Víctimas del pucherazo 'indepe' en la Cámara de Comercio exigen responsabilidades

La sentencia definitiva del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que anula el proceso de las elecciones a las cámaras de comercio catalanas y, en especial, a la de Barcelona en el año 2019, ha abierto en canal al colectivo independentista, que pierde su principal bastión fuera de las instituciones políticas. La convocatoria se hizo a medida por el entonces presidente, Quim Torra, y por la consejera de Empresa, Àngels Chacón. Redactaron un decreto urgente sin necesidad, no lo llevaron por los cauces legales, establecieron el voto electrónico (que al final fue crucial para viciar los resultados) y se saltaron la ley estatal que rige estas entidades. Las triquiñuelas efectuadas por el Govern para asaltar una de las principales instituciones económicas de Cataluña les salió bien, hasta que se toparon con la Justicia. Los empresarios afectados aseguran ahora que exigirán responsabilidades patrimoniales y penales por este pucherazo.

La cúpula de la Cámara de Barcelona, que cuenta con dos sentencias más que apuntan a que hubo fraude en el recuento de votos y que la nueva dirección soberanista usurpó ilegalmente la institución, ha hecho oídos sordos al último fallo judicial del TSJC. Incluso la propia Generalitat o el Ministerio de Industria intentan mirar hacia otro lado. A pesar de la importancia del tema, la Consejería no hizo comunicado oficial sobre el tema y ha lanzado mensajes desconcertantes. Sus representantes han dicho a la vez que no tienen constancia de la sentencia y que la están estudiando. Otras fuentes jurídicas del Govern apuntan a que lo que se anuló fue la ley que permitió convocar los comicios, pero no el resultado.

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"¿En qué quedamos? ¿No la tiene o la tiene y la está estudiando? ¿Cuál es la verdad? Lo que le preguntamos también al consejero Roger Torrent y al secretario de Empresa, Albert Castellanos, es si van a querer hacer las cosas bien o si van a seguir como hasta ahora", critican a El Confidencial fuentes de la oposición de la Cámara.

En el Ministerio de Industria, cuya ley fue vulnerada por los decretos de la Generalitat, también se mantiene una suma cautela. Pero los empresarios catalanes de la oposición, a los que el independentismo les usurpó la institución hace tres años, piden explicaciones y que se tomen medidas. "Teóricamente, la junta directiva se tendría que disolver y dar paso a una junta gestora hasta las próximas elecciones en 2023, pero ya veremos qué pasa", subrayan las fuentes.

Una "institución decadente"

De momento, tras la sentencia, la junta independentista realizó un pleno donde se aprobaron medidas que afectarán al funcionamiento de la institución. En primer lugar, ha eliminado el sillón reservado que algunas empresas de las que más cotizan tenían en la Cámara. De los 30 puestos que hay reservados, la cúpula 'indepe' ha destituido a 12 y ha tenido que mantener los 8 restantes, correspondientes a dos sociedades y a las patronales. También aprobó cambiar el logotipo de la institución para eliminar la corona de la monarquía, lo que afecta al futuro de la entidad. Y, por último, aprobó un manifiesto político dando apoyo explícito a una entelequia como el Consell per la República, a Carles Puigdemont y a la Asamblea de Representantes, que pretende ser un Parlamento catalán paralelo donde está vetada la presencia de partidos no independentistas.

La votación se realizó el miércoles por la tarde. Para el pronunciamiento de los miembros del pleno, se procedió a contar los negativos y, a continuación, las abstenciones. No hubo petición para los apoyos y se dio por supuesto que los que no estaban incluidos en esos dos grupos estaban a favor. "Lo curioso del caso es que, a la hora de las votaciones, muchos miembros ya se habían marchado, porque era muy tarde. Pero se entendió que votaban a favor. Es una manera muy particular de contar los votos, porque de la misma manera que podrían haberse ido miembros a favor de las cuestiones sometidas a votación, también pudieron irse miembros que estaban en contra. Daba la impresión en aquellos momentos de que la Cámara era una institución muy decadente", explica uno de los presentes.

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Fuera como fuese, la oposición ya había hecho saber a la cúpula independentista, que encabeza Mireia Roca, que no debía poner a votación cuestiones que afectasen al futuro de la entidad. La cúpula miró hacia otro lado y acometió las reformas que le interesaban para reforzar el mensaje independentista y expulsar a las empresas que no comulgan con la secesión.

"La Cámara debería haber aplicado un criterio de prudencia a sus decisiones para no comprometer a la institución. Debería haberse abstenido de tomar decisiones. Ya les hemos avisado de que todas las iniciativas que se hagan tras la sentencia definitiva serán impugnadas, porque están comprometiendo el futuro de la entidad", explican las fuentes. Pero la exigencia de responsabilidades va más allá. Los empresarios afectados están dispuestos "a exigir responsabilidades penales y patrimoniales a la cúpula directiva".

Inseguridad jurídica

Por parte de la Administración catalana se ha dejado caer que el resultado de las elecciones no se puso en duda, sino que se hizo incorrectamente el proceso. En otras palabras, le restan importancia y mantienen el resultado de los comicios. Pero la cuestión no es tan sencilla. Primero, esta sentencia fue sobre el procedimiento electoral. La Justicia, a la vista de las irregularidades, anuló todo. Así, jurídicamente, lo que salió de las urnas queda anulado y los comicios no son válidos, a pesar de que el Govern señala que está estudiando aún si la decisión de los jueces afecta al escrutinio.

En el recurso de la sociedad Staff Pavillon, que dio lugar al fallo judicial, se explicaban las cinco causas por las que se pedía la impugnación. La primera es que se había omitido el trámite de participación ciudadana; la segunda, que faltaba el informe preceptivo del Consejo General de Cámaras. También que no había orden ministerial de las condiciones técnicas para el ejercicio del voto electrónico con plenas garantías de igualdad y transparencia; que hubo una vulneración de la normativa básica estatal en lo referente a que introducía el voto electrónico y no el voto por correo; y, por último, que existe un informe auditor que muestra el proceso arbitrario para anular los votos de los rivales. El tribunal ya dio por bueno que se había incumplido la primera de las premisas y, por tanto, anuló todo el proceso, sin entrar en el fondo de las demás cuestiones. Jurídicamente, ya no hacía falta.

"Esta es una situación muy grave. La Generalitat crea una inseguridad jurídica que deja a la economía y a las empresas en muy mal lugar"

En segundo lugar, desde la Administración catalana no tienen en cuenta que otras sentencias sobre la noche electoral determinan que hubo pucherazo o trampa. La Generalitat aceptó que se anulasen arbitrariamente votos que beneficiaban a las candidaturas no independentistas y que les hubieran dado la victoria. "Esta es una situación muy grave. La Generalitat crea inseguridad jurídica que deja a la economía y a las empresas en muy mal lugar. El mensaje que está dando es que deja que se hagan trampas para beneficiar a una opción determinada y eso es penoso", subrayan fuentes de la oposición de la Cámara. Vista la intensidad con que la cúpula independentista se ha aferrado a la institución tras la sentencia firme, el conflicto interno no ha hecho más que empezar.