EL RODILLO SECESIONISTA APLASTA A LA OPOSICIÓN

La nueva ley de ruptura catalana otorga inmunidad al ‘president’ y a su Govern

la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República es la ley que dinamita la legalidad vigente. Y, de hecho, va más allá: dinamita la democracia y la separación de poderes

Foto:  El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (c), acompañado por los miembros de la Mesa durante la declaración institucional tras la firma de la convocatoria del referéndum. (EFE)
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (c), acompañado por los miembros de la Mesa durante la declaración institucional tras la firma de la convocatoria del referéndum. (EFE)

El Parlamento catalán vivió este jueves otra jornada surrealista con la aprobación de la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República —con 71 votos a favor, 10 en contra y ninguna abstención—, el texto legal que pretende sustituir a la Constitución y al Estatuto de Autonomía, actualmente vigentes. Se trataría, pues, de la ley que dinamita la legalidad vigente. Y de hecho, va más allá: dinamita la democracia y dinamita la separación de poderes. Pero a pesar de su importancia, los independentistas la han querido aprobar, como ya hicieron con la ley del referéndum, con nocturnidad y alevosía, sin permitir que la oposición la debatiese en el pleno, sin aceptar enmiendas y sin permitir que se puedan pedir los dictámenes obligatorios a los órganos consultivos. En resumen: una chapuza jurídica y, sobre todo, democrática, que se ha consumado con la publicación de la norma este viernes en el Diario Oficial de la Generalitat (Dogc).

Para Marta Rovira, portavoz de Junts pel Sí (JxS), uno de los grupos parlamentarios que la apoyan (el otro es la CUP), la norma tiene como objetivo “garantizar que el referéndum sea claramente vinculante”. Y con una especificidad notable: “Es una ley que solo entrará en vigor si los partidarios del sí ganan el referéndum. Es decir, que hoy [por este jueves] proponemos tramitarla y, si acaso, aprobarla, pero no tendrá ningún efecto jurídico por ahora, tal y como prevé la propia norma”.

Igual que pasó con la ley del referéndum, los independentistas hicieron valer su mayoría parlamentaria para suprimir los derechos de los restantes diputados a un debate parlamentario del texto y vetaron que puedan solicitar los preceptivos y obligatorios dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), lo que jurídicamente es una anomalía antidemocrática de primera magnitud.

En la petición de alteración del orden del día para aprobarla por sorpresa, Marta Rovira aseguró que la ley servirá para “garantizar que, tanto si gana el no como si gana el sí en el referéndum, habrá un marco legal, es decir, que habrá seguridad jurídica”. Esa afirmación no es más que una incongruencia, ya que ella misma reconocía a renglón seguido que “si gana el no, está muy claro lo que pasará, que todo quedará igual”. Reconoció la portavoz de JxS, no obstante, que esta ley “supera claramente el marco estatutario y el marco constitucional”, por lo que su grupo no admite que tenga que solicitar los dictámenes legales del CGE.

Más desafiante fue incluso la portavoz de la CUP, Anna Gabriel, que reconoció que llevan la ley al pleno conscientes “de la advertencia que ya ha hecho la Fiscalía General del Estado dirigiéndose o advirtiendo a determinados miembros de la Mesa del Parlament y del Gobierno”. La portavoz anticapitalista habló de “persecución política, judicial y represiva”, y terminó endureciendo sus posicionamientos: “Más comprometidos que nunca con el referéndum convocado; más comprometidos que nunca con este trayecto que no va de ley a ley (...) sino que va de legalidad intervenida a la legitimidad querida”.

La norma suprema

Pero eso no quita que la redacción del texto legal aprobado sea una auténtica chapuza que dinamita la separación de poderes y que ningún Estado mínimamente democrático y avanzado querría asumir. En su exposición de motivos, el texto aprobado reconoce que servirá para que, una vez proclamada la independencia de Cataluña, no haya vacíos legales y que la transición hacia la nueva república “se haga de manera ordenada y gradual y con plena seguridad jurídica”. La ley establece que Cataluña “se constituye en una República de derecho, democrática y social” y que “mientras no sea aprobada la Constitución de la República, la presente Ley es la norma suprema del ordenamiento jurídico catalán”.

La ley regula el “proceso constituyente”, que constará de tres fases sucesivas: “Una primera, de proceso participativo [para elaborar las bases de la nueva constitución]; una segunda, de elecciones constituyentes y elaboración de una propuesta de Constitución por parte de la Asamblea Constituyente [que sería el nombre provisional del Parlament y que tendría que aprobar esa constitución con los tres quintos de sus miembros a favor], y una tercera, de ratificación de la Constitución por medio de un referéndum”.

Dinamita la separación de poderes

Además de establecer un nuevo sistema electoral catalán, crea un poder judicial catalán específico, transformando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el nuevo Tribunal Supremo de Cataluña, creando al mismo tiempo una Sala Superior de Garantías que oficiaría de Tribunal Constitucional. Recalca, no obstante, que el poder judicial ha de funcionar de manera coordinada con el poder ejecutivo, por lo que se inventa una comisión mixta formada paritariamente por el Supremo y el Gobierno, con lo que dinamita la separación de poderes.

Por si fuera poco, mientras el fiscal general es nombrado por el Parlamento, el presidente del Supremo será nombrado directamente por el presidente de la Generalitat. En justa correspondencia, solo este Tribunal Supremo puede encausar al presidente de la Generalitat. En otras palabras: yo te nombro y solo tú puedes imputarme. Por si fuera poco, el ‘president’ y los miembros de su Gobierno tendrán inmunidad y solo pueden ser imputados en caso de un delito flagrante. Además, la comisión mixta, cuyo vicepresidente será el consejero de Justicia, será la encargada de participar “en los procesos selectivos de jueces y magistrados” o de proponer los nombramientos de los presidentes de las salas del Supremo y de los presidentes de la audiencias provinciales, entre otras cuestiones. El diputado de JxS Lluís Llach ya lo decía hace unos años: ‘No és això, companys, no és això’ (no es esto, compañeros, no es esto). Lástima que nadie, ni él mismo, haya aprendido la lección.

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