Cuatro miembros de la Mesa del Parlament de 2017, inhabilitados durante 20 meses

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado a 20 meses de inhabilitación a cuatro miembros de la Mesa del Parlament de la pasada legislatura por desobediencia, delito en el que incurrieron al ignorar los avisos del Tribunal Constitucional y tramitar las llamadas leyes de desconexión con las que el Govern intentó dar una cobertura legal al 'procés'. Los condenados son Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó, quienes también tendrán que pagar multas de 30.000 euros y un 10% de las costas del juicio.

La causa contra los miembros de la Mesa llegó al TSJC después de que el Supremo la desgajara del proceso contra la expresidenta de la cámara, Carme Forcadell, y el resto de líderes independentistas. El juicio se celebró el pasado julio y se sentó en el banquillo, entre otros, a los ahora condenados: los exvicepresidentes de la Mesa, Lluís Corominas y Lluís Guinó, la exsecretaria primera Anna Simó y la exsecretaria cuarta Ramona Barrufet. Salvo Simó, que militaba en ERC, el resto hacía lo propio en el PDeCAT.

Todos ellos estaban acusados de permitir que la cámara catalana debatiera resoluciones a favor de un referéndum pese a que el Constitucional les había advertido de su obligación de impedirlo. Como subraya la sentencia, los cuatro incurrieron en un delito de desobediencia al no "impedir u obstaculizar el cumplimiento de lo que se ordena en la resolución judicial" y tramitar, entre otras normas, la ley del referéndum y de transitoriedad jurídica, que se votó el 6 y 7 de septiembre de 2017, y la resolución de la declaración de independencia del 27 de octubre de ese mismo año.

El tribunal absuelve por el contrario a la exdiputada de la CUP Mireia Boya, que también estaba acusada de desobediencia por impulsar la tramitación de dichas leyes. Según sostiene la sentencia, ella no fue advertida nominalmente por el Constitucional y, al no ser miembro de la Mesa del Parlament, "no ostentaba una posición de intervención" en la tramitación de las resoluciones.

La decisión afecta de forma indirecta a la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, que también fue procesada por desobediencia al no atender los mandatos del Constitucional y, a diferencia de su compañera Boya, optó por fugarse a Suiza: “Somos conscientes también de que lo se decida respecto de ella [Boya] podría tener consecuencias respecto de otros procesados que se hallaban en una situación similar y que por ahora se encuentran en rebeldía pendientes de ser juzgados", deja caer el TSJC en su sentencia.

En cuanto a Joan Josep Nuet, que en aquella época ejercía como diputado autonómico de Catalunya Sí que es Pot y como secretario tercero del Parlament, el juicio contra él está pendiente de celebrarse en el Supremo por su condición de aforado: en las últimas elecciones generales fue elegido diputado en el Congreso en las listas de Esquerra Republicana y, por tanto, no tuvo que sentarse en el banquillo del TSJC.

El TSJC echa por tierra sus argumentos

Durante la celebración del juicio, los acusados se escudaron en su supuesta "inviolabilidad parlamentaria" y defendieron que la acusación solo buscaba "la criminalización de unos hechos de naturaleza política". Frente a estos argumentos, el TSJC se muestra tajante y apunta a que la inviolabilidad parlamentaria "debe decaer [...] cuando el diputado actúa fuera o al margen del ejercicio de las competencias y de las funciones que le pudieran corresponder como parlamentario".

Para reforzar esta idea, el TSJC subraya que "la exclusión de la inviolabilidad parlamentaria en estos casos no violenta la autonomía parlamentaria", pues "esta no puede erigirse en razón para soslayar el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional". En la misma línea, descarta que suspender el pleno del Parlament del 9 octubre 2017 supusiera una vulneración del derecho de reunión, enmarcando la medida en la situación que se vivía en aquel momento en Cataluña: "Persiguió varios de los objetivos [...], en particular el mantenimiento de la seguridad pública, la protección del orden y la protección de los derechos y libertades de terceros".