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Un juzgado investiga el convenio de Sant Pol de Mar con el Consell per la República
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NO TIENE ENTIDAD JURÍDICA EN ESPAÑA

Un juzgado investiga el convenio de Sant Pol de Mar con el Consell per la República

El órgano creado por Puigdemont asesora a algunos consistorios sobre “buenas prácticas en contratación”. De forma paralela, varios dirigentes independentista han pedido darse de baja por falta de transparencia e información sobre las cuentas

Foto: Carles Puigdemont. (EFE/Julien Warnand)
Carles Puigdemont. (EFE/Julien Warnand)

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 16 de Barcelona ha pedido al Ayuntamiento de Sant Pol de Mar información sobre un convenio que el alcalde de la localidad, Albert Zanca (ERC), firmó con el Consell de la República, el polémico organismo creado y presidido por Carles Puigdemont. A ello se suma que algunos destacados dirigentes soberanistas se han dado de baja durante los últimos meses denunciando opacidad de las cuentas y el boicot absoluto cuando la militancia o los dirigentes exigen información. Desde su fundación hace cinco años, Puigdemont prometió transparencia, pero nunca ha presentado un balance de los movimientos de dinero de la entidad.

Foto: Carles Puigdemont. (EFE/Olivier Hoslet)

La intervención del juzgado se debe a una denuncia interpuesta por el concejal Enrique Abad, que tiene el acta tras haber concurrido como independiente en las listas del PSC. Se da la circunstancia de que Abad fue militante del PSUC (la rama catalana del PCE) durante la época dura de la lucha antifranquista y militó también en ERC de 2002 a 2006. En 2008 fue uno de los miembros fundadores de la entidad Impulso Ciudadano y en 2013 se afilió a Sociedad Civil Catalana (SCC). Es militante, en la actualidad, de la plataforma Ágora Socialista, pero no milita en el partido, por lo que integró las listas municipales como independiente.

El pasado 27 de octubre, el pleno del Ayuntamiento aprobó la firma de un convenio de colaboración con el Consell de la República, órgano que no tiene entidad jurídica en España, puesto que fue creado en Bélgica para eludir cualquier control económico. Tras las investigaciones que realiza el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, que instruye la operación Voloh, se descubrió que el Consell ha montado un sistema de ingeniería financiera, con canales digitales, plataformas opacas, cobros en criptomonedas y múltiples carriles por donde encauzar fondos oscuros cuyo destino final no está claro.La cúpula de la organización nunca se ha rendido cuentas a nadie.

Los que huyen del Consell

Ese oscurantismo ha provocado que destacados dirigentes y adeptos hayan dado la espalda al Consell en los últimos tiempos. La primera en dar la voz de alarma fue la exconsellera fugada Clara Ponsatí, que rompió sus vínculos con la entidad en el verano de 2021. Luego, siguió sus pasaos uno de los gurús de Puigdemont: el profesor Ramon Cotarelo, que se desvinculó del mismo “vista la inoperancia y falta de aclaraciones y explicaciones de toda clase. Eso de ‘todo por el pueblo pero sin el pueblo’ no se puede admitir”. El último en dar un portazo fue el activista Pep Fort, exdirigente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y presidente del grupo Donec Perficiam, que intentó una lista unitaria independentista. Fort pidió la baja el pasado 2 de enero de 2023.

Foto: Fotografía facilitada por RAC1 del líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, durante una entrevista. (EFE)

“Después de 7 meses reclamando conocer los presupuestos, en qué se gasta el dinero y quién y cuánto cobran, y no obtener respuesta (ni una), he decidido solicitar la baja como inscrito. Si tenemos que gestionar un país, un Estado, debe ser de forma totalmente limpia y transparente. Por otra parte, el Consell de la República se creó para hacer desde fuera del Estado lo que no se podía hacer desde dentro. El balance es pobre, nulo. ¿Qué ha hecho el Consell en estos años? Una colección de sellos, un concurso de carteles, una manifestación en Perpignan, un carnet de bambú y poco más (…) Para terminar, lo que tenía que ser una entidad apartidista y transversal es un (según uno de los últimos tuits de Carles Puigdemont) anexo de Junts per Catalunya, mostrando su apoyo incondicional al candidato Xavier Trias [candidato de Junts por Barcelona en las municipales del mes de mayo]. No me siento cómodo”. Luego, añadía: “Os pido que me deis de baja de todo vínculo con este Consell y de cualquier archivo o listado que tengáis con mi nombre. Constatada la falta de todo proyecto concreto para el futuro político del país, sumado a la poca transparencia en su funcionamiento y el sesgo general hacia una formación política, me han hecho decidir abandonar el Consell de la República”.

placeholder Carles Puigdemont y Clara Ponsati, en una imagen de archivo. (EFE/Stephanie Lecocq)
Carles Puigdemont y Clara Ponsati, en una imagen de archivo. (EFE/Stephanie Lecocq)

El sesgo hacia JxCat es importante. Tanto más cuanto que el hombre responsable de Acción Económica del Consell y secretario del mismo es Guillem Fusté, un militante de Poble Lliure, el mayor partido de los que integran la CUP. Él y su compañera, Aurora Madaula (miembro de la Mesa del Parlament), han gestionado algunos de los convenios del Consell con varios Ayuntamientos catalanes desde el año pasado. En concreto, firmaron un convenio con Torres de Segre y más tarde con Sant Pol, Arbúcies, Amer y Sant Feliu de Pallerols.

