De TV3 a la sindicatura de Cuentas, Junts y ERC usan las instituciones en sus zancadillas

El miércoles pasado, todos los grupos de la oposición —Ciudadanos, PSC, Comunes y PP— firmaron un escrito conjunto de queja al presidente del Parlament, Roger Torrent, "porque en las sesiones de control al Gobierno, el 'president' de la Generalitat, Quim Torra, en vez de responder a sus oponentes, se dedica a hacer declaraciones políticas de defensa de sus postulados". Horas antes, Torra se había negado a responder a una pregunta del PP, como es su obligación, y había lanzado un mitin político en defensa de su amiga Laura Borràs, de dos activistas de los CDR y de los miembros de la anterior Mesa del Parlament. Todos ellos estaban declarando ante la justicia en aquellos momentos.

Torra desairaba así a toda la oposición ante la mirada cómplice de Roger Torrent. Esa situación de supremacía política practicada por el independentismo comienza a hacer mella en los partidos rivales. La oposición no independentista critica que si Jordi Pujol buscó y logró que muchos ciudadanos confundiesen a Cataluña son su persona y, a la postre, con su proyecto y su partido, el nuevo independentismo pretende que la ciudadanía confunda su proyecto separatista con Cataluña.

TE PUEDE INTERESAR

Concentraciones de apoyo en el inicio del juicio a la Mesa del Parlament por el 1-O

EFE

"El independentismo practica un patrimonialismo destructivo. Se lo están cargando todo. JxCAT se cree que Cataluña es su cortijo mientras sus socios miran para Cuenca. Pero si esto ocurre es porque ERC se lo permite y la CUP lo aplaude. Hasta que les roben la cartera, claro", señala un diputado de la oposición.

El actual equipo directivo de la Generalitat y, más concretamente, Junts per Catalunya (JxCAT), la formación que lidera Carles Puigdemont se ha convertido en el poder fáctico más importante de Cataluña. "Sus decisiones rozan a veces el paternalismo y a veces el despotismo, pero la nota común es la utilización desvergonzada de las instituciones y de sus mecanismos, puestas al servicio de unos intereses partidistas. El independentismo confunde la parte con el todo y justifica sus acciones y sus iniciativas en aras de intereses superiores al servicio de una patria que considera oprimida", subraya este diputado.

Baja calidad democrática

Esta semana, tras la trifulca en el Parlament a causa del mitin político de Torra, ocurrió otro episodio controvertido: desde la cuenta oficial del Govern, se emitió un mensaje de apoyo a la portavoz de JxCAT en el Congreso, Laura Borràs, que debía declarar ante el Tribunal Supremo por los presuntos delitos de prevaricación, fraude, falsedad documental y malversación de caudales durante su gestión al frente de la Institución de las Letras Catalanas (ILC). ¿Puede un Gobierno, desde su cuenta oficial, defender a un reo cuyo caso está siendo investigado por los jueces? Según la oposición, no debería. "Es una defensa de parte. La cuenta oficial de un Gobierno no puede servir nunca para defender a un diputado del partido de ese Gobierno. Eso es un abuso de poder y una utilización fraudulenta de una cuenta oficial para apoyar un posicionamiento partidista. Que lo haga JxCAT desde su cuenta oficial es comprensible, pero no que lo haga un Gobierno", acusan desde la oposición.

TE PUEDE INTERESAR

Puigdemont abre ciclo político en Cataluña con su partido y el 1-O como única ideología

A. Fernández. Barcelona

David Mejía, diputado de Ciudadanos, subraya que "la utilización de las cuentas oficiales del Govern para fines partidistas, lamentablemente, es recurrente y denota que hay muy baja calidad democrática en Cataluña. Pero la utilización de las instituciones y de sus herramientas para hacer propaganda es un tema constante. El caso de la defensa de Laura Borràs es el más reciente, pero ¿qué hace JxCAT? Pues coloca a sus amigos al frente de las instituciones o crea chiringuitos y los utiliza para crear un relato político. Parece que este modo de proceder se ha normalizado, pero en una democracia plena esto no debería de ocurrir".

El jueves de la semana pasada, el director de la ILC, Oriol Ponsatí-Murlà, sucesor de Borràs al frente de este organismo, acusó a la Sindicatura de Cuentas de ser un órgano que emite dictámenes políticos. El directivo compareció en la comisión parlamentaria de la Sindicatura de Cuentas y realizó un ataque frontal contra sus miembros, acusándolos poco menos que de falsificar las cuentas de la ILC. Pasaba por alto que la Sindicatura es un órgano independiente y que el informe al que se refería, a pesar de haber sido redactado por el síndico Jordi Pons, fue aprobado por la unanimidad de sus miembros. Pons fue nombrado síndico a instancias de ERC, aunque quien le ha puesto en la diana es, precisamente, un hombre vinculado a JxCAT.

