diálogo, derechos lingüísticos, no discriminación, dignidad, sociedad inclusiva, sostenibilidad, justicia social, económica y medioambiental". Las herramientas que utilizará serán "el uso por parte del Ayuntamiento de la identidad digital republicana" y "facilitar modelos de pliegos de cláusulas administrativas particulares que incorporen cláusulas sociales, ambientales, éticas y de calidad que pongan en valor estos efectos por encima de las cuestiones económicas".

Una entidad oscurantista

Este trasvase de favores arroja más incertidumbre a la gestión municipal. En primer lugar, porque quien habla de ética y calidad es una asociación (el Consell per la República) que lleva cinco años escondiendo sus ingresos y gastos y que se encuentra en plena crisis, con la huida en desbandada de muchos miembros por el oscurantismo económico de la misma. Pero, además, el hecho de poner el redactado de las cláusulas en manos de una entidad escorada a un extremismo político y alineada con campañas de boicot a determinadas empresas y productos pone en entredicho la obligada neutralidad de la conducta del Ayuntamiento y la propia naturaleza de las cláusulas de los concursos que se celebren por parte de la Administración local.

El consistorio, además, dice el convenio, "se compromete a admitir el número de identidad republicana como elemento identificador para todos aquellos trámites que, de acuerdo con los artículos 9 a 12 de la Ley 39/2015, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, no requieran la identificación previa". Estos trámites se refieren a quejas, sugerencias, denuncias, inscripción en actos de cualquier naturaleza, petición de recogida de muebles viejos o voluminosos o, lo que es más grave, abonos a espectáculos o acceso a instalaciones deportivas. Para que eso se pueda llevar a cabo, el Consell "se compromete a facilitar el asesoramiento y el apoyo técnico para implementar la identidad digital republicana en los trámites y gestiones municipales".

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También prevé que "conforme se vayan ampliando o modificando las características técnicas de la identidad digital republicana se podrán incrementar sus usos y características por parte del Ayuntamiento, previa tramitación y aprobación de un anexo a este convenio". El convenio obliga también a Consell y Ayuntamiento "a hacer un acto conjunto con los vecinos del municipio con el objetivo de dar a conocer el alcance y el contenido de este convenio, a hacer difusión así como a informar y difundir la firma del convenio, el uso de los instrumentos y servicios entre la ciudadanía del municipio". Detalla, no obstante, que la ejecución del convenio "no comporta ningún coste para el Ayuntamiento. El Consell per la República ofrece gratuitamente los servicios que se desprenden del mismo".

El secretario interventor del consistorio, sin embargo, es más específico y señala en un informe previo a la firma que "al no detectarse compromisos de gasto, no se incorpora un compromiso de gasto para la entidad local. Esta opción se realizará si se formaliza algún compromiso y requeriría la existencia de partida presupuestaria dictada a tal efecto y el correspondiente informe favorable de la intervención municipal".

Un detalle desconcertante

El convenio fue firmado por el alcalde de Sant Pol, el republicano Albert Zanca, y por el contable de Puigdemont, Sergi Miquel. En el documento enviado al Ayuntamiento, aparece confusamente el nombre de la entidad que representa Miquel y se camufla al beneficiario último. Si bien aparece un representante "del Consell de Govern", es decir, de la cúpula del Consell per la República, en la identificación de la firma aparece el nombre de Sergi Miquel, pero con un matiz importante: se le atribuye el cargo de "director general del Consell per la República Catalunya Cultura i Progrés". Se trata, en realidad, de dos entes distintos, pues el Consell per la República no tiene identidad jurídica, pero la plataforma CATCiP (Catalunya Cultura i Progrés) sí: es una de las dos entidades que dan cobertura jurídica al entramado económico de Puigdemont en Bélgica.

Sergi Miquel, además de director general, es íntimo amigo de Puigdemont y su relación se remonta tiempo atrás, cuando se conocieron en Girona, ciudad de la que Puigdemont había sido alcalde. En 2019, Miquel cerró su empresa de publicidad digital en Girona y se trasladó a Bélgica para ser el administrador de CATGlobal ASBL y CATCiP, las dos plataformas que dan amparo legal al expresidente catalán. En España, operaba con las compañías Ambulo in Solido y Consultoria d'Espais Nuri i Sergi. La primera es una compañía de Barcelona creada en 2016, usada para el diseño, implementación y explotación de plataformas online. La segunda es una constructora que también tiene su sede en la capital catalana. Miquel, no obstante, siguió operando hasta el verano pasado con la empresa Capsule Multimedia Corporation, la firma publicitaria donde también son socios algunos de los empresarios que intentaron publicitar en medios de comunicación el referéndum del 1 de octubre de 2017.