¿Qué pretenden con esos convenios? Paradójicamente, la organización que no presenta cuentas públicas ni siquiera a sus militantes, se compromete a asesorar a los ayuntamientos “para el impulso de un modelo de buenas prácticas en contratación pública”. Además, pretende impulsar que todos los trámites municipales obvien el DNI y utilicen el “carnet de bambú” del Consell de la República, sustentado así una “Identidad Digital Republicana” sólo reconocida por el Consell. En el convenio, para mayor contraste etiológico, el Ayuntamiento de Sant Pol afirma que la ayuda del Consell le ayudará a “reforzar un mejor ejercicio de sus competencias y un mejor servicio a los ciudadanos reforzando los criterios de simplificación, ética, compromiso social y ambiental y satisfacción, en definitiva, de sus ciudadanos”.

El PSC se pone de perfil

Un informe jurídico firmado por el secretario interventor del Ayuntamiento de Sant Pol afirma que el convenio tiene la finalidad de “incorporar criterios en clave republicana en la contratación pública y la adopción de la Identidad Digital Republicana como método de identificación de la ciudadanía”. A juicio del concejal Enrique Abad, estos extremos son inconstitucionales y por eso los llevó al juzgado.

Foto: El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. (Reuters)

En su cometido, no le ayudó precisamente el PSC, cuyos dirigentes comarcales y locales se pusieron de perfil y no le apoyaron a la hora de denunciar estas anomalías. Tras pedir la opción de los órganos del partido, se encontró con el vacío y un silencio elocuente. En su periplo por los juzgados, Abad fue apoyado por Impulso Ciudadano, la asociación que él había ayudado a fundar, presidida por José Domingo, exdiputado y uno de los primeros representantes de Ciudadanos en el Parlament.

Los responsables municipales de Sant Pol, sin embargo, van más allá del mero formalismo ideológico: dejan abierta la posibilidad de pagar por los consejos del órgano asesor. “Al no concretarse compromisos de gastos, no se incorpora un compromiso de gasto para la entidad local -justicia el secretario su visto bueno-. Esta opción se realizará si se formaliza algún compromiso y requeriría la existencia de partida presupuestada dotada a tal efecto y el correspondiente informe favorable de la intervención municipal”. Por tanto, al no asignar ninguna partida, da el convenio por bueno.

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Junqueras y Puigdfemont, en una imagen de archivo. (EFE/Stephanie Lecocq)

El informe detalla los compromisos de cada parte: “Ambas entidades se comprometen a colaborar entre ellas. Por un lado, el Consell se compromete a asesorar técnica y jurídicamente al Ayuntamiento para la incorporación de medidas ‘coherentes’ con los valores republicanos en las licitaciones públicas a fin y efecto de mejorar la calidad de la contratación pública (…) Por otro lado, se establece que el Ayuntamiento utilizará también la Identidad Digital Republicana emitida por el Consell de la República como método de identificación en la relación que el ente local tiene con la ciudadanía, usuarios o clientes para acceder a sus instalaciones”. El hecho de solicitar una identificación de un órgano opaco, establecido fuera de España y cuya actuación es sospechosa según los sumarios abiertos, arroja un punto más de dudas sobre la naturaleza del convenio. Y, de paso, sobre la actuación de las cúpulas municipales de los ayuntamientos citados.

Foto: Oriol Junqueras, durante un acto de ERC. (EFE/David Borrat)

El pasado jueves 19 de enero, entraba en el Ayuntamiento de Sant Pol el primer requerimiento judicial sobre el convenio. Se pide documentación sobre la naturaleza de los acuerdos a los que se ha llegado con la organización de Carles Puigdemont. En aquellos momentos, una nutrida representación del Consell de la República se reunía en las fuentes de Montjuïc para protestar contra la cumbre entre Pedro Sánchez y Emmanuel Macron que se estaba celebrando en el cercano Museo Nacional de Arte de Catalunya (MNAC). Otra nutrida representación de ERC, encabezada por Oriol Junqueras, se sumaba a la protesta contra la reunión, pero los abucheos de una parte de los manifestantes obligaron al presidente de ERC a abandonar apresuradamente la manifestación. En las calles, pues, las diferencias entre los sectores independentistas son evidentes. En los despachos, por lo que se desprende de los convenios firmados, las relaciones entre facciones independentistas van sobre ruedas.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 16 de Barcelona ha pedido al Ayuntamiento de Sant Pol de Mar información sobre un convenio que el alcalde de la localidad, Albert Zanca (ERC), firmó con el Consell de la República, el polémico organismo creado y presidido por Carles Puigdemont. A ello se suma que algunos destacados dirigentes soberanistas se han dado de baja durante los últimos meses denunciando opacidad de las cuentas y el boicot absoluto cuando la militancia o los dirigentes exigen información. Desde su fundación hace cinco años, Puigdemont prometió transparencia, pero nunca ha presentado un balance de los movimientos de dinero de la entidad.

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