La CUP abandona a Borràs y la deja al borde de su cese como presidenta del Parlament

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, lo tiene muy difícil para poder cambiar el reglamento de la cámara catalana y sortear su destitución si se abre contra ella juicio oral por corrupción. La segunda autoridad de Cataluña está acusada de un delito continuado de prevaricación administrativa, fraude administrativo, falsedad en documento mercantil y delito continuado de malversación de caudales públicos. La CUP, que podría ser su salvación, tiene claro que no apoyará esta maniobra si la acusación que pesa sobre ella tiene una base fundamentada. La dirigente independentista está al borde de su cese.

En el momento en que se abra juicio oral, si esa circunstancia llega a producirse, Borràs tiene que cesar automáticamente como presidenta de la cámara, al perder su condición de diputada. Así lo especifica el reglamento del Parlament en su artículo 25.4: “En los casos en que la acusación sea por delitos vinculados a la corrupción, la Mesa del Parlament, una vez sea firme el auto de apertura del juicio oral y tenga conocimiento del mismo, debe acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de forma inmediata. Si se plantean dudas sobre el tipo de delito o sobre el régimen de incompatibilidades aplicable a lo largo de la suspensión, es necesario el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados”.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) envió esta semana a las partes un auto y ahora depende de la Fiscalía el solicitar el archivo de la causa o formular acusación y solicitar apertura de juicio. El Ministerio Público tiene 15 días para realizar su escrito, por lo que los días de Borràs como presidenta del Parlament podrían estar contados.

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Borràs ha afirmado que lo suyo es “una persecución política”, pero todas las fuentes consultadas por El Confidencial ponen en entredicho esa versión. “En su momento, ya le dijimos que si de verdad era inocente, que renunciase al aforamiento y que fuese a los tribunales corrientes, porque si las acusaciones eran una invención del Estado tendría posibilidades de ganar, puesto que no estarían tan politizados como el Supremo o el TSJC. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Habrá que preguntarle a ella. Lo único que podemos afirmar es que si las acusaciones de corrupción tienen una base, evidentemente que no la apoyaremos”, explican a este diario desde la CUP.

Otra fuente de la formación anticapitalista insta a Borràs "a que asuma sus responsabilidades", mientras que un tercero añade que "la única modificación del reglamento del Parlament" que apoyarán es "la que propone modificaciones para introducir el plan de igualdad y el pacto antifascista". El artículo 25.4 se quedaría igual, según esta fuente, porque no hay previsión de modificar el reglamento en esa cuestión.

Según diversas fuentes consultadas por El Confidencial, no existe duda acerca de los delitos imputados, ocurridos entre 2013 y 2018

En los expedientes de la Generalitat aparecieron también presupuestos de empresas y organismos que jamás los habían enviado (y que sirvieron para simular que en las contrataciones de Herrero había concurrencia de varios interesados). Una de esas empresas, por ejemplo, era de un antiguo compañero de Borràs en la universidad que ignoraba que su empresa hubiese optado a alguna adjudicación oficial. Aseguró también que no sabía cómo habían podido obtener sus datos y los de su empresa para falsificar los presupuestos. Los indicios que hay, de momento, son lo suficientemente sólidos como para levantar una duda razonable.

Según diversas fuentes consultadas por El Confidencial, no existe duda acerca de los delitos imputados, ocurridos entre 2013 y 2018, periodo en el que ejerció como directora del Institut de les Letres Catalanes (ILC). En ese tiempo, desvió hacia los bolsillos de un amigo, Isaías Herrero, unos 267.000 euros directamente y otros 62.000 euros más a empresas que se habían prestado a hacer de pantalla. Por si fuera poco, hay indicios de que se trocearon irregularmente contratos para evitar tener que convocar concurso (adjudicaba a su amigo varios trabajos por cantidades de 18.000 euros más IVA y lo hacía por el método de contratación menor, ya que si superaban ese monto tenía que convocar concurso).

El independentismo, de perfil

Sospechando que el caso puede llevarla a sentarse en el banquillo, Borràs intentó, desde el mismo momento en que fue elegida presidenta del Parlament, reformar la normativa para eliminar el punto 4 del artículo 25 del reglamento de la cámara. Pero sus compañeros independentistas, aunque podrían haberla apoyado en una cuestión política, se han puesto de perfil y no están por la labor. El tema ha causado un profundo malestar en las filas de ERC, aunque desde la formación republicana guardan oficialmente un hermético silencio para no profundizar en las heridas abiertas entre los dos socios de gobierno, ERC y JxCAT, partido al que pertenece Borràs.

En la CUP, no obstante, verbalizan su desacuerdo con la presidenta de la cámara. “El punto 4 del artículo 25 se incorporó al reglamento del Parlament en 2017 a petición nuestra y no hay motivos para modificarlo”, insisten las mismas fuentes. La formación anticapitalista había introducido este punto para evitar que los diputados se refugiasen en su condición de aforados cuando tuviesen algún escándalo relacionado con la corrupción. O, dicho de otro modo, “para evitar que la política fuese el refugio de presuntos delincuentes”, conforme explica otra fuente de la formación.

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El diputado Xavier Pellicer se mostró muy cauto ante esta cuestión. “Denunciamos, por un lado, una operación del Estado de aplicación del Código Penal contra el ‘enemigo’, pero también tenemos un compromiso absoluto, meridiano y claro contra la corrupción. La causa contra Borràs es compleja e incómoda para el conjunto del independentismo, pero seamos prudentes, porque en estos momentos no sabemos ni siquiera si Fiscalía hará acusación. Hacer una valoración ahora es especular”, dijo para justificar la evasiva a posicionarse ante el tema. Señaló, sin embargo, que este es “un debate que socializaremos en el conjunto de la candidatura y, cuando llegue el momento, haremos la valoración pertinente”.

De todos modos, en el partido de la izquierda soberanista destacan a este diario que “hasta ahora nadie ha propuesto oficialmente cambiar el reglamento por el caso Borràs”. En realidad, fue la propia presidenta del Parlament quien dijo públicamente que iba a cambiarlo, pero enseguida le advirtieron de que ella no podía hacer nada y que esa modificación, si acaso, la tendría que pedir un grupo parlamentario. En ese estadio es donde se topó con las reticencias de los otros partidos independentistas, que no están dispuestos a afrontar un desgaste por un escándalo de corrupción que afecta a una diputada.