Causa general contra España

El espectáculo tuvo el colofón de que algunos de los grupos independentistas llegaron a hablar de que los aparatos del Estado han desatado una 'guerra sucia' contra el independentismo —pese a que la Sindicatura de Cuentas no es un órgano del Gobierno central—. Los grupos independentistas de la Cámara catalana sacaron a relucir una supuesta persecución contra el independentismo hasta el punto de desfigurar el objeto de debate.

En la fiscalización del organismo que preside Ponsatí-Murlà, la Sindicatura encontró troceamiento de contratos, los que llevaron a Laura Borràs ante el Supremo. El abogado de Borràs, Gonzalo Boye, celebró el texto de la Sindicatura porque afirmaba que la exculpaba, ya que no había denunciado el fraccionamiento de contratos en el juzgado. En realidad, el informe señala que troceó contratos para no tener que sacar a concurso.

En el informe, se habla de que en la época durante la que era directora Laura Borràs el propio Ponsatí-Murlà recibió algunos contratos reiterados que podrían considerarse sospechosos: periódicamente era nombrado comisario de determinados eventos y se le recompensaba generosamente con fondos públicos. En la comisión parlamentaria, sin embargo, el directivo terminó acusando a la Sindicatura de trocear ella misma sus contratos y negando que la ILC hubiese cometido ninguna irregularidad, subrayando además que la Sindicatura no tuvo en cuenta las alegaciones de la entidad fiscalizada.

Tras el ataque frontal, Jordi Pons pidió al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y a la consejera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, que desautorizasen a Oriol Ponsatí-Murlà por cuestionar a la institución. Se dolía el síndico de que algunas de las alegaciones que la ILC hacía al informe "tienen alguna frase que es tan ofensiva como vomitiva" y recordaba que los informes de la Sindicatura son fiscalizadores, no investigaciones judiciales. "No corresponde a la Sindicatura, sino a los tribunales, determinar si una conducta es constitutiva de delito", recordó.

No hubo respuesta. Sí la hubo, no obstante, por parte del resto de grupos: el PSC ya ha pedido de nuevo la comparecencia de Ponsatí-Murlà en la misma comisión, aunque ERC la vetó de momento. "Aquí se está atacando a una institución desde otra. No deben olvidar que la Sindicatura es un órgano estatutario y que no es del Gobierno español, sino que depende del Parlament de Cataluña", afirman desde las filas socialistas.

La apuesta en la CCMA

En el caso de los medios de comunicación también se ha dejado sentir el 'poderío' de JxCAT, aunque esta semana se llevó un sonoro batacazo. La historia deja entrever, además, una lucha sorda entre los posconvergentes y los republicanos por el control de parcelas de poder. Si Ponsatí-Murlà arremetía contra el síndico propuesto por ERC, en el caso de se vivió otra 'aventura' similar: de nuevo, JxCAT intentó acorralar a Esquerra.

TE PUEDE INTERESAR

La periodista Mònica Terribas deja 'El Matí de Catalunya Radio' tras siete años al frente

Efe

La periodista estrella, Mònica Terribas, anunció la pasada semana que la próxima temporada no seguirá al frente del programa más escuchado de la radio pública, 'El matí de Catalunya Ràdio'. Las razones que dio fueron problemas internos, apuntando hacia el director de la emisora, Saül Gordillo. Inmediatamente, Núria Llorach, directora en funciones de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), de quien dependen los medios públicos, propuso el cese de Gordillo por falta de confianza. Tradicionalmente, los posconvergentes y los republicanos se han repartido el poder en los medios públicos de la siguiente manera: La dirección de TV3, para uno, pero con la dirección de los informativos para el otro partido; y en Catalunya Ràdio, justamente lo contrario. Así, se garantiza un 'equilibrio' político dentro de estas instituciones.

Llorach, próxima a JxCAT, vio la posibilidad de poder destituir a Gordillo, más próximo a ERC, y llevó el tema a una reunión extraordinaria del consejo de gobierno. Pero la "pérdida grave de confianza" no fue ratificada por la mayoría de ese consejo. Los posconvergentes avisan a los republicanos de esta manera que van a plantar batalla dura porque las elecciones se avecinan. "El de los medios de comunicación es uno de los ejemplos más claros de la utilización partidista de las instituciones de la Administración por parte del independentismo y, sobre todo, de la antigua Convergència. Nosotros siempre hemos denunciado la instrumentalización de la tele y la radio públicas para ponerlas al servicio de una causa concreta, pero ahora se visualiza muy claramente esa utilización", recalca David Mejía.

En materia de luchas intestinas, pues, es cierto que JxCAT ha practicado un control férreo de las instituciones, en ocasiones, defendiendo a cara de perro sus parcelas frente a ERC. El reparto de poder es cruento a veces, pero también sagrado. Y, a la hora de la verdad, cierran filas unos con otros para que la oposición se encuentre siempre en inferioridad de condiciones frente a los partidos independentistas. Entre bomberos no se pisan las mangueras.