El secesionismo destapa las jubilaciones para vengarse de los altos cargos del Parlament

Gabriel Rufián es listo. Mientras la clase política catalana en pleno lleva tres días patinando con las jubilaciones doradas del Parlament, el republicano pidió disculpas en Catalunya Ràdio. “Toca pedir perdón por el cobrar sin trabajar y eliminar este privilegio”, declaró. Él sí lo hizo, cuando no lo ha hecho el presidente de la Cámara que aprobó la medida en 2008, Ernest Benach (ERC), ni tampoco la presidenta actual, Laura Borràs, quien lleva desde diciembre dando bandazos con el tema. Él, que está en el Congreso y nunca ha sido diputado del Parlamento regional. Pero Rufián siempre es más rápido a la hora de detectar la sensibilidad de la calle. La crisis es de tal dimensión que resulta complejo explicar cómo nació tal despropósito y cómo ha desembocado en este desastre. De defender un privilegio a una 'vendetta' del independentismo que en 2017 se sintió traicionado por una casta institucional cuando fracasó el 'procés'.

En 2008, Ernest Benach da luz verde a la reforma que se denomina 'licencia por edad', un eufemismo que oculta una prejubilación de oro para altos cargos del Parlament: los beneficiados se pueden prejubilar con el 100% del salario, trienios incluidos, y estar cinco años cobrando sin ir a trabajar, pese a que la institución durante ese tiempo no puede sustituir a los beneficiados. Benach había llegado a la presidencia por descarte, le había tocado en el reparto de sillones que configuró el tripartito catalán: Pasqual Maragall, la presidencia de la Generalitat; Josep Lluís Carod-Rovira, la vicepresidencia, y Benach, la Cámara, ya que ningún alto cargo de ERC quería quemarse en un puesto donde terminaban las carreras políticas.

Benach dio el visto bueno, pero el cerebro no fue él, sino la astuta Inma Folchi, quien fuera secretaria del Parlament entre 1999 y 2015. Inma Folchi estaba bien relacionada con lo más granado del pujolismo, había sido persona de confianza de Carles Vilarrubí en el sector privado. Y su hermano es uno de los hombres más inteligentes de Cataluña, Juan José Folchi, más conocido por haber sido el abogado mercantilista del financiero Javier de la Rosa.

No se trata de una media que beneficiase a los políticos sino a unos altos cargos de una institución que además opera al margen de la función pública por su condición de poder legislativo. En principio, es algo que se creó solo para un par de personas. Pero pronto se convirtió en una salida normalizada, desde personal auxiliar hasta los letrados del Parlament. En 2015, Inma Folchi también se sumó al carrusel dorado, pero para entonces ya se había convertido en algo general: hasta los ujieres se apuntaban, solo que ellos cobraban 4.000 euros al mes, sin ir a trabajar claro, mientras que ella se ha estado llevando la friolera de 10.000 euros mensuales durante un lustro.

Entramado consolidado

El entramado estaba tan consolidado que los políticos iban pasando por la Mesa del Parlament, pero la casta funcionarial que en teoría trabajaba para ellos había secuestrado el sistema. Cada Mesa, ya fuera presidida por Núria de Gispert, Carme Forcadell o Roger Torrent, tenía un responsable de personal. Y este nunca tuvo la información de cómo funcionaba el sistema. Los funcionarios y altos cargos se habían conseguido su propia versión de El Dorado y los políticos estaban a sus cosas.

Con lo que no contaron es con que el color de los responsables iba virando a medida que el 'procés' avanzaba. Dicho de otra manera, los tiempos de Inma Folchi habían pasado. Ahora ya no quedaban políticos pragmáticos tipo el histórico 'conseller' de Economía Macià Alavedra. Ahora eran los tiempos de Carles Puigdemont y ya no bastaba con haber sido casta. Había que ganárselo.

Lejos de hacer eso, los beneficiados dieron un paso atrás. Cuando se empezaron a pedir imposibles, el cuerpo de letrados y los altos cargos del Parlament solo pensaron en cubrirse las espaldas. En 2016, Pere Sol, el sustituto de Inma Folchi, prefiere renunciar al cargo que buscarse problemas. Con esa salida ya instaurada, Pere Sol también se apunta a la 'licencia por edad'. A cobrar desde casa mientras contempla cómo el barco se hunde.

El Parlament generó una casta que encontró el modo legal de lograr privilegios

Ni los secretarios, ni los letrados ni los altos cargos de la Cámara se apuntan al 'procés'. Al contrario, lo cuestionan y se desmarcan. El 6 y 7 de octubre ha de ser Anna Simó, diputada de ERC, la que inscriba las leyes de transitoriedad en el Boletín Oficial del Parlament de Cataluña, porque Forcadell no sabe de informática y ningún empleado o alto cargo quiere ayudarles. El plan sale mal y el intento de secesión de octubre acaba convertido en un gran fracaso político. El 1-O naufragó porque el proyecto era un despropósito. Pero para la cúpula del independentismo quedó el imaginario y la excusa que la casta de altos cargos, de rapero a Xavier Muro, futuro letrado mayor, les habían dejado tirados. Forcadell y los suyos se comieron más de tres años de cárcel, mientras que teóricos independentistas de boquilla, como algunos de los letrados, siguieron con su vida como siempre.

Opacidad y reservas

Cuando el vicepresidente del Parlament, Josep Costa, se hace responsable del área de personal, en la época de la presidencia de Roger Torrent, intenta averiguar cómo funciona el sistema. No lo logra. Ha oído campanas, pero la casta tiene recursos legales suficientes para ir poniendo trabas y que nadie sepa dónde están.

El ajuste de cuentas ha llegado ya con otra presidencia en el Parlament y desde fuera. El diario 'Ara', un medio independentista, estuvo nueve meses insistiendo mientras desde la Cámara le iban poniendo todo tipo de obstáculos.

Laura Borràs primero afirmó que había solventado el tema y luego cambió la versión

El pasado mes de diciembre, Laura Borràs convoca a la Mesa porque ya no se puede parar que todo se haga público. Cambia el sistema y lo reduce de cinco años a solo tres. Pero se trata de derechos adquiridos. Cuando el escándalo estalla y una parte de los beneficiados, ahora considerados tan traidores como Trapero, quedan al descubierto, Borràs se ve obligada a rectificar para no acabar linchada en su propio reino: las redes sociales. Nueva reunión ya en 2022 en la que se acuerda que habrá un encuentro con los representantes de los trabajadores del Parlament para negociar la retirada de este derecho adquirido. También se encarga a los letrados que propongan una salida legal. Es decir, los mismos que generaron el problema y se beneficiaron de él ahora deben encontrar una salida.

El ajuste de cuentas está hecho. Pero no hay una verdadera intención de cambio. La Generalitat no va a impulsar una ley que someta al Parlament a los criterios de transparencia del resto de la función pública. Tampoco se va a modificar la excepción de que la Sindicatura de Cuentas deje al margen de sus inspecciones al Parlament y sus grupos parlamentarios. Se sigue sin saber el sueldo de la actual secretaria, Esther Andreu. La voluntad es que la opacidad continúe. De casta le viene al galgo, sea este galgo o podenco. Quedan, eso sí, las disculpas de Rufián. Algo es algo.