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Un proceso "participativo de base ciudadana" para elaborar la Constitución catalana
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Un proceso "participativo de base ciudadana" para elaborar la Constitución catalana

La hoja de ruta para elaborar la Constitución de la República catalana se desarrolla en el borrador la Ley de Transitoriedad Jurídica

Foto: Miembros del Govern momentos antes de participar en un acto de compromiso con el referéndum este 1 de julio. (EFE)
Miembros del Govern momentos antes de participar en un acto de compromiso con el referéndum este 1 de julio. (EFE)

La Generalitat de Cataluña propone redactar y aprobar la hipotética Constitución de la República catalana mediante un proceso "participativo de base ciudadana", según informa este lunes el diario El País, que ha tenido acceso al borrador de la Ley de Transitoriedad Jurídica (LTJ). De esta manera, tras el el referéndum por la independencia del 1 de octubre comenzaría un periodo de seis meses en el que se plantearía un debate asambleario y social sobre la Constitución, después se celebrarían unas elecciones constituyentes y finalmente se redactaría un documento que debería ser ratificado por la "Asamblea constituyente". En el caso de que esta institución diese luz verde al texto, se convocaría otro referéndum y nuevas elecciones para conseguir la aprobación definitiva.

El proceso que se va a seguir para elaborar la Constitución de la República catalana se desarrolla en el borrador la Ley de Transitoriedad Jurídica, redactada por la secretaria general y número dos de ERC, Marta Rovira, y por el presidente del Grupo Parlamentario de Junts pel Sí y miembro de la dirección del PDeCat, Jordi Turull. El objetivo de dicha ley es el de funcionar como hoja de ruta del proceso independentista y se planea presentarla oficialmente a mediados de julio. Por el momento, cuenta con siete títulos y 71 artículos, destacando en este sentido el título VII, que ha sido el último en añadirse y explica cómo va a organizarse el llamado proceso constituyente.

De esta manera, el Govern pretende activar un periodo “de base ciudadana, transversal, participativa y vinculante, con el objetivo de redactar y aprobar la Constitución de la República” en el caso de que el resultado del referéndum del próximo 1 de octubre sea favorable a la independencia. Una etapa que, según se explica en el texto, duraría unos seis meses y contaría con tres fases: “Una primera, de proceso participativo; una segunda, de elecciones constituyentes y de elaboración de una propuesta de Constitución por parte de la Asamblea constituyente; y una tercera, de ratificación de la Constitución por medio de un referéndum”.

Destaca en este sentido la idea de crear un “Foro Social constituyente formado por representantes de la sociedad civil y de los partidos políticos”, cuyo objetivo sería formular y resolver “un conjunto de preguntas sobre los principios y cuestiones generales de la futura Constitución”, dando así lugar a una serie de conclusiones que se considerarían “un mandato que vincula políticamente la Asamblea constituyente, la cual los articula jurídicamente y, si hace falta, los armoniza y sistematiza”.

Se trata, por tanto, de un proyecto que recuerda al que anunció el pasado mayo Nicolás Maduro para Venezuela, ya que en aquella ocasión el presidente también dijo que el 30 de julio se convocaría una Asamblea Constituyente que "estará por encima de la ley" y cuyo objetivo será reformar el Estado. "Qué país más difícil de entender: te acuestas nazi y te despiertas bolivariano. Quizá para comer ya seremos norcoreanos", tuiteaba la mañana de este lunes Puigdemont, respondiendo así a los expertos que relacionan su proyecto con el de Venezuela.

Invoca al derecho de autodeterminación

Los grupos de Junts pel Sí y la CUP invocan además en el borrador a los acuerdos de la Asamblea General de la ONU reconociendo "el derecho de los pueblos a la autodeterminación" ratificados por España, así como dictámenes del Tribunal de la Haya para convocar el referéndum del 1 de octubre. Estos argumentos figuran en la "exposición de motivos" del borrador de la ley, al que han tenido acceso La Vanguardia y Catalunya Radio, junto a los tres primeros artículos de la misma.

En el preámbulo de la ley se alega que los Pactos sobre Derechos Civiles y Políticos y sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales, aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1966, fueron ratificados y están en vigor en España desde su publicación en el BOE en 1977, y que en ellos se reconoce "el derecho de los pueblos a la autodeterminación como el primero de los derechos humanos".

También recuerda que la propia Constitución española determina en su artículo 96 que los tratados internacionales ratificados por España "forman parte de su ordenamiento interno". Apela también a dictámenes recientes del Tribunal internacional de justicia de La Haya en los que se indica que el derecho a decidir de los pueblos ha evolucionado a lo largo del siglo XX, tras el fin de la era del imperialismo, y que la única limitación a su ejercicio es el recurso ilícito a la fuerza u otras violaciones graves del derecho internacional.

La exposición de motivos añade que la elaboración de esta ley responde a un "acto de soberanía" que es "la opción necesaria para poder ejercer el derecho de los catalanes a decidir el futuro político de Cataluña, especialmente después de la ruptura del pacto constitucional español de 1978 que representa la anulación parcial y la completa desnaturalización del Estatut de Cataluña del año 2006".

  • El artículo 1 de la ley regula la celebración del referéndum, sus consecuencias en función de cuál sea el resultado y la creación de la Sindicatura Electoral de Cataluña, organismo que actuará como Junta Electoral, nombrada por el Parlament, y que estará formada por juristas.
  • El artículo 2 afirma que el pueblo de Cataluña es un "sujeto político soberano" y como tal "ejerce el derecho a decidir libre y democráticamente su condición política".
  • Por su parte, el artículo 3 destaca que esta ley prevalece jerárquicamente sobre todas aquellas normas que puedan entrar en conflicto con ella, y que también ampara a "todas aquellas autoridades, personas y empresas que participen directa o indirectamente" en la preparación y celebración del referéndum.

De este modo, los partidos soberanistas tienen previsto aprobar dos leyes en el Parlament, la del referéndum y la de transitoriedad jurídica, que regularía el escenario político en Cataluña en caso de ganar el "sí" a la independencia. Si ganase el "no", la previsión es convocar elecciones autonómicas de forma inmediata.

La Generalitat de Cataluña propone redactar y aprobar la hipotética Constitución de la República catalana mediante un proceso "participativo de base ciudadana", según informa este lunes el diario El País, que ha tenido acceso al borrador de la Ley de Transitoriedad Jurídica (LTJ). De esta manera, tras el el referéndum por la independencia del 1 de octubre comenzaría un periodo de seis meses en el que se plantearía un debate asambleario y social sobre la Constitución, después se celebrarían unas elecciones constituyentes y finalmente se redactaría un documento que debería ser ratificado por la "Asamblea constituyente". En el caso de que esta institución diese luz verde al texto, se convocaría otro referéndum y nuevas elecciones para conseguir la aprobación definitiva.

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