Los '100.000 hijos de Puigdemont' superan los 1,3M de aportación a las arcas de Waterloo

A las 10 de la mañana de este lunes 11 de octubre, el Consell per la República llegaba a los 100.000 inscritos. Tres circunstancias han ayudado a alcanzar la cifra, entre ellas, la detención de Carles Puigdemont. Este órgano áulico creado por el 'expresident' pretende ser el elemento condensador del independentismo catalán puesto a su servicio. En él dio cabida a pequeños grupúsculos y partidos para visibilizar una supuesta pluralidad (en realidad, casi todos los colectivos que lo integran se han presentado a las elecciones bajo las siglas de Junts per Catalunya). Ni la CUP ni ERC forman parte del órgano ni han participado en su gestión.

El Consell ha sobrevivido estos años con más o menos altibajos. La intención de Puigdemont era conseguir un millón de afiliados durante los primeros meses, es decir, aproximadamente la mitad de los votos soberanistas que había en Cataluña. Pero después de tres años con una intensa campaña de proselitismo, solo ha conseguido llegar a 100.000 inscritos, la décima parte de sus previsiones.

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Pero ese relativo fracaso no quita para que, en el fondo, el ‘invento’ del Consell haya sido una fuente de ingresos para el fugado. Cada afiliado ha de pagar 10 euros como mínimo para ser miembro, lo que quiere decir que, desde su constitución, solo en cuotas de afiliación, Puigdemont ha ingresado un millón de euros. Y eso sin contar que hay militantes que han aportado más de esa cantidad y empresas que han contribuido con generosos estipendios. En las sucesivas campañas de recaudación de fondos, los ingresos de Waterloo a través del Consell per la República han sido de 1.350.000 euros como mínimo, aunque se desconocen los importes anuales periódicos que algunos militantes hacen a ‘la causa’. Todo lo que envuelve a Puigdemont, especialmente si se trata de financiación y de números, está envuelto en misterio.

De esa cifra total, 350.000 euros provienen de los ingresos por la venta del documento de ‘identidad republicana’, otro invento del 'expresident' para sacar fondos de debajo de las piedras. No existen cifras oficiales de los DNI vendidos por Puigdemont, aunque en julio ya se habían distribuido unos 20.000, previo pago de 12 euros por unidad, así como 2.500 digitales. Del total de documentos físicos vendidos, los correspondientes a los militantes ya inscritos eran unos 15.000. Pero había algo más de 5.000 nuevos militantes que compraron el carné y que tuvieron que pagar, además de los 12 euros referenciados, otros 10 de la cuota.

7.100 afiliados desde abril

En estos momentos, con 100.000 inscritos, se han dado de alta más de 7.100 afiliados desde el inicio de la venta de carnés, lo que ha supuesto un importante estímulo para las cuentas bancarias de Waterloo: solo de los nuevos inscritos, Puigdemont podría haber ingresado desde abril 156.000 euros, a los que hay que añadir las ventas de carnés a los ya inscritos: hasta primeros de julio, se embolsó 195.000 euros por las ventas del documento a activistas ya afiliados al Consell, pero no se han hecho públicos los datos de los últimos tres meses, por lo que estas estimaciones se quedan cortas.

El negocio del Consell, aunque no boyante, sí obliga a Puigdemont a realizar periódicos ajustes en su estrategia. Cuando las afiliaciones al órgano áulico estaban prácticamente estancadas, ideó el carné para revitalizarlas. La salida al mercado del documento, el pasado 6 de abril, fue un revulsivo: el mismo día en que se produjo, las afiliaciones pasaron de 20 a 263; el día 7, hubo 466, y el 8, 295. Los siguientes días, las inscripciones se situaron cerca de las 200 nuevas diarias y el 14 de abril, día de la república, el Consell alcanzó los 95.130 registrados. En poco más de una semana, logró más de 2.200 ingresos nuevos.

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La venta de un DNI era un negocio en el que su amigo el empresario Josep Maria Matamala (al que metió en las listas para el Senado por Girona) tenía experiencia de décadas: la librería familiar de los Matamala vende carnés de identidad catalanes desde hace 40 años. Se trata de un documento de identidad diseñado por el sacerdote Josep Dalmau en 1981 que fue distribuido desde la Llibreria Les Voltes: “La tierra es sagrada. Traidor quien ose profanarla”, reza un ‘decálogo del nacionalista catalán’ que hay en su reverso. Otra de las leyendas dice: “No sirvas a los enemigos de tu pueblo. Son enemigos de todos los pueblos del mundo”. Su precio era de seis euros.

Puigdemont adecuó el diseño a los parámetros de un DNI actual y subió el precio a 12 euros, aunque si el ciudadano quería un ‘carné digital’ (y no físico) su coste bajaba hasta los seis euros. En aquel momento, principios de abril de 2021, el Consell tenía 92.900 afiliados. Y el 'expresident' puso como condición para obtener el carné que el ciudadano debía inscribirse en el Consell per la República. De esa manera, cualquier afiliado podía obtener el documento a cambio de 12 euros, pero uno que no estuviese inscrito debía pagar 22 euros. Un negocio económico y político, puesto que así hinchaba al mismo tiempo la militancia del órgano.

En el mes de julio, el Consell admitía que había vendido 20.000 carnés físicos y 2.500 digitales. Las afiliaciones, sin embargo, solo habían aumentado en 5.167 activistas hasta el 9 de julio, lo que implica que el resto de carnés se había repartido entre militantes ya inscritos. Desde entonces, el interés por registrarse menguó drásticamente, hasta el punto de que desde el 9 de julio hasta el 19 de septiembre pasado solo habían solicitado el alta unos 700 catalanes.

La detención dispara las afiliaciones

En septiembre, Puigdemont ideó otro golpe de timón: el 19 de ese mes, el Consell convocó oficialmente elecciones a la Mesa de Representantes, que pretende ser un parlamento paralelo en el que solo se admiten candidatos independentistas. Tanto la CUP como ERC se han desmarcado ostensiblemente de ese órgano excluyente de la mitad de los catalanes, pero para el 'expresident' es el órgano de referencia del secesionismo. El día antes del anuncio de los 'comicios' (que serán los días 29, 30 y 31 de octubre), el número de peticiones creció hasta las 98 y se mantuvo en varias decenas los siguientes días.

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Pero a continuación llegó otro revulsivo de la situación: la detención de Carles Puigdemont en Cerdeña el 23 de septiembre. Desde la detención, en solo un par de semanas, hubo 1.150 altas en el Consell, una cifra muy superior a la de los dos meses y medio anteriores. En términos monetarios, los ingresos en la última semana de septiembre y la primera de octubre fueron de 25.000 euros.

Curiosamente, entre el 24 y el 30 de septiembre no se produjo ninguna inscripción, es decir, durante la semana en que Puigdemont centró su actividad en Cerdeña. Pero el 1 de octubre, aniversario del referéndum ilegal, hubo 411 altas de golpe (ese cómputo recoge toda la última semana de septiembre) y se mantuvieron a un ritmo creciente los siguientes días, fechas en que hubo una campaña de comunicación pidiendo la solidaridad con Puigdemont y coincidiendo con la recta final de la presentación de las candidaturas a la Mesa de Representantes: el día 3 de octubre, por ejemplo, hubo 103 altas; el 4 de octubre, otras 126, y el 5 de octubre, 118. A partir de entonces, bajaron, aunque ningún día hubo menos de 27 afiliaciones hasta el 10 de octubre. La detención de Cerdeña, pues, significó un nuevo revulsivo para el Consell per la República, pero, especialmente, para las cuentas bancarias de Waterloo.