El Govern pide al TSJC que declare que es imposible aplicar la sentencia del 25%

La Generalitat ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que declare la "imposibilidad legal" de aplicar la sentencia que impone un 25 % de castellano en las escuelas, ya que el decreto que aprobó ayer el Govern supone un nuevo "marco legal" que impide su ejecución. El Gabinete Jurídico de la Generalitat ha remitido un escrito ante el TSJC, al que ha tenido acceso Efe, en el que argumenta que el decreto aprobado ayer por el Govern, que no fija porcentajes para la enseñanza de las lenguas oficiales, es "incompatible" con la parte dispositiva de la sentencia del alto tribunal que obliga a garantizar que el uso del catalán o del castellano no sea inferior al 25 % de las horas lectivas.

En su informe, la Generalitat defiende que ni la Constitución, ni el Estatut, ni la legislación estatal en materia educativa imponen un modelo de porcentajes sobre el uso de las lenguas en las escuelas y remarca que para "asegurar la mayor efectividad" de la sentencia "lo que procede" es que el TSJC "ordene" a los centros públicos y concertados de Cataluña que elaboren o revisen sus proyectos lingüísticos para adaptarse al nuevo marco legal establecido por el decreto que aprobó ayer el Govern.

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La Generalitat ha presentado este informe ante el TSJC el mismo día en que expira el plazo del ultimátum que le dio el alto tribunal catalán para que ejecutara su sentencia en la que ordenaba que hubiese un mínimo del 25 % de las clases en castellano. En su escrito, la Generalitat subraya que el decreto ley que aprobó ayer el Govern "descarta de manera taxativa" que se fijen porcentajes para determinar el uso de las distintas lenguas oficiales que se utilizan en la escuela, lo que es "incompatible" con la sentencia del TSJC que establece un mínimo del 25 %.

Por este motivo, pide al TSJC que declare la concurrencia de una "causa de imposibilidad legal" para ejecutar la sentencia del 25 %, debido a la presencia de la nueva reglamentación, como elemento "sobrevenido". La Generalitat admite que "es cierto" que el nuevo régimen jurídico establecido en su decreto y la sentencia del 25 % "difieren" en cuanto a las "concretas medidas previstas" para adoptar, pero remarca que, según la jurisprudencia del Supremo, "lo que es realmente relevante es el interés general perseguido".

"Es innegable"

"Y es innegable -agrega-, que el Decreto Ley 6/2022 pretende afrontar el interés general que representa la regulación del uso de las lenguas oficiales en la escuela de una manera diferente priorizando no un simple régimen de porcentajes totalmente ajeno a la realidad de cada centro docente y no previsto en ninguna norma legal, sino un modelo que tiene en cuenta el entorno sociolingüístico de los centros, el entorno general y los objetivos de normalización lingüística".

En este sentido, el escrito recuerda que la sentencia del TSJC sobre el 25 % -de diciembre de 2020-, declaró que la Generalitat incurrió en una "inactividad normativa" sobre la regulación del uso de las lenguas oficiales en la escuela, cosa que "precisamente" está "tratando de superar" el Govern con el decreto aprobado ayer. Sostiene además que la administración autonómica tiene "plena libertad" a la hora de determinar cuál debe ser el contenido de las normas legales, "con el único límite de tener que respetar la Constitución y el Estatut de Autonomía".