Laura Borràs sopesa desobedecer a la Junta Electoral y no retirar el escaño a Pau Juvillà

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, sopesa desobedecer y no hacer caso a la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) que insta a la retirada del escaño al diputado de la CUP Pau Juvillà, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por la que se le inhabilita por un periodo de seis meses. Juvillà no retiró unos lazos amarillos que había colocado en su despacho durante periodo electoral. La JEC remitió un escrito en la tarde de ayer a la Cámara catalana recordando que su decisión tiene carácter firme y debe ejecutarse en un plazo de cinco días.

Fuentes del independentismo apuntan a que Borràs se inclina por desobedecer. Ella misma se colocó en esa posición y ahora, ante la firmeza de la JEC, que incluso exige que se explique quién sustituirá a Juvillà, su margen de maniobra se va estrechando. La JEC otorga cinco días, bajo la amenaza de “consecuencias jurídicas”. Al ser días hábiles, eso quiere decir que Borràs tiene que pronunciarse al respecto el próximo miércoles.

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Pero la JEC como organismo hace que sus decisiones tengan que ser ejecutables. Es por este proceso por el que Quim Torra perdió el escaño. El 'expresident' está considerado el padre político de Laura Borràs.

Borràs intentó un artificio jurídico, combinado con una retórica encendida. Por un lado, aseguró desde sus redes sociales: “Siempre he dicho que protegeré los derechos de todos los diputados para garantizar los derechos y libertades de sus electores y que es necesario respetar el principio antirrepresivo básico de acompañamiento de la persona afectada y su organización”. También se fue a la feria del aceite de Les Borges Blanques y esbozó la misma idea, que la retirada del escaño de Pau Juvillà supone “una vulneración de derechos” tanto para el diputado como para sus electores. Y eso fue hace solo tres días. Antes incluso, Borràs arropó a Juvillà en una rueda de prensa en la que este abogó por la desobediencia en un discurso muy 'cupero'.

Pero al mismo tiempo había una estrategia jurídica conjunta entre la Mesa del Parlament, controlada por el independentismo, y la CUP. Esta recurría ante la JEC y la Cámara catalana lo hacía ante el Tribunal Supremo. Se contaba con la lentitud del alto tribunal para alargar la situación de Juvillà: un modo de decir que se desobedecía sin llegar a desobedecer, todo muy estilo 'procés'.

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Pero ahora la JEC ya se ha pronunciado y advierte de que su decisión no depende de lo que diga el Tribunal Supremo. Borràs, siempre tan locuaz, optó ayer por el silencio. Eso sí, por la tarde se reunió con la CUP para analizar la situación de manera conjunta.

Inclinada a desobedecer

Fuentes del entorno de Laura Borràs apuntan a que esta se inclina por desobedecer, aunque esta decisión le acabe costando su cargo como presidenta del Parlament. La decisión, de nuevo, se debe a razones políticas y jurídicas. Las legales son las malas perspectivas para Borràs que tiene su juicio pendiente por fragmentación de contratos cuando estaba al frente del Instituto de Estudis Catalans. La inhabilitación sería la condena más probable.

La desobediencia de Borràs sería en clave de ganar las primarias de JxCAT

El entorno político de Borràs, el sector de JxCAT más cercano a la CUP, prefiere que la inhabiliten por oponerse a que Juvillà deje de ser diputado que por haber beneficiado, presuntamente, a un amigo cuando estaba al frente del ILC con los contratos de servicios informáticos. Así le caería como mucho un año de inhabilitación por algo que sí tendría relación con el 'procés' y una vez cumplida su pena le permitiría volver a presentarse a las primarias de JxCAT, que ya ganó en su día, y optar a la presidencia de la Generalitat con el halo de mártir de la Justicia española, algo que siempre viste mucho ante el votante independentista. Para que su plan salga bien, claro, Borràs necesita que Aragonès apueste por una legislatura larga.

Reticencias en la CUP

La postura de Borràs incluso despierta reticencias en la CUP, donde una parte de esta formación no quiere deberle nada a una presidenta que consideran que más tarde o más temprano acabará salpicada por un caso de corrupción, aunque sea un caso menor como el del ILC. Una posibilidad que permitiría a Borràs salvar esta bola de set y partido sería que el propio Juvillà dimitiese, con lo que la presidenta ya no tendría que desobedecer y el propio ultimátum de la CUP decaería.

El PSC, que forma parte de la Mesa del Parlament, no apoya el desafiar a la JEC. Ha pedido un informe jurídico para basar el recurso al Tribunal Supremo, solicitará un pronunciamiento de los letrados de la Cámara. También ha demandado una reunión de la Mesa que anoche todavía no había sido convocada.