El Parlament rechaza acatar la decisión del Tribunal Supremo sobre el futuro de Torra

El pleno del Parlament ha rechazado una propuesta de resolución impulsada por Ciudadanos (Cs) que pedía que la cámara catalana acatase la decisión del Tribunal Supremo (TS) sobre la eventual inhabilitación del 'president' de la Generalitat, Quim Torra.

Ciudadanos, PPC y PSC han sido los únicos en votar a favor de respetar la sentencia del TS, mientras que los comunes se han abstenido y los partidos del Govern y la CUP han votado en contra. "El Parlamento de Cataluña reitera que el Poder Ejecutivo (encarnado por el presidente de la Generalitat, el Govern y los funcionarios a su servicio) y el Poder Legislativo (por los diputados al Parlamento de Cataluña y la Administración parlamentaria) están obligados a cumplir las resoluciones judiciales", decía el texto rechazado.

Y proseguía: "Y, por tanto, deben acatar las resoluciones que dicte el Tribunal Supremo en relación con el asunto por el que ha sido encausado el Sr. Quim Torra, y cumplir los efectos jurídicos que se deriven de ella".

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También ha sido rechazada otra propuesta de la formación naranja que pedía que la cámara catalana, en caso de inhabilitación de Torra, ponga "en marcha rápidamente los trámites legales que conduzcan a la elección de un nuevo presidente de la Generalitat" en el caso de que el 'president', "como ha expresado él mismo en declaraciones públicas reiteradamente, intente obstruir el desarrollo normal de las instituciones".

En rueda de prensa, el presidente del grupo de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, advirtió ya este jueves al presidente de la cámara, Roger Torrent, que en el caso de que Torra sea inhabilitado él tendrá la "llave" para que no se lleve a cabo un bloqueo institucional si se atrinchera en el cargo.

Carrizosa ha pedido a Torrent que cumpla las provisiones legales si Torra es inhabilitado, como la convocatoria en diez días de un pleno para investir a otro candidato y que así corra el plazo previsto para, en su caso, que se disuelva el Parlament y se convoquen elecciones autonómicas.

"No siempre ha cumplido la ley en el pasado", recordó Carrizosa sobre Torrent, quien ha señalado que no dudará como en el pasado en tomar "acciones legales" contra el presidente de la cámara catalana para exigir que se acate la normativa.

La sombra de la inhabilitación

Por su parte, el propio Torrent ha dado por hecho que desbloqueará la cuenta atrás hacia una convocatoria electoral en Cataluña si el presidente de la Generalitat es inhabilitado y no hay un candidato alternativo a la investidura.

Si Torra fuese inhabilitado, se abriría un periodo de diez días, según marca la ley de la Presidencia de la Generalitat, en el que el presidente del Parlament, tras consultar a los grupos parlamentarios, debe proponer un candidato a la investidura.

Torra ha pedido explícitamente a JxCAT que no trate de investir a ningún sustituto, porque cree que significaría bajar la cabeza ante el Supremo

Sin embargo, Torra ha pedido explícitamente a su grupo, JxCAT, que no trate de investir a ningún sustituto, porque eso significaría a su juicio bajar la cabeza ante el Supremo. Pero esa postura, sumada a su negativa a convocar elecciones antes de que pueda ser inhabilitado, puede dejar al Govern en una situación de interinidad durante meses, con un bloqueo institucional temido por ERC.

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La investidura de un presidente alternativo desencallaría la situación, e incluso una investidura fallida (en la que el candidato no obtuviese los apoyos suficientes) también permitiría un desbloqueo porque activaría la cuenta atrás de dos meses para investir a un 'president' y, consumido ese plazo sin éxito, celebrar automáticamente nuevas elecciones 54 días después. Pero si no hay investidura, ni efectiva ni fallida, Torrent tiene previsto activar igualmente la cuenta atrás de dos meses, con la comunicación solemne de que no hay candidato alternativo.

"La ley es muy clara en este sentido", ha asegurado Torrent en una entrevista al programa 'L'hemicicle', de Catalunya Informació. Llegado el caso, Torrent esgrimiría el informe que en 2018, tras la investidura fallida de Carles Puigdemont, emitieron los letrados del Parlament, en el que concluían que si la legislatura seguía encallada, el presidente de la cámara catalana podía activar la cuenta atrás de dos meses para no prolongar el bloqueo político