Varias querellas criminales acechan a los concejales de Ada Colau

El Ayuntamiento de Barcelona está pasando una delicada situación jurídica: tres de sus concejales tienen querellas criminales interpuestas y algunos de los asuntos pueden acabar en condenas. La teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad, Janet Sanz, el concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Eloi Badia ,y la concejal de Movilidad, Rosa Alarcón (los tres de la misma área), son los que tienen problemas con la justicia. Si los problemas se acumularon durante la anterior legislatura, en la nueva etapa del consistorio, se han agravado. En algunos casos, la prepotencia del equipo de gobierno lleva a desencuentros graves con las entidades cívicas, lo que provoca, a la postre, que se tomen medidas drásticas.

La compañía barcelonesa London Private Company, propietaria de la Casa Buenos Aires, en Vallvidrera, se querelló contra Janet Sanz por los presuntos delitos de prevaricación, omisión de la obligación de perseguir delitos y obstrucción a la justicia. El tema es que el edificio del antiguo hotel Buenos Aires, en la zona alta de la ciudad, fue okupado y el Ayuntamiento modificó el Plan General Metropolitano para obligar a construir en el inmueble pisos dotacionales. Para el consistorio, se siguieron todos los protocolos y las normas legales para dicha modificación. Para los propietarios, se han cometido graves delitos, ya que denegó la licencia de hotel pero el Ayuntamiento puede hacer negocio con él.

Desde la oposición, se exige a Ada Colau que cese a Janet Sanz porque el código ético de los comunes prevé que ante la imputación de uno de sus cargos éste debe cesar en sus funciones. Pero fuentes cercanas a Janet Sanz explican a El Confidencial que “no es que se trate de un proyecto del Ayuntamiento, sino que en el pleno municipal fue aprobado por amplísima mayoría absoluta”.

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Los propietarios originales de la finca eran los Pares Paüls, una congregación religiosa que utilizaba el edificio como residencia de ancianos (con el nombre de Llar Betània), pero en 2019 firmó un contrato de preventa con la empresa citada, propiedad del empresario Néstor Francisco Bautista, que tiene un pequeño emporio de edificios diseminados por la capital catalana, para convertir el edificio en un hotel de lujo. En 2012, la residencia quedó deshabitada y en 2019 un grupo de okupas tomó posesión de las instalaciones. El pasado 28 de octubre, el inmueble fue desalojado por los Mossos d’Esquadra. ERC, JxCat, la CUP y los comunes llevaron el tema al Parlament y pidieron que la cámara aprobase una resolución para “mostrar su compromiso con la función social de la Casa Buenos Aires” y se opusiese al desahucio.

37 alojamientos dotacionales

El concejal de Derechos de Ciudadanía y Participación, Marc Serra, no pudo por menos que criticar ácidamente “la vergüenza y el cinismo” de JxCat y ERC, que por un lado apoyaban a los okupas y, por otro, “envían antidisturbios para desalojar con violencia”. Aseguró Serra que era “absurdo” enviar a la Policía porque el edificio iba a ser expropiado por el Ayuntamiento. Los ocupantes contaban también con el apoyo de las asociaciones de vecinos. Pero para Jordi Martí (JxCat), el cinismo y la impostura son del equipo de gobierno municipal, que hizo del desalojo “una cortina de humo para tapar el fracaso de la operación”. “Menos cinismo e hipocresía y más inversiones en los barrios donde no la votan”, acusó Martí a la alcaldesa.

El pasado 12 de noviembre, se llevó a la comisión de gobierno del consistorio la modificación del PGM para poder iniciar los trámites de expropiación “que implicaría la protección del edificio”. De momento, según el acta de la reunión del distrito a la que ha tenido acceso El Confidencial, no hay orden de derribo. El 27 de noviembre, el pleno del Ayuntamiento acordó aprobar provisionalmente los cambios.

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Un power point realizado por los técnicos municipales explica que la modificación del PGM afecta a una parcela de 3.922,44 metros cuadrados, que tiene una superficie de edificabilidad de 1.897 metros que corresponden al actual edificio más 1.045 metros cuadrados de nueva edificación. Lo que pretende el Ayuntamiento es “que el suelo se convierta en terreno de titularidad pública”. El cambio de calificación ha de pasar al “sistema de equipamientos comunitarios” y la catalogación del edificio existente se considera “digna de ser protegida”.

