Boya (CUP), sobre el 20-S: "Hubo ratos divertidos, pusimos música y bailamos"

Semana política en el juicio del 'procés' coincidiendo con el primer tramo de la campaña del 26-M. El tribunal escuchó este lunes a la exdiputada de la CUP Mireia Boya, acusada de desobediencia e integración en organización criminal en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde se remitió el procedimiento para la mayoría de los miembros de la Mesa de ese Parlament que dirigía Carme Forcadell. Pese a todo, decidió declarar. Quiso ponderar el ambiente divertido de la concentración del 20 de septiembre. Si Gabriel Rufián destacó que incluso fue a merendar, la de la CUP quiso poner de manifiesto que hasta bailó.

"Hay imágenes y vídeos incluso divertidos en los que, a la hora de comer, sacamos un equipo de música para que la gente se animara. Se ve a las cuatro diputadas de la CUP bailando la canción de Txarango", explicó sobre lo ocurrido ese día frente a la sede de la CUP."La situación era totalmente anormal en un contexto de democracia", indicó respecto a los registros de la operación Anubis, que la empujaron a manifestarse también a la puerta de la Conselleria de Economía junto a miles de personas. "Defendíamos el derecho a votar el 1 de octubre, un derecho fundamental", quiso destacar. "Todo eran cánticos en positivo sobre la opción de poder votar". "La gente, entusiasta, nos daba apoyo".

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"Ustedes decidieron separar la causa en dos", indicó la de la CUP en su arranque, en respuesta a Manuel Marchena, que le preguntaba sobre si ha sido procesada alguna vez, como se hace con todos los testigos. El interrogatorio, conducido por la defensa de Cuixart, comenzó con su participación en la concentración del 20 de septiembre, jornada que para ella comenzó en el departamento de Exteriores, después pasó a la sede de la CUP y finalizó en la Conselleria de Economía: "Poco a poco se fue concentrando más gente". Se apoyó con unas notas a lo largo de todo su testimonio. "El ambiente era festivo", dijo, como ya han hecho otros muchos antes que ella.

Admitió también que tuvo un papel fundamental en la iniciativa de que, al día siguiente, se organizara una nueva protesta. No compartían la idea de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart de acabar con la manifestación. "Fueron Jordi Sànchez y Jordi Cuixart los que nos hicieron la propuesta de desconvocar la manifestación. Porque a medida que pasa la noche sobre todo la gente joven bebe alcohol. Tanto Eulàlia Reguant como yo en un primer momento nos opusimos porque no somos nadie para desconvocar", dijo. "Al final entendimos que sí había una alternativa y la gente podía continuar protestando al día siguiente, entendíamos que no iba a acabar con la entrada y registro de la Conselleria, la gente necesitaba tener la posibilidad de seguir protestando", precisó.

Los coches de la Guardia Civil

Manifestó que cuando había manifestantes "más entusiastas" de lo adecuado, se les llamaba la atención. Dijo también que se dirigieron a ellos al pensar que serían "ideológicamente más cercanos" a la CUP. Como su "estatura" no les dejaba ver, decidieron subir al techo de los vehículos de la Guardia Civil. Desde ese "atril" lanzaron mensajes de apoyo a la no violencia para recordar que la actitud debía ser "pacífica".

Lo describió así. "¿Usted y Reguant suben a un vehículo de la Guardia Civil?", preguntó la abogada Marina Roig. Y Boya se explayó: "Eso fue poco después de llegar. Había tanta gente que había como dos sectores: los de delante de la conselleria y los de cerca del escenario donde cargos electos y líderes de organizaciones daban mensajes. El equipo de megafonía del escenario no llegaba a toda la gente, no escuchaban lo que estaban diciendo miembros de distintos partidos y organizaciones sociales. En la zona de arriba, tirando hacia la calle Diputación, había quizá un grupo de gente más joven que debía llevar todo el día ahí y que estaba protestando de una manera más entusiasta. Nosotros consideramos que era importante repetir todos los mensajes de actitud no violenta, de ejercer el derecho a manifestarte de la forma que nosotros estratégicamente habíamos apostado por ella, que era de no violencia".

Los líderes de la ANC y Òmnium les pidieron ayuda: "Como era un grupo de gente joven, creo que vinieron Jordi Cuixart y Jordi Sànchez a decirnos a Eulàlia Reguant y a mí: 'Son gente joven, seguramente sean votantes de vuestro partido o conectaréis mejor que si lo hacemos nosotros'. Consideraron que eran más cercanos ideológicamente y nos pidieron que les recordáramos las bases de la desobediencia civil no violenta", incidió. "El inicio de mis palabras fue un poco más en clave humorística. Para que no se animaran todavía más al vernos subidas en un vehículo: 'Ya sé que a muchos de vosotros os encantaría estar subidos a un patrol de la Guardia Civil, bueno, yo tengo la suerte de poderlo hacer, pero lo hago para recordaros que estamos ejerciendo nuestro derecho a protesta y siempre lo debemos hacer desde la no violencia'", lanzó desde el techo del vehículo.