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En esta firma, que presentó concurso voluntario de acreedores en junio pasado (su expediente figura en el Juzgado Mercantil 9 de Barcelona), tenía como presidente a Oriol Solé Canet y en su consejo se sentaban el fondo vasco de capital riesgo Inveready Asset Management SGEIC (a su vez presidido por The Nimo's Holding) y la compañía Lexcrea. Inveready es una compañía presidida por Josep Maria Echarri, economista vinculado a MásMóvil (es vicepresidente de su comisión de auditoría), Oryzon Genomics, Audax y Palo Biofarma. Lexcrea es un despacho de abogados que había estado participado también por Echarri y cuya administradora única es ahora Silvia Martínez Losas, una profesional que figura en casi una setentena de empresas.

En 2019, la UE se negó a reconocer como lobbies las asociaciones que amparaban a Puigdemont porque no aportaban información suficiente sobre sus socios y sobre su estructura. Además, en sus principios fundacionales omitían que eran asociaciones secesionistas que trabajaban para alcanzar la independencia de Cataluña y, por consiguiente, perseguían la ruptura territorial de España, un Estado miembro. El publicista también creó en 2020 la compañía Lan Sei Consulting OÜ, conforme publicó El Confidencial, en Estonia.

Un dirigente de la CUP, en el meollo

En Torres de Segre, en cambio, quienes gestionaron el convenio fueron otros dos miembros de la cúpula del Consell per la República: Guillem Fuster y Aurora Madaula, que durante tres meses negociaron en secreto ("con discreción", dice el Ayuntamiento en su web) el convenio. El acuerdo, según la administración local, "consiste en un plan piloto para implementar la identidad digital republicana en los equipamientos municipales y un asesoramiento sobre consumo institucional del Ayuntamiento". El consumo institucional puede derivar en una especie de consumo estratégico (es decir, de boicot a productos y empresas españolas), como el puesto en marcha por la ANC y que fue prohibido por los tribunales.

"Este despliegue forma parte de la estrategia de ruptura del Reino de España y se hace desde la transversalidad ideológica", dice el Ayuntamiento en su web. Además, se publicitó el pacto como la creación de "una red de identificación alternativa para ir desconectando del uso del DNI español. Por otro lado, el Consell ofrecerá un asesoramiento sobre la contratación pública con el objetivo de llevar a cabo un consumo institucional republicano". Sin embargo, el convenio no figura en su página web. El proyecto de convenio fue explicado en una sesión abierta por el consistorio el 13 de mayo pasado. Fuster es representante de Poble Lliure en el Consell, es decir, del principal partido que compone la CUP. Este partido anticapitalista, no obstante, no figura oficialmente en el Consell, al que califica de "chiringuito de Puigdemont".

Aurora Madaula, por su parte, es miembro de la Mesa del Parlament en representación de JxCAT. Al mismo tiempo, es una de las escasas diputadas afines a la expresidenta de la Cámara Laura Borràs. Madaula fue reclutada por Puigdemont como una activista independiente. Ella y su pareja de entonces, Agustí Colomines, fueron de los principales apoyos que el fugado tuvo en los círculos proconvergentes. Colomines había sido director de la Fundació CatDem, la que cobraba las mordidas de Convergència. De ahí, pasó a formar a funcionarios como director de la Escuela de la Administración Pública de Cataluña y finalmente se convirtió en el gurú personal de Puigdemont, hasta su distanciamiento definitivo del proyecto del fugado el pasado mes de noviembre. Para ayudar a Puigdemont, Colomines y Madaula impulsaron la plataforma Moviment 1 d'Octubre, que trataba de aglutinar a diputados sin carné del PDeCAT para apoyar al fugado. Colomines fue el cerebro en la sombra de la creación de la Crida Nacional, el primer experimento de Puigdemont para operar fuera del PDeCAT.