En el antiguo hotel Buenos Aires, el Ayuntamiento quiere construir 37 alojamientos dotacionales. Además, “el bosque existente tiene un alto valor ambiental” y se blindará una parte del terreno para evitar que las edificaciones invadan el terreno de la naturaleza. El actual edificio pasará a formar parte del catálogo de patrimonio.

Intereses ocultos

Según el Ayuntamiento, en el distrito de Sarrià “sólo hay 209 viviendas de alquiler por debajo del precio del mercado, un 0,37%, lejos del 15% que se tendría que destinar a políticas sociales, según lo que indica la Ley de Vivienda”. De los nuevos alojamientos, 17 serán para personas mayores y corresponderán a la nueva construcción, que también tendrá un equipamiento de barrio en la planta baja. Los restantes 20 pisos serán para jóvenes.

El edificio de Casa Buenos Aires nació como fonda en 1885 y fue reformado entre 1908 y 1909, pasando a convertirse en un gran hotel. Hasta su okupación, el hotel conservaba su aspecto y sus acabados originales, pero tras su uso por colectivos antisistema, acabó con destrozos en su interior, además de algunas zonas con evidente degradación. La obra modernista costará a las arcas públicas, de momento, unos 3,5 millones de euros.

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Desde fuentes cercanas a los propietarios se deja caer que algún colectivo del ámbito de los comunes puede estar detrás de la recalificación del terreno y del pelotazo municipal. Y recuerdan que la cooperativa Sostre Cívic intentó comprar el edificio por 2 millones de euros en el año 2017, a lo que se opusieron sus entones dueños, los Pares Paüls. Además, en un principio, el Ayuntamiento dio luz verde al derribo de la actual construcción y al levantamiento de un hotel con 150 habitaciones. El proyecto también tenía el visto bueno de la Generalitat. Pero de repente, el edificio fue okupado y el consistorio de Ada Colau decidió expropiarlo por las bravas. Durante el año 2020, los propietarios no dejaron de negociar con el consistorio, pero en cada comunicación, los planteamientos municipales, según aseguran, cambiaban, por lo que decidieron, al final, presentar una querella contra la teniente de alcalde.

Desde el entorno de Sanz se afirma a El Confidencial que “el impulso de la modificación del PGM aprobada expresa el interés general de que el antiguo hotel Buenos Aires sea un equipamiento público para el barrio. Cuenta con todos los informes jurídicos pertinentes que justifican esta calificación y la posterior adquisición por parte del Ayuntamiento, según el precio justo que fije el órgano jurídico competente”. Eso es lo que dirá Sanz cuando sea llamada a declarar por los tribunales. De hecho, no es la primera querella que recibe, pues un grupo hotelero la demandó al no conceder una licencia urbanística para abrir un establecimiento en la anterior legislatura, pero los tribunales archivaron la denuncia. Fue lo que se llama una “querella a la catalana”, destinada más a presionar y amedrentar que a intentar ganar un pleito en los tribunales.

El concejal al que todo le sale mal

El concejal Eloi Badia es otro de los que está en el epicentro de otros grandes escándalos. Recientemente, fue acusado de inacción tras denunciarse dos graves casos de acoso sexual y laboral en Parques y Jardines, un área que depende de él. El asunto se zanjó con el ascenso del acusado de acoso, a pesar de haber sido condenado judicialmente el pasado mes de diciembre (y el Ayuntamiento condenado también a pagar a cada una de las afectadas 15.000 euros). En el último pleno, donde se realizó un agrio debate sobre el tema, Badia brilló por su ausencia, mientras a las puertas del Ayuntamiento decenas de trabajadores municipales se manifestaban contra el concejal, pidiendo su cese.

Pocos días después, Badia recibía una querella por prevaricación y delito medioambiental interpuesta por la Asociación de Vecinos de Vallcarca-Penitents, que también implica a Gerard Capó, gerente del Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación (IMHAB). El trato altanero y desdeñoso del concejal para con las asociaciones cívicas tiene mucho que ver en ese nuevo desencuentro de Badia con la ciudadanía. El concejal ya dio que hablar a poco de entrar en el Ayuntamiento y fichar a su novia veinteañera como asesora con un salario de más de 51.000 euros. Luego, fue el responsable del área correspondiente cuando se derrumbaron varias decenas de nichos en el cementerio de Montjuïc, tras lo que acabaron mezclándose los restos de todos los cadáveres.

