Dimisiones en la 'caja de solidaridad' independentista por la gestión de los fondos

La tensión ha llegado a la 'caja de solidaridad' del independentismo. Las últimas comparecencias públicas relacionadas con este órgano que controlan la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural han corrido a cargo de Josep Cruanyes, que había sido vicepresidente de la primera entidad. Ni rastro de sus responsables hasta hace pocas semanas, los expresidentes del Parlament Núria de Gispert y Ernest Benach, con los que el primero había comparecido en otras ocasiones. Según ha podido conocer El Confidencial, la salida de Gispert de esta estructura 'indepe' ha sido abrupta, con carta de dimisión incluida. Benach, por su parte, se ha distanciado de la gestión de la caja en los últimos meses.

Las fuentes apuntan a que las tensiones internas entre los bloques soberanistas fueron las que provocaron el cese de los anteriores responsables de la administración de los fondos. En este sentido, importantes sectores independentistas han criticado la gestión del dinero aduciendo que el grueso de lo recaudado se ha ido hacia los políticos de alto nivel, dejando desatendidos a muchos “de los 3.000 represaliados”, entre los que hay activistas, cargos locales o simples ciudadanos. Otros sectores, sin embargo, critican que se haya utilizado para avalar fianzas y multas, y apuestan por usar el dinero para otras cuestiones que no tengan que ver con la Justicia, sino con la resistencia ante el Estado. Se tendría que dedicar, pues, a acciones políticas de desgaste.

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Pero el principal reproche es el del destino final que se ha dado a los fondos hasta el momento: entre las facciones ‘indepes’, se habla directamente de “uso privilegiado para unos” mientras que otros tienen que asumir las multas que les imponen los tribunales. O, por decirlo de otro modo, acusan a los responsables de la 'caja de resistencia' de “trato de privilegio”. Una parte de la tensión sufrida se produjo por el llamado caso Jordi Sànchez: su defensa costó más de 75.000 euros. La cuestión es que el político es ahora secretario general de JxCAT y desde algunos sectores se han levantado voces de protesta, aunque en realidad la condena del dirigente fue por hechos ocurridos cuando era todavía presidente de la ANC.

Josep Cruanyes, actual presidente de la Caja, ha reconocido a El Confidencial que De Gispert y Benach “pidieron ser relevados de sus cargos, después de estar al frente de la entidad desde su creación”. Pero rechaza que haya reparto privilegiado de fondos desde la entidad que preside. El activista soberanista señala a este diario que desde la Caja “no se actúa con ninguna discriminación, porque no es de nadie y es de todos. Nos debemos a la gente que hace las aportaciones. Una prueba de ello es que ya hemos ayudado a más de 600 personas y, evidentemente, no todos eran altos cargos o miembros del Govern. En estos momentos, tenemos todavía unos 100 casos por resolver”.

En el caso de la defensa de políticos o altos cargos, por su parte, señala que, hasta ahora, no se han asumido gastos de defensa de políticos, ya que lo han hecho sus propias organizaciones. En el caso de los líderes cívicos, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, esos gastos fueron finalmente asumidos por sus respectivas entidades, ANC y Òmnium Cultural, respectivamente. En cambio, subraya Cruanyes que en alguna ocasión sí se asumieron gastos de defensa de personas acusadas que no tenían una organización detrás que las pudiese ayudar. Pero muchas de las defensas se llevan desde una red de despachos de abogados que trabajan gratuitamente para los encausados en asuntos que tienen que ver con la independencia. Esos despachos están repartidos por todo el territorio catalán.

Reclamación al Juzgado número 13

El propio Cruanyes compareció este martes por la tarde ante los medios de comunicación flanqueado por la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, y el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri. También tomaron la palabra el director del Diplocat (el organismo que se encargaba de las relaciones exteriores de la Generalitat) entre 2013 y 2017, Albert Royo, y el activista Francisco Garrobo. Cruanyes admitió que la 'caja de solidaridad' tiene en estos momentos unos 400.000 euros en efectivo, insuficientes para hacer frente a los 5,4 millones de euros que reclama el Tribunal de Cuentas para la cuarentena de ex altos cargos de la Generalitat. Tal y como publicó este diario, desde principios de año, con estos fondos se ha ayudado a 80 activistas a pagar multas y fianzas, y desde su creación, ya se ha respaldado a más de 600 personas. En total, se han gastado 13,4 millones en avales de responsabilidad civil y libertades, y 640.000 euros en defensas y sanciones.

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La entidad, además, presentó este martes un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona para que le devuelva los cuatro millones de euros que depositó a finales del año pasado. Estos fondos tenían por objeto responder por las responsabilidades civiles de 32 ex altos cargos por los preparativos del referéndum del 1 de octubre de 2017. También se entregó ante el Tribunal de Cuentas una cantidad similar y por el mismo concepto.

La petición de la 'caja de solidaridad' se debe a que, tras las elecciones del 14-F, dos de los encausados, los republicanos Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, pasaron a ser aforados al ser elegidos diputados. Cuando su caso pasó al Tribunal Superior de Justicia, este exigió sus respectivas fianzas, pero sus abogados alegaron que ya estaban depositadas en el Tribunal de Cuentas. Tras una consulta a este último organismo, los jueces desistieron de exigir una nueva imposición y por eso la 'caja de solidaridad' pide al Juzgado de Instrucción que haga lo mismo y que devuelva los fondos.

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En caso de hacerlo, la 'caja de solidaridad' pasaría a tener, de repente, casi 4,5 millones. “Nos faltaría poco más de un millón para completar las fianzas de 5,4 millones que exige ahora el Tribunal de Cuentas”, subrayó Cruanyes. Así, en caso de desactivarse el fondo complementario de riesgos que piensa abrir el Govern para garantizar los avales, el independentismo podría hacer frente a las peticiones administrativas que pesan sobre la cabeza de 34 dirigentes, entre los que se encuentran los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, así como Oriol Junqueras, Andreu Mas-Colell y otros ex altos cargos de la Generalitat. Todos los dirigentes ‘indepes’ reconocen que la maniobra del Ejecutivo autonómico para crear el fondo complementario les permite “ganar tiempo e ir llenando la caja para el momento en que, si hay condenas, haya que pagar". "Estamos convencidos de que en un plazo de dos o tres años se acabará ejecutando el embargo de los bienes de los acusados”, apuntan las mismas fuentes.