Esteve, el director de los servicios jurídicos

Antes de la exdiputada, continuaron declarando votantes del 1-O. Un funcionario interino de la Generalitat ofreció su visión seguido por una administrativo. Hablaron de "autogobierno". "Había un silencio que rompía el alma", aseguró María del Pilar Rodríguez para describir el momento en el que los ciudadanos agrupados en su centro de votación vieron llegar a los agentes de la Guardia Civil. "Utilizaron las porras", agregó. Un tercer testigo, jubilado, se refirió a la pareja de Mossos que acudió al colegio donde él votó. "Había un binomio de mossos que estaba con el coche patrulla aparcado en el cruce. Intentaron entrar y no pudieron ante la acumulación de gente", indicó.

El actual director de los servicios jurídicos de la Generalitat, Francesc Esteve, quiso en su turno poner de manifiesto que no recibió ninguna orden por parte de Jordi Turull para que se obstaculizara la labor judicial. Siempre recibió instrucciones precisamente en sentido contrario. "Me dijo que se facilitara la colaboración en todo momento ante los registros que estaban sucediendo", destacó.

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La Fiscalía puso el foco en si advirtió a los 'consellers' sobre la ilegalidad que implicaban sus actos. "Los miembros del Govern tenían un requerimiento personal del Tribunal Constitucional", argumentó Esteve. La fiscal Consuelo Madrigal volvió una y otra vez a la carga, ante lo que Marchena tuvo que intervenir: "Por favor, formule otra pregunta". En la misma línea, el presidente del tribunal recordó al testigo que, como investigado, podía evitar responder a ciertas cuestiones. Pero Esteve se mantuvo firme y mantuvo en todo momento la misma versión: "La función de los abogados de la Generalitat es de carácter consultivo. Nadie se dirigió a mí para que elaborara un informe sobre la convocatoria o no del referéndum".

El Ministerio Público cambió de tercio y centró el interrogatorio en la campaña de registro de catalanes en el exterior, la campaña "Civisme", y la emisión de anuncios sobre el 1-O. Pero tampoco logró poner contra las cuerdas al testigo. "La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals emitió un presupuesto que fue aceptado", lanzó Madrigal. "No me han informado", respondió Esteve. Ante la insistencia de la fiscal, el testigo desarrolló su respuesta: "Las facturas llegaron a finales del 2017 mediante correo electrónico y no a través de la plataforma electrónica de gestión y en enero volvieron a requerir el pago", explicó. El mensaje era claro: no se gastó dinero público en la promoción del 1-O.

Pero la abogada del Estado, Rosa María Seoane, insistió después en la posible malversación llegado su turno, consiguiendo entonces abrir una fisura en el muro de Esteve: reconoció que la revisión del gabinete jurídico era de carácter "formal" y no "material". "La emisión de los anuncios no lo fue en detrimento de otros privados", aseguró el testigo. "El nivel de saturación de publicidad en aquel entonces había disminuido mucho", añadió. Seaone preguntó también si Turull le indicó que garantizasen la actuación policial el 20-S: "Me lo dijo de forma verbal el 20 de septiembre por la mañana, cuando nos vimos en el Palau de la Generalitat", argumentó de nuevo Esteve.

Después compareció Mercè Corretja Torrens, directora general de Contratación Pública de la Generalitat de Cataluña desde enero de 2016. Mantuvo la misma postura que Esteve, pero Marchena tuvo que intervenir para que no alargara sus respuestas con aspectos que carecen de interés. "Señor letrado, formule otra pregunta, por favor, que nos alivie de todo lo que es una explicación muy valiosa, pero que es de clarísimo contenido jurídico sobre cómo se tramita un expediente. Pregunte en relación a expedientes concretos si lo considera oportuno", advirtió el magistrado. Minutos después, Marchena cortó otra vez a la testigo para repetir el mismo aviso: "No es necesario, no es necesario... Es muy valiosa su explicación pero es que...".

La comparecencia de Corretja dejó además un curioso cruce entre ella y la fiscal Madrigal, que puso sobre la mesa la versión de otros testigos que comparecieron antes que la directora de Contratación Pública: la idea de que se firmaron contratos a nombre de Òmnium para el referéndum cuando la que se comprometía al pago era en realidad la propia Generalitat, estrategia que habría conseguido ocultar así el gasto de dinero público. "Me parecería bastante increíble", argumentó Corretja. "Sí, sí que lo es", le respondió Madrigal. "En realidad me parece inimaginable", zanjó entonces la testigo. Tanto con la fiscal como la abogada del Estado, Marchena tuvo que insistir en que se limitaran a hacer preguntas: "Por favor, evite la conclusión".