Fue denunciado por ese asunto, pero finalmente se desestimó la querella. Intentó una operación de remunicipalización del agua que salió mal, utilizando incluso a plataformas en las que él había militado. Pero perdió en los tribunales todos los pleitos y recursos que interpuso contra la gestión del agua de Barcelona. Incluso el Supremo avaló la sociedad mixta que gestiona el suministro. Mas tarde, quiso hacerse con el control de los entierros creando una funeraria pública a partir de Serveis Funeraris de Barcelona (SFB), que al final fue vendida sin que se plasmase el proyecto. En otras palabras: ni una sola de sus iniciativas salió bien.

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Ahora, el Ayuntamiento quiere construir 400 pisos en la zona verde de los Jardines del Doctor Comas y 34 viviendas sociales en el parque de la confluencia de la avenida Vallcarca con la carretera de la Arrabassada, que los vecinos quieren conservar como zona verde. Denuncia la asociación de vecinos que el Ayuntamiento no dialoga con ellos. “Vergüenza os tendrías que dar que el concejal de Emergencia climática y Ecológica permita la construcción de zonas verdes que tanta falta nos hacen. Eso sí, con mentiras y decisiones tomadas sin consultar con el barrio”, acusaron por Twitter los responsables de la asociación de vecinos. Tras el no diálogo, la asociación decidió tomar una decisión drástica: interponer una querella.

Desde el Ayuntamiento se asegura a este diario que el distrito de Gràcia (aunque son el concejal Badia, su responsable) se reunió en 4 ocasiones con los vecinos para hablar del proyecto, que “se circunscribe estrictamente a la parcela calificada como viviendas dotaciones y mantiene libre la parcela adyacente, calificada como parque”. Subrayan, además, que la parcela municipal donde se construirán las viviendas “forman parte de la reserva de suelo para equipamientos desde 1995, cuando se aprobó la modificación del PGM en torno a la ronda de Dalt. Al consistorio, además, no llegó todavía notificación alguna de la querella.

El problema es que esos parques son de las pocas zonas verdes del barrio y son unos terrenos muy utilizados por el vecindario. Además, todos afirman que se enteraron de los proyectos del Ayuntamiento hace pocos meses, cuando técnicos municipales se desplazaron al lugar para realizar prospecciones geológicas. Las reuniones en el distrito, sin embargo, comenzaron en noviembre de 2019, por lo que algunos sí sabían qué se cocía. Los vecinos aducen que, si el Ayuntamiento quiere más vivienda pública en el barrio, puede comprar edificios de segunda mano y rehabilitarlos.

El ‘milagro’ de las motos

También la concejal Rosa Alarcón (junto al gerente adjunto de Movilidad e Infraestructura, Manuel Valdés) tiene problemas legales, ya que está siendo investigada tras la querella de la empresa Global Mobitily Sharing por presunta prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. El motivo es la permisividad municipal con las licencias de alquiler de motos. Los denunciantes acusan a la concejal de beneficiar a determinadas empresas del sector de la movilidad personal. Según la querella, Ecooltra y Acciona han operado desde 2016 de forma fraudulenta “gracias a la actuación de determinados empleados públicos del Ayuntamiento de Barcelona que les han permitido circular y aparcar sus vehículos eléctricos sin exigirles licencias y sin pagar las tasas por la ocupación lucrativa de las calles de Barcelona”. Paralelamente, el Ayuntamiento sí sancionaba y retiraba de las calles los vehículos de otras empresas de sharing, como las de los patinetes eléctricos, por no tener licencias, a pesar de estar en la misma situación que Ecooltra, Acciona, Yego y Movo.

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Por si fuera poco, la compañía denunciante asegura que el consistorio permite que las empresas mencionadas operen con un número de licencias superior a las adjudicadas y que, en último extremo, amplió las licencias para motos compartidas en 3.000 sólo para “blanquear ese fraude”. Sobre este asunto, la sociedad Tucycle Bikesharing presentó una demanda admitida por un juzgado barcelonés, que también admitió medidas cautelarísimas.

La líder de Ciudadanos en el consistorio, Luz Guilarte, pidió a finales de febrero que Sanz y Alarcón (la querella de Badia no se conocía todavía) fuesen apartadas de sus funciones hasta que se esclarezcan los hechos por los que se las acusa.